Fin de las jubilaciones de privilegio: por decreto, nadie podrá cobrar más de tres mil pesos

Abarca a más de 300 jubilados de privilegio. Rige a partir del 1 de Agosto. El Estado tiene un déficit mensual de un millón de pesos para financiar estas erogaciones. Con el recorte previsto, sólo se tocaría al dos por ciento de los jubilados misioneros y se ahorraría más de tres millones al año [su_note note_color=»#cdcdcd»]Debate. Más allá que nadie se atreve a rechazar un tope a las jubilaciones de privilegio, varios legisladores discuten la constitucionalidad del decreto enviado por Rovira.[/su_note]El gobernador Carlos Rovira envió a la Cámara de Diputados un «decreto de necesidad y urgencia» para ponerle un tope de 3000 pesos a las jubilaciones de privilegio que percibían ex magistrados, ex diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo. La norma tiene vigencia desde el 1 de Agosto pasado, por lo que, en teoría, ya los abuelos adinerados recibirán el recorte. Más allá de la conveniencia económica y política de ponerle un tope a las jubilaciones, la decisión de Rovira abrió otro campo de discusión: el decreto de necesidad y urgencia -tomará estado parlamentario el jueves- es una figura que no existe en la Constitución provincial, por lo que podría dar pie a juicios contra el Estado, aunque esté amparado por la ley 3775 de Déficit Cero, que prohíbe amparos contra la provincia. En el decreto se establece que las jubilaciones vigentes y futuras, no podrán ser mayores de 15 haberes mínimos valuados en 200 pesos. Fija como haber máximo neto para los beneficios de jubilación, pensión o retiros, la suma de 3000 pesos. En la provincia hay 267 jubilados de privilegio que cobran por el Instituto de Previsión Social más de 3000 pesos – 1.073.057,03 pesos por mes- y otros nueve ex diputados, que perciben sus jugosas jubilaciones directamente de la Cámara, sin haber cumplido el tiempo mínimo en el cargo y le cuestan al Estado más de 500 mil pesos al año. Con el recorte previsto, sólo se tocaría al dos por ciento de los jubilados misioneros y se ahorraría más de tres millones al año. Con el decreto, el gobernador cumple con una promesa formulada el 26 de enero, cuando la Nación anunciaba su intención de recortar las jubilaciones de privilegio. Mucho tiempo pasó y el proyecto encontró algunas resistencias por parte de los mismos diputados. El decreto argumenta la «urgencia» en que ante la crisis económica «difícilmente se pudieran cumplir con premura con el tratamiento parlamentario» y la «necesidad» de buscar una solución a «la grave crisis económica por la que atraviesa la provincia que hace «imposible satisfacer el interés individual de los que se encuentran en situación de privilegio, cuando debe prevalecer el interés general». Un dato importante que aporta el texto de la norma es que, según información del Instituto de Previsión Social, el déficit que generan las jubilaciones de privilegio a cargo de la provincia es de un millón de pesos mensuales. El decreto de «Necesidad y Urgencia» fue emitido ante la ausencia de recursos económico financieros para afrontar el déficit, inclusive el mes de agosto, que arrojan los regímenes privilegiados y que deben ser soportados por los contribuyentes provinciales, ya que los recursos provienen de Rentas Generales.