Rovira anticipó que la provincia tendrá problemas si la Nación no manda fondos

El pago de sueldos depende de los fondos nacionales. Tampoco se enviarán los fondos correspondientes a los municipios. La Nación salió a tranquilizar a los gobernadores, pero solo calmó un poco a los aliancistas El gobernador Carlos Rovira anticipó que si la Nación no manda los fondos coparticipables en tiempo y forma, «la provincia tendrá problemas». Los problemas a los que se refiere son el cumplimiento del pago de sueldos y el envío de dinero a los municipios. A su regreso de Capital Federal luego de participar en la reunión de gobernadores justicialistas ratificó que se coincidió en el rechazo unánime al intento de recortar los fondos de coparticipación.El tema central del encuentro fue el planteo firme de no permitir que «se nos retenga o use desde la Nación estos fondos que son para cumplir con nuestras obligaciones, sin descartar el apoyo necesario a las políticas del Estado Nacional», aseguró. También se contempló hacer una consulta a la Corte Suprema para defender los intereses de Misiones, como así una acción legislativa para proteger lo que ya es una Ley, por lo tanto «dimos un respetuoso pero rotundo no a este intento de recortes».En cuanto al pago de los sueldos, el Gobernador especificó que la provincia cuenta con determinados recursos que son insuficientes, «por eso faltando dos días para finalizar el mes, me animo a decir que no van a mandar los recursos comprometidos, por lo tanto habrá inconvenientes», resaltó.Explicó que «estos inconvenientes significan trasladar la fecha normal de pago, cuando en Misiones siempre se ha honrado sus compromisos en términos, así que vamos a ver los compromisos en diferido, en función del envío de los fondos».No aceptar bonos como coparticipación, sí para aguinaldosSobre la posibilidad que la provincia utilice bonos, precisó que existe un decreto nacional estableciendo como fecha tope el 7 de septiembre, donde las provincias han sido convocadas para adherirse al mismo y donde se incluye como parte de pago la coparticipación, los bonos Lecop, «pero las 14 provincias decidimos no aceptar sino el peso que es lo corriente». Sin embargo, el secretario de Hacienda, Oscar Brizuela aseguró que se está estudiando la adhesión y que la prueba piloto en la provincia será el pago de aguinaldos a fin de año. Paradójicamente, Brizuela también había dicho que la Nación liberó fondos para la provincia, con lo que se garantizaba el pago de sueldos desde el 3 del próximo mes -el lunes-. Aparentemente, no consensuó el discurso con el gobernador, porque las versiones son totalmente distintas. PROMESAS NACIONALES Con la promesa de que no dispondrá uniteralmente recortes de fondos a las provincias, el Gobierno nacional salió a frenar la ofensiva política lanzada por los gobernadores del justicialismo, que decidieron unificar un discurso común con sus pares de la Alianza en rechazo a posibles modificaciomes en las transferencias garantizadas a sus distritos. El presidente Fernando de la Rúa convocó sorpresivamente ayer al mediodía a los gobernadores de la Alianza para darles su palabra de que la Nación no recortará el actual piso de la coparticipación y logró calmar las voces críticas de algunos mandatarios que ya analizaban seriamente la alternativa de cerrar filas con el PJ. Sin embargo, las garantías ofrecidas por De la Rúa no tranquilizaron las aguas entre los peronistas, que se mantuvieron firmes en la decisión de avanzar en los mecanismos para impedir que la Nación avance con una guadaña sobre sus fondos. Los gobernadores del PJ ya resolvieron que si en los primeros días de septiembre no reciben la correspondiente transferencia de coparticipación desplegarán una fuerte ofensiva legislativa que incluirá la amenaza de eliminar los superpoderes otorgados al ministro de Economía, Domingo Cavallo, y la presentación de un proyecto para hacer coparticipable el impuesto a las transacciones financieras. La estrategia del PJ también contempla la idea de impulsar una nueva ley de coparticipación sobre la base de que las provincias sean las encargadas de la recaudación impositiva y que coparticipen la parte que le corresponde a la Nación, una propuesta que forma parte de la plataforma electoral que el partido difundió esta tarde. Otras de las alternativas evaluadas por los peronistas son las de realizar un acto público en defensa de los intereses de las provincias o iniciar acciones judiciales contra la administración nacional ante la Corte Suprema de Justicia. Después de un encuentro mantenido anoche a puertas cerradas, los gobernadores de la oposición decidieron iniciar una ronda de contactos con sus pares de la Alianza para tratar de sumarlos a su estrategia. Según revelaron fuentes partidarias, el cordobés José Manuel de la Sota tomó contacto con sus pares Roberto Iglesias (Mendoza) y Angel Rozas (Chaco) con la intención de invitarlos a una reunión conjunta. Rozas e Iglesias intentaron llevar la propuesta de De la Sota al encuentro que mantuvieron con el resto de los mandatarios aliancistas, pero en medio de reunión recibieron una sorpresiva invitación de De la Rúa para juntarse a almorzar en la Casa Rosada, a dónde acudieron inmediatamente. Durante ese almuerzo, según dijeron los propios gobernadores, el presidente «garantizó» que se respetará la actual transferencia de recursos a las provincias y comentó que en el caso de que se produzca una brusca caída de la recaudación la Nación informará debidamente a las provincias para tratar de buscar una solución conjunta. Paralelamente a la aclaración de De la Rúa, el jefe de Gabinete, Christián Colombo, aseguró en el Congreso que Gobierno nacional «no dispondrá unilateralmente» recortes en los fondos de coparticipación, aunque advirtió también que «si la recaudación baja» se deberá renegociar un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias. Las promesas oficiales calmaron un poco los ánimos de los mandatarios de la Alianza, pero también provocaron algunas diferencias entre los que se muestran más partidarios de acompañar al Gobierno para evitar que se complique aún más la situación económica y los que no quieren ni oir hablar de recortes. En este último sector se encolumnan los gobernadores que comenzaron a tender puentes con sus pares del PJ y no descartan la alternativa de establecer mecanismos de acción conjunta. «No hay ninguna posibilidad de imponer recortes a las provincias. El Gobierno debe cumplir con la ley porque nosotros estamos haciendo ahorros y ajustes en las provincias y no podemos soportar que se nos recorten más fondos», senaló el mendocino Iglesias. Por su parte, Rozas mencionó que si bien no hay ningún encuentro acordado con el peronismo «existe la posibilidad» de que la reunión se concrete durante la próxima semana. Fuentes del PJ y la Alianza consultadas por Infosic aseguraron que en los contactos registrados entre mandatarios provinciales de las dos fuerzas hubo «varias coincidencias» respecto de los mecanismos que podrían impulsar conjuntamente para impedir recortes de la coparticipación. En ese sentido, los voceros expresaron que algunos aliancistas estarían dispuestos a acompañar la idea de coparticipar el impuesto a las transacciones financieras y que, otra de las posibilidades que evaluan, gira en torno a un reclamo a la Nación para que las provincias tengan representación en las negociaciones ante los organismos financieros internacionales.