Los estatales continúan accionando contra el Estado en contra del recorte salarial

Se basan en que esta ley, la 3775, que es inconstitucional y no le pueden sacar la facultad a los magistrados de resolver sobre «las leyes que consideramos que son injustas como esta». Otros 300 empleados también se preparan para accionar contra el Estado La Unión Judicial de Misiones inició 850 causas contra el recorte salarial en Misiones, que se suman a los 300 poderes que tiene en sus manos el abogado Jorge Galeano para accionar contra el Gobierno provincial por la suma de recortes. El titular de la Unión Judicial de Misiones, Jorge «Tatín» Vázquez, afirmó que la Unión Judicial presentó un recurso de amparo en el Juzgado Laboral 2, para que no se implemente la ley de ajuste del 13% , «en defensa del derecho institucional y constitucional que tienen todos trabajadores que se desempeñan en la Justicia». Se basan en que esta ley, la 3775, que es inconstitucional y no le pueden sacar la facultad a los magistrados de resolver sobre «las leyes que consideramos que son injustas como esta». El funcionario señaló que «este recurso protege a 800 afiliados, pero se trata de hacerlo a los que no lo son también, nosotros los defendemos a muerte». Además agregó que «a nivel nacional, la Suprema Corte no aceptó el recorte, sino que pretende reducir el presupuesto, pero en la Provincia, el presupuesto es muy exiguo, y está trabajando con la mitad del personal que necesita y con la mitad de dependencia». Vázquez expresó que «la Justicia no es gasto, es una inversión a favor de la comunidad y que hace a la seguridad de los ciudadanos». El abogado patrocinante de la Unión Judicial es el doctor Benítez, pero el recurso de amparo no se expidió todavía ante el juez por falta de tiempo. «Como ciudadanos de la república, como hombres que juramos respetar la constitución y defenderla, no podemos aceptar el avance sobre el poder judicial», acotó . Según Vázquez, «esto perjudica a un circuito muy importante, al comercio, el agro, y todo lo demás». Además, criticó al Gobierno por «los familiares que han sido contratados en los distintos organismos gubernamentales». El gremialista sostuvo que «esto es una barbaridad que cuestionamos permanentemente, porque el propio reglamento del Poder Judicial habla de concursos, ocupan la vía del contrato». Finalmente, Vázquez expresó a Radio A que «lo que más nos preocupa es la reforma del poder judicial, con medidas recesivas no vamos a lograr nada, tenemos que sumarnos todos, levantarnos y decir que terminó la fiesta». PODERES PARA MÁS JUICIOS Al menos 300 empleados del Tribunal de Cuentas, docentes y jubilados afectados por el recorte salarial del 13 por ciento iniciarán juicios contra el Estado provincial por una doble imposición en el caso de los que tributan el Impuesto Extraordinario Transitorio y de Emergencia (IETE) y por la «inconstitucionalidad» de la ley. Los afectados ya le dieron «poderes» al abogado constitucionalista Jorge Lisandro Galeano, a la vez candidato a senador por el Movimiento de Acción Popular (MAP). El abogado, ex legislador justicialista, señaló que «a todas luces la ley de recorte es inconstitucional» y si, al menos, no se la modifica representaría un «no Derecho, una ajuricidad». Paralelamente, Galeano ya inició los trámites administrativos en otra cadena de juicios contra el Gobierno provincial por el no pago de los subsidios yerbateros. Galeano aseguró que «si existe el Derecho se ganarán todos los juicios». El abogado tiene a su favor la declaración de «inconstitucionalidad» de la ley de recorte salarial que hizo el Colegio de Abogados y que está siendo analizada por el Superior Tribunal de Justicia, adonde irán a parar todas las presentaciones contra el ajuste. El casi ministro de Gobierno del gobernador Carlos Rovira relató que «hay casos en que los descuentos llegan al 50 por ciento» por todo concepto, cuando hay jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y del mismo STJ que prohíben los descuentos por encima del 33 por ciento del salario. «Hay empleados a los que les descuentan el 50 por ciento, en algunos casos el 45 y en Misiones aumentan los aportes a la obra social sin una buena contraprestación y a la jubilación», criticó Galeano. «Este es un plan perverso y lo peor de todo es que ellos (los funcionarios) son los únicos que tienen salvavidas mientras el barco se hunde», opinó el legista.