La Nación está decidida a ponerle un tope a los gastos Legislativos y Judiciales de las provincias

Misiones debería ajustar sus números, ya que la suma de los dos poderes supera el porcentaje que quiere el gobierno nacional. El gobierno nacional quiere dar el debate en el marco de la discusión por una nueva ley de Coparticipación Federal Los gastos que demandan las legislaturas y los poderes judiciales provinciales no deberían superar el tres por ciento del total de los presupuestos de cada jurisdicción, aseguró ayer el subsecretario de relaciones con las Provincias, Oscar Cetrángolo. «Estamos impulsando un pacto tendiente a limitar el presupuesto de las legislaturas y los poderes judiciales provinciales», expresó Cetrángolo, a los periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda. El funcionario adelantó que esta sugerencia del gobierno nacional será propuesta en el marco de las negociaciones entre la Nación y las provincias por la nueva ley de Coparticipación federal. De esta manera, el Gobierno impulsará un importante recorte en los gastos que insumen el funcionamiento de las legislaturas y los tribunales de justicia provinciales. Aunque en Misiones, la Legislatura tiene un presupuesto de 26,7 millones, lo que está por debajo del 3 por ciento que quiere poner como límite la Nación, la suma del Poder Judicial elevaría los millones a una cifra superior a los tres puntos, lo que haría necesario un ajuste en los números. De acuerdo al ahorro que realizado por la Cámara en el 2000, gastó 25 millones sobre los 26,7 según su presidente, César Raúl Humada, el Poder Judicial sería el que soporte más el ajuste. Aunque todo el paquete formará parte de una dura negociación entre el gobernador Carlos Rovira a la vuelta de sus vacaciones y los funcionarios de Economía, que desde la campaña de la Alianza vienen prometiendo ajustar en la política. «Acá hay que involucrar a la opinión pública», indicó Cetrángolo, como forma de convencer a las provincias de generar una reducción en sus gastos. La propuesta del Gobierno tomó mayor impulso tras conocerse, la semana pasada, un trabajo de cruzamiento de datos que manejan los ministerios de Economía y Trabajo, señalando que cada argentino tiene que trabajar, en promedio, 13 años para poder pagar el gasto que mensualmente demanda por todo concepto un legislador provincial medio. Los datos a los que tuvieron acceso periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda, indican que el sueldo mensual promedio de un trabajador es de 321,33 pesos contra 53.833 pesos que insume en gastos legislativos totales cada parlamentario provincial por mes. En el Palacio de Hacienda no se suministraron los gastos que insumen los poderes judiciales provinciales, aunque sí se conoció el gasto porcentual de cada legislatura respecto al presupuesto de cada jurisdicción. Si bien muchas jurisdicciones gastan menos que el tope de tres por ciento previsto por la administración central, vale la pena reiterar que éstos son sólo los gastos de las legislaturas, a los que falta adicionar las erogaciones del Poder Judicial. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, según informó una fuente del Palacio de Hacienda, el Poder Judicial sumaría un cinco por ciento más del presupuesto provincial, lo que daría un total de 7,5 por ciento, muy lejos del objetivo que quiere negociar el Gobierno con las provincias.