Para el juez César Jiménez, bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema de la delincuencia juvenil

El magistrado fue el único misionero invitado por Unicef para debatir el problema. El encuentro se realizó en Uruguay a principios de diciembre. Idéntica postura tiene el penalista Raúl Zaffaroni. «Bajar la edad de imputabilidad es un acto de barbarie, no de civilización. Al niño no se le puede estirar de la oreja para que crezca», sostiene el juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez, uno de los once magistrados argentinos invitados por Unicef para debatir sobre la delincuencia juvenil. El encuentro se realizó a principios de diciembre en Uruguay y Jiménez fue el único misionero convocado por el organismo internacional. La polémica surgió a partir de la idea de bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad en la Provincia de Buenos Aires, donde la Policía viene aplicando «mano dura» contra la delincuencia por orden del gobernador Carlos Ruckauf. Para el juez Jiménez, «hay que terminar con el marketinetismo como efecto tranquilizador de la histeria colectiva» y aclaró que «la delincuencia juvenil no incide en absoluto en una estadística criminal». El magistrado indicó que los comunicadores sociales pueden colaborar para evitar que el proyecto prospere. «A la gente hay que decirle que los menores infractores tienen derecho a ser oídos, a una educación igualitaria, a ser protegido, a adquirir una identidad, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y derecho a la privacidad, entre otros establecidos por la Ley 16.137», señaló. «Hoy sería importante realizar una mirada hacia atrás y mencionar la Ley Agote de 1919 que fue la primer Ley Nacional de Menores. Para esa legislación, la única pena existente en esa época era la privativa de la libertad para los menores. Frente a esa triste realidad nace un movimiento de indignidad moral; estos pensadores de fines del siglo XIX consiguen una triunfante reforma dando nacimiento a un proceso de construcción social en la familia y el niño, donde si bien la parte tribunalicia se hizo eco setenta años después. Este movimiento significó el primer paso a un serio compromiso con la problemática del menor», recordó Jiménez. En ese sentido señaló que «todas las legislaciones vigentes convergieron el 6 de diciembre de 1989 en Nueva York, donde se realizó la convención que aprobó los Derechos del Niño, que no es ni más ni menos que un tratado específico sobre derechos humanos de los niños menores de 18 años». «Es el único instrumento omnicomprensivo de la problemática del menor que no deja ningún tema relativo a la infancia y adolescencia fuera». Para el juez misionero «lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer, pero es la Convención la que pone en crisis jurídicamente la discrecionalidad como paradigma. Los Derechos del Niño son Derechos Humanos, límite infranqueable contra cualquier arbitrariedad», agregó. Además aseguró que «los órganos de aplicación del Derecho debemos hacer lo que nos dice el maestro Bidart Campos: no firmar simplemente los tratados, sino cumplirlos, siendo lo contrario un ‘exhibicionismo democrático’. Finalmente, el magistrado hizo un llamado a la sociedad para «no mancar el procesado de desarrollo del niño». Zaffaroni opina igual El titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, Raúl Zaffaroni también se mostró contrario al proyecto de bajar la edad de imputabilidad. «El proyecto sólo sirve para condenar a la franja de 14 a 16 años que comete delitos de menor importancia, es para el ladroncito y no -como se quiere hacer creer- para agarrar al homicida y al violador». El penalista recordó que «después de los 16 años el adolescente en la Argentina es responsable penalmente. En la franja anterior, aunque sea inimputable, los delitos graves también se castigan; no es cierto que se les deje de aplicar un castigo por lo que hicieron». Sostuvo que el proyecto impulsado por el gobernador Ruckauf busca «criminalizar la pobreza» porque los delitos cometidos por los adolescentes «son en general resultado del deterioro en todos los programas sociales y la falta de proyectos.