Márquez Palacios se solidarizó con los empleados y se recortó el sueldo

Manuel Augusto Márquez Palacios, presidente del Superior Tribunal de Justicia, se recortó el sueldo en solidaridad con los 1.500 empleados del Poder Judicial y «con la situación que atraviesa la provincia». «Me hice a la idea de que tengo que vivir con menos, pero estoy acostumbrado a una vida austera» [su_note note_color=»#cdcdcd»]A este posadeño, buen tenista aficionado, amante del aladeltismo, el recorte no lo toma en el mejor momento. Es que su hija Carolina, azafata de Aerolíneas Argentinas, pelea por la continuidad de su trabajo y de la compañía vendida a los españoles, y su h[/su_note]Manuel Augusto Márquez Palacios, presidente del Superior Tribunal de Justicia, se recortó el sueldo en solidaridad con los 1.500 empleados del Poder Judicial y «con la situación que atraviesa la provincia». «Me hice a la idea de que tengo que vivir con menos, pero estoy acostumbrado a una vida austera». No está de acuerdo con la medida, porque defiende la intangibilidad de los sueldos judiciales. Tuvo cuidado en la redacción de la nota que envió a la Dirección de Administración. «Yo decidí pedir la reducción del sueldo en el 13 % sin aceptar la invitación (hecha por la ley) en función de un principio de solidaridad, para quedar igual que los empleados». A este posadeño, buen tenista aficionado, amante del aladeltismo, la decisión no lo toma en el mejor momento. Es que su hija Carolina, azafata de Aerolíneas Argentinas, pelea por la continuidad de su trabajo y de la compañía vendida a los españoles, y su hijo Federico (casado, una hija) es licenciado en Publicidad y Periodismo y se dedica a la fotografía. ¿La crisis es moral? Yo creo que es una crisis moral y a eso se agrega un gran individualismo, del sálvese quien pueda, sin solidaridad. Ese es un aspecto y, aparte, la corrupción que hay, que está comprobada y que todo el mundo la conoce. ¿Y qué puede hacer la justicia ante ello? La justicia tiene que darle seguridad y certeza a las relaciones jurídicas. Es decir, que la justicia se vea como un poder independiente que va a ser el último resguardo de los derechos del ciudadano. ¿Qué tanto infiltró la corrupción a la justicia? Acá, en realidad, nosotros tenemos suerte que no se nota significativamente ninguna intrusión de ese tipo. Pero da la sensación de que en otros lugares sí. Nosotros no tenemos casos de corrupción ni casos de una dependencia servil como ocurre en otros lugares. ¿Ayuda a eso el Consejo de la Magistratura? Eso, como concepto teórico creo que es bueno…vamos a ver cómo funciona en la práctica. Donde también hay intereses y vuelve a haber intereses otra vez. ¿Cuáles? Intereses políticos. No sé si ya influyeron, pero que van a influir, van a influir. Pero le aclaro que eso ocurrió en todas partes donde hay consejo de la magistratura. Pero mejora el anterior sistema porque por lo menos hay una etapa de selección donde no hay interferencia de ningún tipo. ¿Cuál sería el ideal? Tenemos que volver a que los maestros sean los mejores representantes de una sociedad sana y que los jueces sean los mejores representantes. En la Capital Federal, por ejemplo, hemos tenido casos de jueces federales que eran una pesadilla. ¿En esto no influye también un salario digno? ¿Qué piensa de los recortes? La intangibilidad del salario es una garantía de la independencia del juez. El juez tiene la intangibilidad del salario y la inamovilidad mientras mantenga su conducta. Son dos principios que deberían hacer a un juez independiente e incorruptible absolutamente. Pero el temperamento humano a veces flaquea y, por más que tenga esas garantías constitucionales, por ahí el temperamento le falla. ¿Qué pasó con el recorte en Misiones? ¿Se garantizó la intangibilidad? Acá se garantizó y cuando recibimos la ley que dice invítase a los jueces y a los ministros del STJ a hacer reducciones en sus sueldos en manera concordante a lo que dice la ley, nos limitamos a enviar una copia a los jueces, para que cada uno la considere a título personal. Los abogados han objetado artículos… Son tres artículos de la Ley 25453 y de la ley provincial 3775, los que modifican los códigos de procedimientos para impedir embargos y vías cautelares… pero no diré una palabra porque me vendrá una acción de inconstitucionalidad. Por otra parte, la ley dice que se prohíbe a los jueces decretar medidas cautelares que traben dicha norma.