En dos meses la Nación quiere acordar con las provincias el final de las jubilaciones de privilegio

En Misiones hay más de 200 ex funcionarios y legisladores en esa situación. Le salen al Estado 1,2 millones anuales. Conforman las cajas previsionales más deficitarias. Los montos menores a 500 pesos no se tocan [su_note note_color=»#cdcdcd»]En Misiones hay más de 200 jubilados de "privilegio" que cobran sus pensiones de las arcas provinciales: 130 diputados, más de 50 jueces y el resto del Poder Ejecutivo. Los ex empleados del Poder Judicial perciben cerca de 4.800 pesos y los legisladores[/su_note]La Nación está decidida a mostrar una imagen de ajuste y austeridad. El objetivo es diferenciarse lo máximo posible de los diez años de menemismo. Ahora el embate oficial es contra las jubilaciones de privilegio, un tema que no figuraba en la agenda de los gobernadores y que generará mas de una reacción en contra en las provincias. La Nación y las provincias deberán acordar en un plazo de sesenta días la finalización de las jubilaciones de privilegio, anunció ayer la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich en la reunión donde se anunció el paquetazo de decretos que pone en práctica del Plan Nacional de Modernización del Estado. La funcionaria indicó que serán sometidas a revisión las jubilaciones superiores a 500 pesos y que para haberes menores inferiores a ese monto «no se discute». Para las jubilaciones de 500 pesos o más se establecerán dos categorías para su análisis: beneficiarios menores de 50 años y de 50 a 60 años. En Misiones solamente, el gasto mensual para solventar la caja de los jubilados de privilegio insume más de 100 mil pesos, lo que hace 1,2 millones al año. Pero en este año, la Nación quiere achicar 30 millones sumando las jubilaciones provinciales y nacionales. En Misiones hay más de 200 jubilados de «privilegio» que cobran sus pensiones de las arcas provinciales: 130 diputados, más de 50 jueces y el resto del Poder Ejecutivo. Los ex empleados del Poder Judicial perciben cerca de 4.800 pesos y los legisladores cobran 4.700 pesos. También se da un caso particular, de ex diputados que perciben una jubilación de privilegio después de estar sólo tres meses en la Cámara de Diputados, antes del golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón, en 1976. Ni siquiera tienen los aportes mínimos. La caja de los legisladores es una de las más deficitarias del Instituto de Previsión Social junto a la de los policías y ex constituyentes. Sobre la modificación al decreto de solidaridad previsional que elimina las jubilaciones de privilegio Bullrich, explicó que «se ha puesto un tope, de manera tal que de 500 pesos para abajo no se discute». «En cuanto a los haberes de 500 pesos para arriba se establecieron dos categorías: de las personas de menos de 50 años y las que van de 50 a 60 años, y se estima que producirá -con esta medida- un ahorro anual de aproximadamente 30 millones de pesos», agregó. Ya el año pasado el gobierno nacional aplicó un fuerte ajuste a las jubilaciones de privilegio: Por decreto 438/2000 dispuso un fuerte recorte de las jubilaciones de privilegio a los beneficiarios menores de 60 años. El mayor recorte se aplica para los beneficiarios de entre 18 y 50 años de edad. La mayoría de estos casos proceden de la transferencia de las Cajas Previsionales Provinciales a la jurisdicción nacional. El fuerte déficit de estas Cajas Provinciales se vio incrementado por un sistema de retiro voluntario aplicado en los últimos años que significaba la jubilación anticipada (sin cumplir con la edad mínima jubilatoria de 65 años) de los empleados públicos de diversas provincias. La medida afecta a 15.000 jubilados nacionales y provinciales. La reducción votada por el Congreso reportará al Estado un ahorro de 36 millones de pesos por año. La quita se ampara en una resolución de la Corte Suprema, que consideró que no son expropiatorias las reducciones de hasta un 15 por ciento. El recorte de los haberes también recayó sobre las jubilaciones otorgadas por leyes especiales, conocidas como de privilegio. También alcanza a los beneficiarios de las ex cajas previsionales provinciales que fueron transferidas a la Nación.