La Alianza piensa denunciar penalmente a Ripoll por incumplimiento en sus deberes de funcionario público

Ayer la comisión investigadora no pudo reunir los votos necesarios para destituir al intendente de Garupá. El jefe comunal se defiende y asegura que no hay irregularidades. Los concejales justicialistas llaman al diálogo para gobernar [su_note note_color=»#cdcdcd»]Altos dirigentes de la oposición consideran que "la carrera política de Ripoll y de sus seguidores está acabada". El motivo de tanto optimismo es que el intendente y el concejal Héctor Acosta deberían ser inhibidos para presentarse como candidatos en las[/su_note]La Alianza estudia la presentación de una denuncia penal contra el intendente de Garupá, Armando Ripoll por incumplimiento en sus deberes de funcionario público y posible malversación de fondos. A pesar de que no prosperó la intención de destituir al jefe comunal cuestionado en la oposición consideran que «hay elementos suficientes para iniciarle una causa» y consideran que el intendente no rindió más de 760 mil pesos desde 1998. Asimismo, comprometen al fiscal de Estado, Lloyd Jorge Windstrom a que tome cartas en el asunto a riesgo de «pedirle un juicio político». A pesar de que ayer la comisión investigadora no pudo conseguir los votos necesarios para lograr la destitución de Ripoll, en la Alianza festejaban como un triunfo el escándalo en Garupá. Altos dirigentes de la oposición consideran que «la carrera política de Ripoll y de sus seguidores está acabada». El motivo de tanto optimismo es que el intendente y el concejal Héctor Acosta deberían ser inhibidos para presentarse como candidatos en las próximas elecciones si se mantiene en firme el dictamen del Tribunal de Cuentas de la provincia, que le reclama la rendición de casi 800 mil pesos. Si no pagan, no podrían ser candidatos. La destitución del intendente de Garupá, Armando Rippol, no prosperó y fue enviada al archivo luego de que los concejales justicialistas de ese municipio votaran en contra del dictamen de la comisión investigadora que había encontrado irregularidades administrativas en mandatos anteriores del cuestionado jefe comunal. Los ediles del Partido Justicialista, José Oscar Vicente y César Hugo Acosta, votaron en contra de la remoción, por lo que la comisión investigadora no consiguió los cuatro votos necesarios para separar a Ripoll de la intendencia, debido a lo cual el expediente con los resultados de la investigación y el pedido de destitución fueron remitiros al archivo. En la sesión llevada a cabo durante gran parte de la mañana de hoy, votaron por la destitución del jefe comunal, Ricardo Kotch, (Alianza), Estela Figueredo (Alianza) y la edil ex justicialista Norma Horianski, por lo que faltó un voto para aprobar el dictamen. Los cargos en la que se basaba la comisión investigadora para pedir la remoción de Ripoll obedecen a diversos informes del Tribunal de Cuentas de la provincia, en los que se cuestiona el manejo de los fondos que hizo el intendente de los fondos públicos. Según el dictamen de la comisión, que fue leído durante la sesión, Ripoll cometió serias irregularidades y no rindió cuentas de fondos de fondos que datan de 1994. ¿INTERVENCIÓN AL CONCEJO? El concejal justicialista de la localidad de Garupá, Héctor Acosta, aseguró que ante los hechos de dominio público mediante los cuales se quiere juzgar al intendente antes de que exista un juicio de responsabilidad «es necesario que se intervenga al Concejo para poder gobernar». «Que venga un interventor para que ayude a gobernar, porque el Concejo actual está evidentemente incapacitado, es la única salida para que vuelva la tranquilidad», aseguró Acosta Acerca de los motivos esgrimidos para solicitar la remoción de Ripoll, el edil indicó que la comisión atribuye como irregularidades «errores de formas» que son llamados «errores sustanciales». En este sentido el concejal no descartó la posibilidad de que estos «errores» existieran, pero señaló que son comunes en la mayoría de las administraciones. «Hay 20 ó 25 municipalidades que también tienen este tipo de problemas por errores formales o sustanciales en la presentación del Tribunal de Cuentas y no por eso se destituyó a todos los intendentes», aseguró. Además, Acosta confirmó que los justicialistas «desconocen» a la Comisión Investigadora porque consideran que está conformada de forma «ilegal». «Le dieron cinco días de plazo para que el