«Piti» Arrúa recuperó la libertad y ya no es imputado como cerebro de la estafa contra Papel Misionero

Fue liberado el miércoles de la semana pasada. Pagó una caución de 50 mil pesos con el terreno de un familiar. La causa sigue su curso y el principal imputado pasó a ser su socio Sergio Ortiz. El Estado fue defraudado en dos millones de pesos a través de la evasión de impuestos [su_note note_color=»#cdcdcd»]A mediados de 1997 se constató que los pagos que la empresa estatal Papel Misionero debía realizar a la Dirección General Impositiva en concepto de diversos impuestos, fueron desviados a través del Banco Macro y el Galicia a cuentas de distintas personas.[/su_note]El principal imputado en la causa por la estafa millonaria a Papel Misionero, Pedro «Piti» Arrúa recuperó la libertad gracias a una modificación en la calificación de la causa. Ahora en vez de estar procesado como jefe de una asociación ilícita, pasó a ser «partícipe secundario» de la defraudación en grado de participación de una asociación ilícita. El empresario posadeño recuperó la libertad el miércoles de la semana pasada, después de un año y diez meses tras las rejas y de pagar una caución de 50 mil pesos -entregó un terreno a nombre de un familiar-. Su socio, el gestor Sergio Ortiz, permanece detenido y ahora es el principal imputado como «organizador de la banda». La causa no cambió de carátula, que sigue siendo la estafa contra el Estado provincial y Nacional en una investigación que comenzó a mediados de 1997. Ese año se constató que los pagos que la empresa estatal Papel Misionero debía realizar a la Dirección General Impositiva en concepto de diversos impuestos, fueron desviados a través del Banco Macro y el Galicia a cuentas de distintas personas. Los encargados de las maniobras habrían sido el asesinado contador Gerardo «Lalo» Oviedo, Ortiz y el propio Arrúa, quienes triangularon el dinero a través de cajas de ahorro de familiares políticos y amigos. De acuerdo con lo que pudo probar, al menos fueron desviados unos dos millones de pesos. Pero el año pasado, los peritos de la Policía Federal volvieron a desembarcar en Posadas y encontraron un nuevo faltante de 100 mil pesos. Es que según la documentación, se debían depositar en las cuentas de la DGI 260 mil pesos, pero sólo llegaron 160 mil. Todavía no se sabe a dónde fue a parar ese monto y quiénes son los responsables directos de la maniobra, dijo el abogado Canteros. Desde el Juzgado Federal creen que toda la maniobra quedará al descubierto cuando el caso sea ventilado en un juicio oral, algo que podría suceder recién a mediados de este año si no se generan nuevas demoras procesales, y el Tribunal Oral Federal de Posadas, decide someter a juicio a la docena de imputados que fueron procesados hace más de un año por el juez federal Ramón Claudio Chávez. Por este caso estaba preso el empresario posadeño Pedro «Piti» Arrúa, quien ahora respira nuevamente en libertad. Detenido sigue el gestor Sergio Ortiz, quien junto al asesinado contador Gerardo «Lalo» Oviedo aparecían como los «cerebros» de la banda que habría defraudado al Estado en más de dos millones de pesos. La causa, que ya cuenta con nueve cuerpos, desfiló por dos juzgados provinciales y luego pasó al federal, donde se realizó una minuciosa investigación. Fuentes de dicho juzgado reconocieron que la investigación no está agotada «pero creemos que el caso se puede cerrar durante el debate oral y público. Es que si no elevamos pronto a juicio la causa los defensores nos van a pedir la libertad de los principales imputados», se sinceró una de las personas que siguió de cerca el avance del expediente en el Juzgado Federal. A poco de cerrarse la instrucción formal de la causa, Arrúa decidió cambiar de defensor. En lugar del prestigioso penalista correntino, el imputado designó a Juan Carlos Canteros, quien aseguró que la situación de su defendido es complicada. Canteros asumió la defensa de Arrúa en reemplazo de un prestigioso abogado penalista de la ciudad de Corrientes al que el imputado le revocó el mandato en disconformidad con la estrategia montada por el profesional. En septiembre del año pasado peritos de la Policía Federal, volvieron a Posadas para inspeccionar el Banco Macro y la minisucursal del Galicia que funciona en la sede de la Dirección General Impositiva de Posadas. Hicieron un chequeo de cómo es la mecánica del ingreso de los cheques y las declaraciones juradas y otros movimientos que rodearon a la estafa. DOCUMENTACION La causa por la millonaria defraudación ya tiene nueve cuerpos y una gran cantidad de documentación fue analizada por los peritos, lo cual volvió extremadamente lenta la investigación en el Juzgado Federal. El abogado de Arrúa había dicho que «algunas pruebas documentales han desaparecido del expediente. No sabemos dónde ni cuando porque debemos recordar que esta causa pasó por dos juzgados provinciales y luego el federal». Para el abogado «es llamativo que esa supuesta fotocopia que se recibió en el Juzgado Federal tenía una contextura tan perfecta que parecía la documentación original y no hay constancia en la causa si es original o fotocopia. Recién al momento del peritaje se establece eso». Pedro «Piti» Arrúa también fue investigado por el homicidio del contador Gerardo «Lalo» Oviedo, quien también aparecía involucrado en la maniobra junto con Sergio Ortiz, quien también se encuentra procesado en la causa. El juez de Instrucción de Apóstoles, José Antonio Reyes le dictó la falta de mérito y luego el sobreseimiento, medida que fue apelada por la fiscal Margarita Wenner.