Los embargos a la coparticipación de las provincias traban un acuerdo con la Nación

Esa sería la principal traba para que los gobernadores acepten un recorte en la coparticipación. Es que los recursos ya están podados por los acreedores, que se cobran directamente. La Nación propone repartir el impuesto al cheque [su_note note_color=»#cdcdcd»]Misiones tiene cerca del 40 por ciento de la coparticipación comprometida por préstamos tomados[/su_note]Con una expectativa conservadora en materia de recaudación tributaria, el Gobierno nacional necesita lograr ahorros adicionales de $900 M hasta fin de año, ya que las reformas de la ANSES y PAMI, junto con el recorte de 13% en estatales y jubilaciones, no alcanzan para el objetivo del déficit cero, tal como quedó explicitado en la carta de intención elevada al FMI el viernes pasado. La salida de la recesión de más de tres años depende de que no haya dudas acerca de la capacidad de la Argentina de cumplir ese compromiso. A su vez, un clima de cooperación entre el Gobierno nacional y las provincias haría muy factible ese escenario. Ante esa evidencia, las tasas de interés de mediano y largo plazo caerían más rápidamente, con lo que la recaudación impositiva respondería por encima de lo previsto. Así, habría más instrumentos para llegar al déficit cero, porque recortes superiores a 13% en salarios y la contribución de las provincias a cerrar la brecha fiscal serían complementos puntuales y no traumáticos para ese logro. El problema está en que, campaña electoral de por medio, ese ambiente cooperativo todavía no se vislumbra. Es que la crisis financiera no sólo ha venido afectando la recaudación del IVA. También ha contribuido a enrarecer las negociaciones entre la Nación y las provincias, porque ha achicado significativamente la caja de los gobernadores. La responsabilidad de que esto ocurra es exclusivamente de las jurisdicciones provinciales, pero políticamente les resulta difícil reconocerlo. Pese a que la Nación, a un costo significativo, ha estado garantizando el piso de $1.364 M mensuales acordado en el último pacto fiscal, las provincias reciben cada vez menos efectivo. Esta contradicción viene del hecho que se ha cedido la coparticipación en garantía y los acreedores se cobran automáticamente, antes que los recursos lleguen a los tesoros de cada jurisdicción. Las provincias más grandes, con importante participación de impuestos locales en sus ingresos, sufren doblemente, porque lo que perciben por Ingresos Brutos está cayendo más que el IVA. El déficit fiscal previo, una política de endeudamiento mal diseñada y el comportamiento de la recaudación propia han hecho que muchas gobernaciones se asfixiaran financieramente. Esto explica la proliferación de bonos regionales y, aún así, de atrasos en los pagos a proveedores y empleados públicos, pese a que la Nación ha cumplido con la garantía. Cuestión financiera En esas condiciones, la negociación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores es mucho más una cuestión financiera que un asunto fiscal. Para poder esperar un eventual aporte de las provincias al compromiso con el FMI, habrá que resolver el problema de las elevadas retenciones a las transferencias de la Nación. Con una coparticipación embargada, ningún Estado del interior podrá ceder nada a favor del déficit cero. Por supuesto que para aspirar a un estiramiento de los plazos de sus deudas y un abaratamiento de los costos financieros las provincias más afectadas deberán hacer esfuerzos propios para recuperar el crédito perdido. Esto implica austeridad en el gasto y medidas efectivas para mejorar sus recaudaciones. Como se observa en el cuadro, el problema de las provincias no se soluciona con la sola promesa del Gobierno nacional de que habrá de seguir enviando religiosamente los $1.364 M por mes acordados en el pacto fiscal. De cada $100 enviados por la Nación en concepto de coparticipación federal de impuestos durante el año 2000, en promedio, llegaron a los tesoros provinciales unos $68. Esto porque los $32 restantes fueron retenidos en la fuente. El factor principal de esto ha sido el endeudamiento del conjunto de las jurisdicciones con el sistema bancario, dado que los créditos están garantizados con ese flujo de recursos. También alcanza a