Con quince presos muertos, terminó el motín en las cárceles de Brasil

Las autoridades sospechan también de algunos funcionarios, sobre todo porque tres días antes de la rebelión habían sido requisados decenas de teléfonos móviles y armas. Las autoridades brasileñas retomaron ayer el control de las 29 cárceles del Estado de San Pablo donde unos 16.000 presos se amotinaron el domingo pasado y tomaron como rehenes a unas 7.000 personas, en una revuelta que dejó 15 reclusos muertos, informaron hoy fuentes oficiales. «Está confirmado que terminaron los motines y la policía está haciendo una operación de barrido para retirar las armas que tenían los presos», dijo un portavoz de la Policía Militar de San Pablo sobre el motín del que hasta el momento se informó hubo 15 presos muertos. Según la policía, la mayoría de los presos murieron a manos de sus propios compañeros (uno de ellos fue decapitado), mientras que 63 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas. En tanto, las últimas prisiones recuperadas fueron la de Carandirú (la mayor del país), desde donde comenzaron y fueron coordinadas las rebeliones; y la penitenciaría de la ciudad de Pirajuí, donde las tropas ingresaron 24 horas después del inicio del motín. La rebelión de las prisiones de San Pablo estalló el domingo al mediodía con el fin de que diez líderes de la organización autodenominada «Primer Comando de la Capital» (PCC), que fueron trasladados la semana pasada a prisiones del interior, retornasen al complejo penitenciario de Carandirú. Dicho pedido fue rechazado por las autoridades policiales, quienes aseguraron que «no se atendió ninguna reivindicación ni hay órdenes para hacer ninguna transferencia». Según las fuentes, el PCC controla el tráfico de drogas en todos los presidios de San Pablo, cobra tasas de protección a aquellos presos que no se convierten en miembros y asesinan a los traidores. Antes del ingreso de la policía en las cárceles, los presos dejaron salir en grupos de a veinte a miles de rehenes, en su mayoría familiares que estaban en la visita dominical. Muchas de esas personas se resistieron a salir del penal de Carandirú, para servir como garantes de la integridad de los reclusos en caso de una intervención policial, pero luego cedieron a las presiones de las autoridades. El ingreso de la Policía en Carandirú fue precedido por grandes desórdenes frente al penal, donde miles de parientes de los presos intentaron impedir la acción de los agentes por el temor a una intervención violenta, como la ocurrida en ese mismo lugar en 1992 donde murieron 111 reclusos. Al grito de «asesinos», los parientes de los presos arrojaron piedras, botellas y otros objetos contundentes a los policías, que controlaron rápidamente las protestas y arrestaron una persona. Tras la toma de las cárceles, los policías comenzaron a registrar a cada uno de los presos, obligados a desnudarse y tenderse en el suelo boca abajo con las manos sobre la nuca. La secretaría de Seguridad Pública indicó que ordenará una investigación sobre cada uno de los 29 motines, porque existen indicios de que varios guardianes facilitaron la entrada de armas, drogas y teléfonos móviles en las cárceles. Las autoridades sospechan también de algunos funcionarios, sobre todo porque tres días antes de la rebelión habían sido requisados decenas de teléfonos móviles y armas. El estado de San Pablo tiene la mayor población carcelaria de Brasil, con unos 90.000 reclusos que corresponden al 43 por ciento del total y de los que alrededor de 10.000 están en el presidio de Carandirú.