La Vicaría Episcopal para la Educación apoya a los docentes, pero les pide que vuelvan a clases

La Vicaria Episcopal para la Educación, la Junta de la Educación Católica de la Diócesis de Posadas y la Asociación de Institutos Privados de la Enseñanza de Misiones manifestamos por este medio que: Antes del inicio de este conflicto que afecta a la educación en nuestra Provincia, conjuntamente, hemos recurrido al Ministerio de Educación, SPEPM y Presidencia del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados para manifestar nuestra preocupación por las entonces posibles medidas de ajuste al sector docente. Asimismo les hemos expresado nuestro rechazo a su implementación y la inquietud por la continuidad normal del ciclo lectivo 2001. Apelamos entonces a la buena voluntad de nuestros gobernantes, y seguimos confiando en la posibilidad de encontrar alternativas a esta situación inédita de crisis social. Hoy vemos, con profundo dolor, el grave perjuicio que día a día conlleva la persistencia de este conflicto; por ello, reunidos en el día de la fecha con los Representantes de las Instituciones referidas, ponemos en conocimiento público nuestras conclusiones: 1) Manifestamos nuestra profunda disconformidad con el ajuste salarial al sector docente, que afecta sus derechos elementales, e indirectamente también los derechos del niño. Además de atentar contra el espíritu de la Ley Federal de Educación y dificultar el digno y normal desempeño del servicio educativo. 2) Intentamos entender la necesidad del ajuste en las cuentas del Estado, pero creemos que debiera realizarse en forma equitativa, atendiendo al conjunto del tejido social y no sobre los que menos ganan, de tal manera que los beneficios recaigan efectivamente sobre los ya excluidos por el sistema. 3) Comprendemos a nuestros docentes que reclaman por lo que consideran justo, y en reunión del día de la fecha expresamos al Sr. Ministro de Educación que es el Estado el que debe garantizar la educación mediante los recursos pertinentes. No son los propietarios los responsables de este ajuste, y sus representantes legales también se ven afectados por esta situación que supera sus responsabilidades y capacidades y perjudica a las mismas instituciones y comunidades educativas. 4) Comprendemos a todas las partes en conflicto: por ello no dejamos de ver el derecho de niños y jóvenes a la educación, confiados a nuestros institutos por sus padres; pero también respetamos los derechos laborales de los docentes. 5) Lamentamos las confusiones y actitudes generadas con ocasión o a causa de esta situación, y confiamos en el diálogo oportuno y sereno en las comunidades educativas. 6) Alentamos a nuestros gobernantes y dirigentes y nos comprometemos, en el ámbito propio, a poner nuestra buena voluntad, capacidad y energías para buscar entre todos los actores de este conflicto, las vías de solución al mismo.- Posadas, 15 de agosto de 2001.