El pago de salarios se descarta por el momento. Podrá emitir papeles de deuda por un monto similar al de la masa salarial mensual, pero el gobierno quiere que la suma crezca hasta el valor de la deuda nacional con Misiones. Se pagarán proveedores, alquileres y refinanciarán deudas [su_note note_color=»#cdcdcd»]El Gobierno nacional lanzó ayer un decreto que autoriza la emisión de títulos por un total de 1.000 millones de pesos que servirán a las provincias para cancelar deudas.[/su_note]La provincia adherirá al mecanismo de emisión de un bono interprovincial que permitirá abonar -literalmente- impuestos, pago a proveedores, refinanciación de deudas, pero «no para pago de sueldos», según fuentes oficiales del Gobierno provincial. Ayer al mediodía se reunieron en Buenos Aires los gobernadores del justicialismo y el jefe de Gabinete de la Nación, Chrystian Colombo para ultimar los detalles de los nuevos papeles de deuda denominaos Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), con un vencimiento de cinco años sin intereses. La provincia podrá emitir los bonos por in monto igual a la masa salarial de un mes -poco más de 30 millones de pesos- y servirá para «pagar a los proveedores, cancelar impuestos nacionales, alquileres, financiar deudas», según estimaciones de fuentes oficiales, aunque los detalles se volverán a discutir la semana que viene. La idea del gobierno provincial es que los bonos sean por un monto similar al de la deuda que la Nación mantiene con Misiones (150 millones, según el reclamo oficial). La iniciativa del Bono Federal, en la cuál trabajaron los gobiernos de Misiones y Jujuy prevé que el bono tenga como único emisor al Fondo Fiduciario -compuesto por mil millones del Aporte Patriótico de las empresas y bancos- y que el monto máximo a suscribir no supere la nómina salarial mensual. Podrá circular libremente en el ámbito de los distritos que adhieran y será aceptado a su valor nominal para el pago de impuestos provinciales, o privatizadas o concesionadas, así como la deuda de organismos provinciales. En cambio, no serán aceptados para pagar impuestos nacionales para evitar que retornen como coparticipación nacional. Los bonos se nominarán en pesos y serán caratulares. También serán cancelados al vencimiento por su valor nominal y devengarán una tasa anual del siete por ciento. DUDAS CON LA PROPUESTA NACIONAL El Gobierno nacional lanzó ayer un decreto que autoriza la emisión de títulos por un total de 1.000 millones de pesos que servirán a las provincias para cancelar deudas. El bono tiene como único emisor al Fondo Fiduciario compuesto por los mil millones del denominado «aporte patriótico» surgido del compromiso de empresas y bancos para ayudar al país a encontrar una salida a la crisis financiera. Aunque en principio hay muchos puntos coincidentes, los gobernadores justicialistas rechazan dos puntos centrales: el primero, que con los bonos se paguen impuestos nacionales, ya que podría retornar a las provincias como parte de la coparticipación (no queda claro en el decreto) y también que las provincias que no cumplan con las metas de pago al Fondo Fiduciario, verán descontados porcentajes similares a la morosidad de la coparticipación que llega mes a mes. Las provincias que se adhieran al sistema, una posibilidad que también incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán comprometerse a seguir los planes de saneamiento fiscal que impulsa el Gobierno Nacional y manifestar su voluntad de participar en el programa de emisión de las LECOP dentro de los próximos treinta días. Ninguna jurisdicción podrá recibir o suscribir las LECOP por un monto superior a la suma correspondiente a su «nómina salarial normal mensual» informada al Ministerio de Economía al celebrarse el convenio y deberá aceptarlas «por su valor nominal» para cancelar impuestos provinciales. Según puntualiza el decreto correspondiente, «el programa no podrá ser interpretado como afectando, restringiendo o desconociendo las garantías prestadas o a prestarse en moneda de curso legal por las provincias en favor de terceros sobre fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos». Además, queda sometido a la jurisdicción federal «todo lo relativo a la emisión, circulación, pago, cancelación y rescate» de las LECOP y las provincias debe suscribir con el Banco Nación un contrato en el que se documente el compromiso de abonar las letras a su vencimiento ya que, en caso contrario, se le debitarán de los recursos que le correspondan en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos. La aparición del decreto sorprendió a los gobernadores de provincias administradas por el justicialismo, algunos de los cuales se reunieron ayer a la mañana con el jefe del Gabinete, Chriystian Colombo. El gobernandor de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, dijo que en general las provincias están de acuerdo con el espíritu de la norma, aunque algunos de sus detalles serán analizados y probablemente corregidos tras una nueva ronda de negociaciones previstas para la semana próxima. A Misiones, representó la vicegobernadora Mercedes Oviedo. El decreto puntualiza que «el contrato de suscripción que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial celebre con cada jurisdicción podrá contener condiciones adicionales a las previstas» inicialmente en su texto. Añadió que cada jurisdicción dará el destino que prefiera a los bonos, incluido el pago de salarios, porque pueden ser utilizados «para las necesidades que cada provincia tenga».