aquellas provincias que han transferido sus regímenes previsionales a la Nación, que financia parcialmente esos haberes con retenciones de coparticipación. Pero ese elemento es estable en el tiempo. Los desajustes fiscales y financieros de un buen número de administraciones se reflejan con nitidez en la evolución de las retenciones a lo largo de 2001. Con la crisis financiera, la cuenta de los embargos sobre los recursos de coparticipación creció vertiginosamente, mostrando no sólo los problemas de déficit, sino también las consecuencias negativas de un endeudamiento tomado a plazos relativamente cortos y a tasas de interés elevadas. De $68 que llegaron a las provincias por cada $100 depositados por la Nación en el 2000, la secuencia en lo que va de 2001 es desalentadora. Hasta mayo, aún con mermas, las provincias pudieron hacer caja por, al menos, dos tercios de los giros de coparticipación. Pero en junio recibieron $48 y en julio sólo $47 de lo que les correspondía. Por supuesto que en este comportamiento influye significativamente el deterioro de la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. Pero también han sufrido más embargos de los rutinarios un grupo importante de jurisdicciones. Aun así, otro bloque relevante ha logrado mantener una situación financiera relativamente holgada, caso de Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa y Córdoba, con fracciones pequeñas de coparticipación afectada por retenciones. El tema es que con una coparticipación que llega por menos de la mitad de lo que transfiere la Nación, los números difícilmente cierren en el consolidado de todas las provincias. Basta hacer unos pocos cálculos. Hay que tener en cuenta que los gastos en personal de los presupuestos provinciales suman $1.550 M por mes. A su vez, en promedio, la recaudación de impuestos provinciales aporta mensualmente unos $850 M, es decir, deja sin cubrir $700 M por mes de la partida de sueldos y salarios, que requiere de ingresos no tributarios de las provincias y, fundamentalmente, de la coparticipación. Pero si esas transferencias de la Nación llegan por menos de la mitad de lo que se envía, entonces no hay forma de encuadrar los números. El aumento de las retenciones de coparticipación, desde el promedio del año pasado a los guarismos de junio y julio, puede haber representado una merma en la caja del consolidado de provincias de unos $200 M mensuales (hay transferencias que no habrían sufrido estos embargos), que se estiran a $250 M si se incluye la disminución en la recaudación propia. En el límite Dada la estrechez de las finanzas de la mayoría de las jurisdicciones, esa cifra define el límite entre la cuasi normalidad y la crisis. Por eso, arreglos financieros que permitan estirar los vencimientos de deuda provincial y abaratar su costo son claves. Si las provincias pudieran volver a un nivel de retenciones del orden del 30%, entonces la recuperación de la caja perdida les permitiría -si hubiera voluntad política-, por ejemplo, cofinanciar con el Estado nacional sueldos de la Policía Federal o de los jubilados, y simultáneamente comenzar a ponerse al día con sus propios atrasos. La paradoja está en que la normalización financiera de las provincias depende de la recuperación del crédito por parte del sector público, hecho que está subordinado a que avance la percepción de que el Gobierno podrá cumplir a rajatabla con el régimen del déficit cero… el cual requiere de la existencia de un clima de colaboración entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores. El círculo podrá ser vicioso o virtuoso, y la dirección que tome dependerá en gran medida del tipo de iniciativas que adopten los dirigentes políticos que están al frente de las distintas jurisdicciones provinciales. Una apuesta al círculo virtuoso -basada en un fuerte compromiso por el déficit cero- despertaría la confianza de los inversores, externos y locales. Con eso, la normalización financiera podría darse en forma rápida, con caída de tasas de interés no sólo de cortísimo plazo sino de mediano y largo. En ese escenario, la última paradoja consiste en que los eventuales recortes al gasto público se minimizarían, porque la recaudación tributaria respondería más allá de las proyecciones conservadoras acordadas con el FMI.