El Ministerio de Trabajo quitó el manejo de planes Trabajar a una Asociación Civil misionera

Son doce en todo el país. La ministra Bullrich denunció presiones a los beneficiarios para que corten rutas y participen en las movilizaciones. Los responsables deberán enfrentar la Justicia El Ministerio de Trabajo sancionó ayer a doce organizaciones de desocupados con la quita del manejo de los planes de Empleo, la prohibición de continuar en el registro oficial que las habilitaba para distribuir los beneficios y la elevación de denuncias judiciales en su contra. Una de ellas es misionera: la Asociación Civil San Onofre, de Posadas. La cartera laboral adoptó esa decisión tras «comprobar», a través de una auditoría realizada entre este martes y miércoles, que esas organizaciones «utilizaban una metodología de presión» con un «sistema de premios y castigos» establecido, mediante el cual «obligaban» a los beneficiarios de los planes a concurrir a protestas y movilizaciones «bajo amenazas» de quitarles los empleos. Entre las doce organizaciones sancionadas se encuentra la Asociación Teresa Rodríguez, uno de los tres movimientos de piqueteros más importantes del país e integrante del Congreso de Desocupados que organizó cortes de rutas, para protestar contra el ajuste y el modelo económico. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, dijo que las denuncias serán elevadas también a la Justicia, que deberá determinar si corresponde o no aplicar penas por «coerción» a los responsables de las organizaciones. Aclaró que, en todos los casos, las sanciones «son hacia las organizaciones» que cometieron irregularidades «y no hacia las personas» y garantizó que no se les quitarán los planes de empleos a los beneficiarios que hayan obtenido el trabajo a través de uno de los grupos apercibidos. En una extensa conferencia de prensa que ofreció ayer al mediodía, Bullrich anunció también que el Ministerio de Trabajo «cerrará» por tiempo indeterminado el registro oficial, en el que se inscriben las organizaciones para presentar proyectos y que las auditorías continuarán en los próximos piquetes. La decisión de cerrar el registro y de establecer condiciones más duras para presentar proyectos es «para evitar» que las organizaciones sancionadas «se reciclen» y vuelvan a quedar a cargo del manejo de planes de empleo, explicó la ministra. Además, según dijo, esa decisión será la transición a la concreción de un nuevo sistema de otorgamiento de planes de empleo, con otras condiciones y requisitos, que analiza la cartera de Trabajo y que -anunció- «será presentado dentro de los próximos 15 días». En cuanto a la decisión de continuar con las auditorías, dijo que responde a la necesidad de seguir monitoreando las situaciones y a que, en el caso de la ciudad bonaerense de La Matanza -el centro de los piquetes- y de la localidad de Monte Chingolo, en el partido de Lanús, destacó que los inspectores no pudieron realizar la tarea, porque consideraron que no estaban dadas las condiciones de seguridad, por lo que volverán a intentarlo en estos días. Aparte del Movimiento Teresa Rodriguez, cuyo líder Roberto Martino y otra treintena de integrantes se encuentran detenidos por ocupar el Ministerio de Trabajo bonaerense, fueron sancionados Suteba Quilmes y Suteba Berazategui (ambos del gremio docente bonaerense), la Municipalidad de Santa Fe, la Asociación Civil San Onofre y la Asociación de Desempleados de Tucumán. También integran la lista el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Aguilares, Emaus Huertas Comunitarias, el Centro Comunitario Juan Manuel de Rozas, la Asociación Civil Biblioteca Popular Horizonte, el Centro de Desocupados de Familia y la Asociación Unidos y Solidarios. Todas esas organizaciones se quedarán sin el manejo de los planes de empleo y, además, no podrán presentar nunca más un proyecto. Según el informe de Trabajo, las doce organizaciones representan al 10 por ciento de los grupos auditados (en total fueron 126) y tienen a su cargo un total de 46 proyectos que serán redistribuidos a otras asociaciones que operan en las zonas correspondientes para que los beneficiarios de esos empleos no se queden sin el trabajo. La Ministra eludió responder directamente si no temía que las acciones iniciadas contra las organizaciones «exacerben el ánimo de los piqueteros», que esta semana cortaron rutas por 48 horas y la que viene lo harán por 72, y dijo que las medidas responden a que «el Estado debe hacer cumplir su obligación» de garantizar la libertad de acción de las personas. «El Gobierno es conciente de esta decisión y la toma con la autoridad que significa administrar recursos del Estado y que nadie se sienta que por recibir un trabajo deba tener otra obligación que no sea cumplir con ese empleo», señaló. En ese marco, la funcionaria volvió a remarcar que la decisión fue adoptada tras recibir el informe de los 500 auditores que salieron a las calles durante los dos días que duró el piquete de esta semana, para constatar si se ejercían presiones sobre los beneficiarios de los planes de empleo para que concurran a los piquetes. Se destacó que tras la auditoría realizada «se puede concluir que existe un metodología generalizada de presión». Según trascendió, de manera extraoficial, se habría descubierto una suerte de ranking impuesto por los piqueteros para acceder a los subsidios, basado en un sistema de puntuación por participar de determinadas protestas. «Quedó al descubierto que, los organizadores no priorizaban la necesidad de la gente antes de otorgar el plan, sino el grado de adhesión que las personas tenían hacia la asociación», destacó Bullrich