Una pelea llena de intereses

La votación de una ley que permitirá a los municipios cobrar una nueva tasa del 2% sobre las empresas telefónicas —que se sancionó anoche— provocó un escándalo en el Senado, donde por varios minutos se vivió un clima de tensión: desde la barra se sugirió que las telefónicas pagaron sobornos a los que se opusieron. La ley establece que las telefónicas no podrán trasladarlo al usuario. «Eh, Yoma, ¿ya te llamaron de Telecom?», se escuchó desde el palco reservado al público, cuando el riojano Jorge Yoma fundamentaba su oposición al proyecto porque «crea un nuevo impuesto que las compañías trasladarán a los usuarios». —¿Quién gritó eso? ¡Solicito que la presidencia lo identifique y lo haga detener por la fuerza pública! —se enojó el riojano. El público estaba compuesto por intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que impulsó la ley. El presidente de la Cámara, Mario Losada, ordenó el desalojo de las tribunas, pero los presentes se mantuvieron inmóviles. Según comentaron después fuentes del Senado, el autor de la frase hiriente habría sido Oscar Dilandro, intendente de General Rodríguez. Dilandro cobra 9.800 pesos de sueldo, según denunció el Concejo Deliberante local. El jefe de bloque del PJ, José Luis Gioja, intentó bajar el tono de la ofensa, pero terminó por embarrar aún más el tema. «Le pido que sepa disculpar lo que dijo alguien sin querer ofender, debemos mantener la mejor relación con los intendentes», dijo. Esas palabras desataron la bronca del riojano. «No pueden defender el honor de este cuerpo quienes con tanta tibieza ejercen la representación de mi bloque y de la Cámara. Me siento avergonzado. No tienen el más mínimo decoro para defender el honor de este Senado», gritó. —Ya he ordenado…— alcanzó a decir Losada. —¡No crea que voy a tolerar semejante agravio! —insistió Yoma. —Yo no comparto ese agravio… —No se nota, presidente. —Ya pedí que se retiraran voluntariamente. —¡Mire qué pelota que le dieron! Después de repetir que se sentía «avergonzado», Yoma aceptó seguir. «Este pro yecto es una nueva transferencia de recursos desde los sectores populares a la burocracia política del Estado, justo cuando se habla de reducir el gasto político», acusó. Es que la ley, impulsada por los intendentes y apoyada por peronistas y radicales, permite que los municipios cobren tasas de hasta el 2% sobre la facturación anual bruta de las telefónicas. Varios de los oradores —entre ellos el miembro informante, Eduardo Angeloz— advirtieron sobre la posibilidad de que las empresas trasladen su nuevo costo como un aumento en las facturas. Angeloz, que votó a favor, también recordó que la nueva tasa es poco equilibrada y «acentuará una situación de desigualdad, porque beneficiará a los centros urbanos en contra del federalismo». Como la tasa se aplica sobre un porcentaje sobre las líneas telefónicas de cada distrito, dijo, a la Capital le corresponderán 38 millones, mientras que —por ejemplo— a Fiambalá, en la provincia de Catamarca, sólo $ 586. Fuente: Diario Clarín