Caso Cigarreta: Denunciaron por abuso de autoridad al secretario del fiscal Quantín y a un grupo de policías

En la presentación se menciona al doctor Francisco Posse y el subcomisario Alejandro Ortega, de la Policía Federal. La denuncia fue radicada por la hermana de la diputada justicialista bonaerense Norma Ancarani de Godoy con el patrocinio del abogado José Máss. Lucrecia Ancarani de Pernigotti, quien aparece mencionada en la investigación por la sustracción de la beba Rocío Cigarreta de una clínica de Mar del Plata en abril de 1997, radicó una denuncia ante el juez federal Ramón Claudio Chávez por considerar que la comisión de policías federales encabezados por el subcomisario Alejandro Ortega y el doctor Francisco Posse incurrieron en el delito de abuso de autoridad reiterado durante los allanamientos que realizaron en su vivienda en julio del año pasado. Uno de los allanamientos cuestionados se realizó el 13 de julio del año pasado en horas de la mañana en el domicilio de Ancarani de Pernigotti, quien reside sobre la calle Félix de Azara, casi en su intersección con San Martín. De acuerdo con la denuncia hecha por la mujer «debían limitarse al allanamiento, registro y secuestro de agendas y documentales, pero una vez constituidos en mi domicilio, haciendo abuso de su autoridad y con absoluta prepotencia, comienzan a interrogar a mis hijas menores, María Victoria Pernigotti de 16 años y María Antonella Pernigotti, de siete (7) años, a mi padre y a mi madre, quien se encontraba en esos momentos postrada por el tratamiento de un cáncer que viene padeciendo hace tiempo, sin respetar ninguna formalidad en los interrogatorios a menores ni a mayores, desconociendo los derechos de los mismos, sin hacerles conocer de qué hechos se le estaba preguntando y sin requerirse juramento». El segundo allanamiento cuestionado se realizó ese mismo día cuando los policías y Posse llegaron a la vivienda ubicada sobre la calle La Rioja al 1865, donde debían incautarse de documental perteneciente al médico ginecólogo Santiago Barreyro. «Sin embargo –de acuerdo con la denuncia- fueron interrogados, separados al efecto, los dos mencionados y su hijo Claudio, bajo las mismas circunstancias irregulares antes mencionadas, pero en el caso de Santiago Barreyro, sin hacerle conocer que podía callar aquellos hechos que conoce en razón de su profesión y que forman parte del secreto profesional». El abogado Máss sostiene en su denuncia que Ortega y Posse «tenían perfecto conocimiento de la extensión del acto para el que se encontraban autorizados y de la ley que estaban llamados a preservar, por tratarse de un abogado perteneciente al Ministerio Público Ordinario de la Nación y de un oficial de la Policía Federal Argentina. Con este conocimiento, decidieron violar la ley, vejaron innecesariamente a personas inocentes siquiera sospechadas, menores, ancianos, abusando de la autoridad que les fuera conferida». Al pedir la instrucción formal de una causa contra los funcionarios, el abogado posadeño pidió que se libre un exhorto al Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición N° 1 de Mar del Plata, a Cargo del doctor Pedro Federico Hooft, para que remita copia certificada de las actas de allanamiento, secuestro y documentación anexa correspondiente a las diligencias efectuadas el día 13 de julio de 2000 en los domicilios de calle La Rioja 1865 y Félix de Azara 233 y 227 de Posadas. Además, solicitó que sean citados a prestar declaración testimonial los médicos Santiago y Claudio Barreyro, Alejandro Sebastián de León, estudiante; Sergio Ariel Rodriguez, empleado; y Ricardo Luis Orlinski, comerciante.