intendente hiciera su descargo, cuando sabían que estaba de vacaciones hasta el 5 de febrero». En este sentido explicó que «la ley es clara, se deben establecer con absoluta claridad los puntos de la pericia, y los plazos; y además que la comisión investigadora tiene que ser conformada de acuerdo a la representación política, es decir que le correspondería dos concejales al justicialismo y uno a la Alianza». A todo esto el edil sumó unas denuncias penales por «falsificación de documentos públicos» que realizó supuestamente la comisión investigadora, quien según el edil falsificó un libro de mesa de entradas y salidas del Concejo para dar ingreso al acta número uno de la comisión. «Comienzan a investigarlo primero y después conformaron la comisión, para hacer ingresar esto tienen que adulterar el libro y ahí se producen las irregularidades», aseguró. MÁS VOCES En la sesión realizada en la sede del Concejo Deliberante de Garupá, se leyó también un descargo del jefe comunal cuestionado, quién en principio no reconocía la validez del acto administrativo de su juzgamiento. A pesar de haber avalado el mismo con la presentación de su descargo, Rippol, quien se encontraba de vacaciones al momento de producirse el dictamen, calificó al mismo como «nulo, de nulidad absoluta», por no encuadrarse dentro de las normas vigentes, y expresó sus reservas de iniciar acciones judiciales una vez finalizados los mandatos de los ediles que los cuestionaros. Por otro lado, y luego que el pedido de destitución pasara a archivo por no alcanzar los votos necesarios, el concejal del PJ Hugo Acosta, pidió a los tres ediles que impulsaron el pedido que se restablezcan los diálogos para «empezar a trabajar» por la comunidad. «Esto nos tiene que llamar a la reflexión para empezar a restablecer los canales de acuerdo sin rencores, sin nada, para empezar a trabajar por Garupá», aseguró. El edil se mostró conforme con el destino del pedido de destitución ya que consideró que el trabajo de la Comisión Investigadora fue «uno de los métodos que utilizaron para llevar adelante una persecución política». Acosta consideró que a partir de hoy «amanece de nuevo» en Garupá y pidió que los «novatos de la política» aprendan a respetar los cargos y principalmente el mandato del pueblo. Una vez tratado el tema en el Concejo Deliberante y votado en contra, no puede volver a ser tratado, aunque se puede llegar a considerar nuevamente si la mitad más uno de los ediles consideran que hubieron irregularidades en otros períodos de la administración de Ripoll. «Nada pasa por la conformidad, ellos ni siquiera pueden utilizar los fueros judiciales porque eligieron buscar la destitución a través de la Comisión Investigadora y no prosperó», aseguró Acosta, quien reiteró que el proceso es «nulo» ya que no se respetaron los puntos de pericia y ni los plazos establecidos por la Ley Orgánica de las municipalidades. Asimismo Acosta manifestó que el cuestionado intendente Ripoll desconoce la comisión investigadora y el pedido de destitución y recordó que «no es la primera vez que vienen grupos desestabilizadores a querer echarlo de la intendencia». SEGUIRÁN INVESTIGANDO Por su parte, la concejal de la Alianza, Estela Figueredo, quien había puesto a disposición su renuncia para lograr el cuarto voto necesario para destituir al intendente, manifestó que «Ripoll ya cumplió una etapa» y adelantó que «seguirá investigando para probar las supuestas irregularidades» cometidas por el jefew comunal. Figueredo, expresó además que los concejales del partido Justicialista que votaron en contra de la destitución «deberían poner sus ojos en la gente de Garupá, y reconocer que Ripoll no puede seguir a cargo de la intendencia». «No está apto para conducir una municipalidad desde hace 11 años», sentenció la concejal aliancista. Acerca del tema planteado en la Municipalidad de Garupá, por el pedido de destitución del intendente local, el gobernador Carlos Rovira había señalado que la provincia no participaría del problema. «La situación está en sus canales locales, estamos atendiendo con preocupación este tema y esperamos que el tiempo lleve a una mayor claridad y entendimiento», manifestó el gobernador. Sin embargo, Rovira no descartó una posible intervención en caso de que se agrave el problema en la nombrada comuna, «tenemos todos los resortes democráticos para resolver esta situación y cualquier otra que se plantee», aseguró.