Abogados plantean que la ley de recorte salarial es inconstitucional porque avanza sobre la Justicia

El presidente del Colegio de Abogados calificó de «desprolija» la la ley de ajuste. Afirma que vulnera el derecho de igualdad ante la ley. El Gobierno le responde que la ley está salvaguardada por la emergencia económica [su_note note_color=»#cdcdcd»]Desde el Gobierno provincial tomaron la posición del Colegio de Abogados con "tranquilidad". "Si el Superior Tribunal de Justicia rechaza la ley de recorte salarial, se cae la ley, pero también se cae la provincia y el país", aseguró el subsecretario de L[/su_note]El Colegio de Abogados planteó la inconstitucionalidad de la ley de recorte salarial -tanto en la Nación como en la provincia- porque avanza sobre la independencia del Poder Judicial y vulnera el derecho de los ciudadanos de igualdad ante la ley. Ante esto, consideran que el Estado podría perder los juicios que se le hagan en contra. Sin embargo, desde el gobierno responden que «jurídicamente» están cubiertos, atentos a la «urgencia y emergencia» que dieron marco a la ley de ajuste salarial. El presidente del Colegio de Abogados, Antonio Amarante, criticó que la ley de recorte va contra la Constitución Nacional y la calificó de «desprolija». El Colegio de Abogados se pronunció sobre la ley de ajuste salarial y su aplicación en la provincia y aseguró que «contiene claras violaciones del estado de derecho». «Decidimos pronunciarnos frente a una serie de quebrantamientos de dispositivos constitucionales, que se presentan en las disposiciones en el orden provincial», explicó su presidente. «Los dos órganos políticos (Ejecutivo y Legislativo) avanzan sobre el órgano judicial, prohibiéndole a los jueces y limitando la jurisdicción sobre las cuestiones de amparo que se pueden plantear», enumeró. «Los jueces deben decidir sobre la constitucionalidad de la ley o no, pero nosotros consideramos que no. Ninguna ley inferior puede negar lo que dice la Constitución, no tiene ninguna validez jurídica», criticó. Amarante criticó el artículo 1 de la ley porque afecta el orden republicano que es la división de poderes y está ligado al artículo 29 de la Constitución nacional que prohíbe la suma de poderes públicos. «Con esta ley, el Ejecutivo asume poderes judiciales. También se viola el articulo 18 de la Constitución que con la reforma de 1996, convirtió la doctrina judicial en constitucional, que la ley vulnera». «Esto es, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad, porque los afectados no tienen acceso al derecho de reclamar», opinó. «Se quebranta el derecho de acceso a la justicia. Por esta vía hay una evidente alteración de la premisa básica de igualdad ante la ley que es un sistema pilar del sistema republicano y democrático. La gente que queda afectada por este dispositivo no tiene acceso al derecho de jurisdicción de reclamar ante los jueces», se quejó. «La decisión unánime fue no entrar en el terreno político, no nos corresponde decir sí o no al ajuste, pero sí en lo jurídico», aclaró. «No pretendemos un avance sobre el órgano que la dictaron porque creemos que es un hecho concreto, y ahora está en manos de los jueces». «Hay otro elemento que es inconstitucional que es la aplicación retroactiva, y en el ámbito específico de la cuestión tributaria, la retroactividad de la ley no corresponde en absoluto, porque afecta a tres cuestiones básicas del sistema fiscal como son los principios de legalidad y certeza, así que aquí también es grave lo desprolijo de la ley». «Desconozco cual fue el trasfondo político, me atengo a la ley, pero evidentemente no hubo cuidado constitucional», criticó. Con respecto a los juicios que se le pueden iniciar al Estado, Amarante señaló que cualquiera sea el órgano que actúe de forma incorrecta, sea municipio, provincia o la Nación, «el quebrantamiento es igual de grave y lo mismo ocurre con respecto al derecho». TRANQUILIDAD EN LAS TRINCHERAS Desde el Gobierno provincial tomaron la posición del Colegio de Abogados con «tranquilidad». «Si el Superior Tribunal de Justicia rechaza la ley de recorte salarial, se cae la ley, pero también se cae la provincia y el país», aseguró el subsecretario de Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, Julio César Duarte. En cambio, aseguran que actuarán «jurídicamente» contra los empleados estatales y gremios que no garanticen «los servicios mínimos», pese a que admiten el derecho a huelga en contra del ajuste. En cuanto a la validez jurídica de la ley, Duarte señaló que fue sancionada en el marco de la «urgencia y emergencia» que habilita la misma Constitución nacional que citan los abogados. Duarte citó a la Biblia para darle fuerza a sus argumentos: «De los niños serán el reino de los Cielos…» De esta forma, criticó a los docentes que no dan clases. «Hay 30 mil empleados públicos en la provincia. El recorte llega solo a un tercio, cinco mil de la administración central y el resto docentes. Diez mil no están tocados y otros tantos docentes, que deben reflexionar y volver a las aulas», reclamó el funcionario.