La audiencia se pactó para mañana a las 18:00. El subsecretario de Trabajo dijo que no envió la notificación porque se dilataría la conformación de la mesa hasta el viernes. Los representantes docentes desconocen la potestad negociadora de los asesores del CGE y exigen la presencia del presidente de ese organismo y del ministro Tschirsch. ATE pidió que se convoque al secretario de Hacienda y al gobernador por la patronal. El argumento es que «son los únicos con los que se puede discutir la derogación de la ley provincial 3775″ [su_note note_color=»#cdcdcd»]Lozina sostuvo que hubo diversos planteos por parte de los gremios, que piden que se decrete la medida de no innovar, entendiendo que esta debe alcanzar a la derogación o suspensión de la ley 3775 "esos planteos los tengo que resolver formalmente, previo[/su_note]El subsecretario de Trabajo había anunciado la semana pasada que recibiría a los gremios que conforman la intersindical en conjunto, pero como no notificó al gobierno esta mañana solo estuvieron representantes de educación que asistieron a la cita pautada en un principio con la UDPM. Los gremialistas habían solicitado la unificación del expediente el viernes a última hora y hoy concurrieron para reunirse como intersindical pero como se encontraron con que no había representantes de la patronal para dialogar acordaron, después de más de tres horas de discusiones, pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 18:00. Hasta ese momento Lozina deberá resolver los planteos de los sindicalistas en relación a la representatividad de los enviados del gobierno, que se decrete la medida de no innovar para que se retrotraiga la medida ya que consideran que hay que derogar la ley 3775 y un recurso de revocatoria de la conciliación presentado por ATE. Mientras tanto, Lozina aseguró que las actividades de los trabajadores se deben desarrollar normalmente porque «yo no tengo ninguna comunicación de huelga de ningún gremio» y confirmó que esta tarde a las 18:00 concurrirá a la audiencia de conciliación la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y mañana el Sindicato Argentino de Docentes Privados «ya que estos tienen una problemática específica». LOS GREMIOS EXIGEN LA PRESENCIA DE NEGOCIADORES CON PODER DE DESICIÓN El reclamo de los gremialistas se centró en que Esteban Lozina «dijo públicamente que nos iba a recibir a todo el mundo, lo que significa a nosotros como gremio y a las patronales de cada gremio», como señaló Juan Kujundzik del SADOP. Por otra parte, los sindicalistas docentes reclamaron que el ministerio de Educación no mandó representantes con poder de decisión y desconocieron capacidad negociadora a Juan Carlos Agulla y Antonio San Martín, asesores legales del Consejo General de Educación. La delegada de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), María Pletsch, expresó que «es una falta de respeto hacia los trabajadores que no hayan venido los representantes de la patronal. El Consejo General de Educación ha enviado a sus asesores, no tienen ningún poder de decisión, así que tendrían que venir el presidente del Consejo y el ministro de Educación como representante del Ejecutivo». Señaló también que «exigimos la representación política con el suficiente poder de decisión» y agregó que «las autoridades han determinado que los docentes reinicien sus actividades y paulatinamente se está reestableciendo el servicio, pero es una simple suspensión, no se ha levantado la huelga». Por su parte Juan Pasamán y Mariana Lescafette (ATE), ante la ausencia de negociadores de la patronal de los gremios que representan, presentaron un recurso en el que plantearon la revocatoria de la conciliación obligatoria. Lozina deberá decidir sobre la aplicación del mismo después de correr vistas a todas las partes y una vez que estas le contesten. Si la parte docente acepta adherirse al recurso, «voy a tener que correr el traslado a todas las partes del mismo, y resolver después que se me contesta el recurso. Eso va a significar unos días más», agregó. Con respecto a si tiene facultades para pedirle al gobierno que levante la ley de ajuste 3775, Lozina dijo que «eso es lo que tengo que examinar, si tengo facultades, y cual es el alcance de las mismas». Lozina sostuvo que hubo diversos planteos por parte de los gremios, que piden que se decrete la medida de no innovar, entendiendo que esta debe alcanzar a la derogación o suspensión de la ley 3775 «esos planteos los tengo que resolver formalmente, previo dictamen jurídico, y después por medio de una disposición». Juan Pasamán, explicó que ATE presentó la revocatoria a la conciliación porque «se cuestiona el marco de la convocatoria que fue unilateral» y porque además exigen que se incluya en la discusión «la derogación de la ley provincial 3775 y el pago íntegro de los haberes de julio, agosto y septiembre». En ese sentido, otra exigencia que se plasmó en el documento que presentaron a Lozina es que «por la parte patronal concurran el secretario de Hacienda el gobernador Rovira, que son los únicos interlocutores válidos par discutir la derogación de la ley», remató el dirigente.







