Habrían estafado a la Municipalidad de Posadas con facturas truchas por 200 mil dólares

Una concesionaria de autos tenía en su poder todas las facturas pagadas en el período 97-99, pero los inspectores al cotejar los números oficiales, se dieron cuenta de que nunca el dinero ingresó a las arcas municipales. El ardid se hacía con sellos apócrifos y sin la firma de ningún funcionario Una concesionaria de automóviles del centro posadeño habría estafado a la Municipalidad de Posadas con facturas truchas por un valor cercano a los 200 mil pesos por el pago de tasas de comercio desde 1997 hasta 1999. La maniobra fue detectada hace 25 días en un operativo de rutina de Tributos municipales y el expediente está actualmente en manos de la Fiscalía Municipal, con un posible destino a la Justicia penal para deslindar responsabilidades. La empresa vendedora de autos tenía en su poder todas las facturas pagadas en el período 97-99, pero los inspectores al cotejar los números con los oficiales, se dieron cuenta de que «nunca» el dinero ingresó a las arcas municipales. El ardid se hacía con sellos apócrifos y sin la firma de ningún funcionario responsable. El fiscal municipal debe ahora iniciar dos caminos para aclarar la situación: el primero, interno, con un sumario administrativo donde pueden ser responsables desde el cajero hasta el ex secretario de Hacienda de la administración anterior, y el otro, externo, con una denuncia penal que terminará en la Justicia. Según fuentes municipales, las dos vías ya están en movimiento y es inminente una denuncia penal contra los propietarios de la empresa. Al detectarse la maniobra, se intimó a la empresa a regularizar su situación, pero los empresarios hicieron caso omiso a la advertencia, por lo que vencieron los plazos para evitar todas las investigaciones. Sin embargo, hoy, según trascendidos, los empresarios harían una presentación espontánea y cancelarían la deuda, pagando un total de 130 mil pesos. Con eso, la parte económica quedaría resuelta, pero todavía seguirá en pie la causa penal. La Fiscalía es la que debe decidir cuándo se hace la presentación ante la Justicia, pero sería un hecho inevitable, ante el riesgo de ser denunciado por omisión.