El presidente de la UCR elevó esta mañana una nota al ministro del Interior y adelantó que se puede llegar a los juzgados si no se revisa la decisión del gobierno. Lo acusan de abuso de poder y retención indebida de fondos. La polémica es por 700 mil pesos [su_note note_color=»#cdcdcd»]Los reclamos al gobierno nacional recayeron en el Ministerio del Interior, curiosamente el mismo despachos donde apuntan las quejas peronistas.[/su_note]La Alianza decidió jugarse a fondo en la pelea con el gobierno por el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional y elevó sus quejas ante el ministro del Interior, Federico Storani para que destrabe la retención de los fondos destinados a los municipios aliancistas que impuso el oficialismo. Además, amenaza con llegar a la Justicia si la situación no cambia a la brevedad. Esta mañana, el presidente de la UCR, René Schmitz elevó una nota a Storani y a Walter Cevallos, secretario de relaciones con las provincias, para que la Nación interceda ante el gobierno misionero y destrabe los 700 mil pesos que están retenidos y que debían destinarse a las arcas de los municipios manejados por la coalición. Schmitz dijo que se evalúa «llegar hasta la Justicia por retención indebida de fondos y abuso de poder». La figura podría ser «malversación», si prueban que el Gobierno gastó los fondos. Además de la nota enviada a Storani, el presidente provisional del Senado, Mario Losada y el jefe del foro de intendentes de la Alianza, Luis Ferreira, encabezan sendas gestiones ante la Nación para que se destraben los fondos. El gobierno provincial retiene los fondos aliancistas y está dispuesto a refrescar la amenaza de sancionar una ley que le permita quedarse con el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional que lleguen a la provincia, en una movida para neutralizar «la discriminación» del gobierno nacional para con los municipios justicialistas. En una nueva vuelta de tuerca a la eterna polémica por el manejo de los fondos, la vicegobernadora Mercedes Oviedo -a cargo del Poder Ejecutivo- aseguró ayer rodeada de los intendentes peronistas que «es una posición del gobierno» reimpulsar la ley que fue presentada el 23 de agosto del año pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, César Humada, el presidente del bloque, Luis Viana y el diputado José Sandoval. El proyecto, que duerme en la Legislatura, establece que el dinero «podrá ser reasignado en los casos en que hayan sido solicitados sin el aval del Ejecutivo», apuntando claramente a los intendentes de la oposición que realizaban gestiones paralelas para desahogar las cuentas de sus municipios. La polémica está abierta por la última partida de ATN que llegó a la provincia de manos del presidente provisional del Senado, Mario Losada, que mandó 700 mil pesos para los municipios aliancistas y 500 mil para la provincia, dinero que ya está siendo usado para la atención de los comedores comunitarios. Aunque se barajó la posibilidad de «devolver» los ATN, la mayoría de los intendentes peronistas prefirió esperar e insistir ante la Nación en sus reclamos para que le manden fondos a sus municipios, «entendiendo» que los de la Alianza también «tienen necesidades». Los 700 mil pesos que vinieron para los municipios de la oposición, están retenidos en el Poder Ejecutivo e incorporados al Presupuesto y no serán entregados hasta que no haya una nueva partida para los peronistas. Desde la Alianza, los máximos dirigentes calificaron la posición del gobierno como una «extorsión». El presidente del bloque de la Alianza, Hernán Damiani aseguró que «retener el dinero es una barbaridad y una práctica extorsiva» y había anticipado que se elevaría -ahora ya está hecho- un reclamo al gobierno nacional y al Ministerio del Interior, curiosamente los mismos despachos donde recaen las quejas peronistas. Los intendentes justicialistas se reunieron ayer con la vicegobernadora Oviedo para pedirle que «garantice la distribución equitativa» de los fondos. Oviedo aseguró que la voluntad del gobierno es dar equidad a los ATN y criticó el «comportamiento» de la Nación que «no se condice con el acompañamiento de la provincia para mantener la gobernabilidad del país». Además de la posibilidad de volver a impulsar la ley para quedarse con el manejo de los fondos de los ATN, Oviedo deslizó que «se puede llegar a un acuerdo con otras provincias justicialistas para elevar juntas los reclamos a la Nación». «No queremos que el gobierno provincial sea el instrumento de la discriminación y por eso le pedimos que se abstenga de distribuir los fondos, porque el gobierno no puede discriminar a sus propios intendentes», aseguró el intendente posadeño Juan Manuel Irrazábal, vocero del grupo de los 47 restantes.







