Las provincias condicionan el debate por la coparticipación a una nueva distribución de impuestos

Más allá de las expresiones públicas de gobernadores oficialistas y opositores en rechazo a cualquier tipo de recorte de sus fondos, en la intimidad muchos de ellos comenzaron a evaluar posibles movimientos de cara a la «gran pelea» que, aseguran, implicará el debate de la nueva ley comprometida por la administración delarruista ante el FMI a cambio de la ayuda financiera. Temerosos de que el Gobierno avance con una guadaña sobre los fondos provinciales, los gobernadores de la oposición pusieron en marcha un discurso crítico contra la Nación por los millonarios recursos que denuncian haber cedido, mientras preparan un duro contraataque para condicionar la discusión de una nueva coparticipación federal. La estrategia que impulsan los mandatarios justicialistas apunta a que en el marco del debate por la coparticipación se discuta también una reforma del régimen impositivo y el rol a futuro del Estado nacional, en una velada amenaza a las presiones del Gobierno por meter mano en la plata de la provincias. Más allá de las expresiones públicas de gobernadores oficialistas y opositores en rechazo a cualquier tipo de recorte de sus fondos, en la intimidad muchos de ellos comenzaron a evaluar posibles movimientos de cara a la «gran pelea» que, aseguran, implicará el debate de la nueva ley comprometida por la administración delarruista ante el FMI a cambio de la ayuda financiera. El peronismo decidió privilegiar una línea de discurso dura hacia la Nación, en directa oposición hacia los planteos que buscan instalar en la opinión pública la idea de que las provincias «son las responsables de todos los males» del país. En ese marco se inscriben algunos informes conocidos en las últimas horas en los que las provincias denuncian haber cedido a manos de la Nación 26.400 millones de pesos entre 1992 y el 2000 y otros 670 millones en los siete primeros meses del 2001, sólo en partidas de fondos coparticipables. Los informes también hacen referencia a que las transferencias de recursos de la Nación a las provincias, que según la vieja ley de coparticipación debían ascender al 57 por ciento de la recaudación fiscal, fue modificándose en detrimento de estas últimas a partir de los Pactos Fiscales I y II. En el 2000, las provincias recibieron 14.725 millones de pesos, un 25 por ciento menos que los 19.199 millones que podrían haber percibido de seguir vigente la norma. De acuerdo con el último Pacto Fiscal suscripto en diciembre pasado, la Nación garantizó a las provincias el envío de un suma fija de 1.364 millones de pesos mesuales por coparticipación hasta fin del 2002. Entre los gobernadores hay un convencimiento generalizado de que, si se hubiese respetado la distribución de la vieja ley, esas tranferencias tendrían un piso seguro de 1.600 millones. La reforma constitucional de 1994 estableció que en el término de dos años el Gobierno nacional y los gobernadores debían acordar una nueva ley de coparticipación, que reemplace a la norma 23.548 sancionada en 1988. Sin embargo, fracasaron todas las negociaciones para tratar de llegar a un consenso. Algunas provincias, como el caso de Buenos Aires, es partidaria de avanzar en la discusión de un nuevo proyecto con la esperanza de obtener una porción mayor de la torta. Otros distritos, principalmente los más chicos y más afectados por la crisis económica y la recesión, no quieren ni oir hablar del tema y aspira a mantener -como mínimo- las actuales transferencias. Pero también hay una coincidencia entre esas posiciones: todos rechazan cualquier alternativa que implique ceder más fondos. Ese rechazo es argumentado por muchos gobernadores en los niveles de gasto público de sus administraciones, sumado el compromiso de déficit cero que acordaron con Domingo Cavallo. Salvo los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz, para el resto de las provincias los fondos que les coparticipa la Nación le sirven para solventar cerca del 75 por ciento de sus gastos y en algunos casos, como La Rioja, cubren más del 90 por ciento de sus erogaciones. Otros relevamientos que manejan los gobernadores destacan que, a excepción de Buenos Aires y Catamarca, todos los distritos del interior no logran cubrir con esos recursos el pago de sueldos de sus trabajadores estatales. Los negros pronósticos que muchos gobernadores advierten en sus provincias si se concreta un nuevo recorte de transferencias actuó como disparador de propuestas alternativas y hasta algunas amenazas hacia la administración central. Al respecto, trascendió que el PJ trabaja firmemente en un proyecto para reformular la relación fiscal entre la Nación y las provincias, con la idea de que se transfieran a estas últimas ciertas facultades impositivas para actuar en el rol de recaudador y coparticirle al Gobierno central la proporción que le corresponda. También bajo el paraguas de un reforma tributaria, en la oposición planean presionar para que, además del IVA, Ganancias y Bienes Personales, la Nación «federalice» otros impuestos como el que grava los movimientos de las cuentas corrientes y la suba de la alícuota del gasoil. Otras iniciativas, un poco más difíciles de instrumentar, apuntan a una reformulación que contemple la sustitución de impuestos distorsivos (ingresos brutos, sellos, renta mínima presunta) por un IVA provincial o una especie de «tax» al estilo norteamericano.