En todo el año 2.000 la Nación y la Provincia no terminaron de ponerse de acuerdo en la entrega de los planes alimentarios.
Como en el juego del gran bonete donde nadie parece tener la culpa, durante todo el año que se va la Nación y la Provincia estuvieron sumergidos en una prolongada polémica respecto a los programas alimentarios que asisten a los sectores más frágiles de la sociedad. Es que, a pesar del optimismo con que la Ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide hace su balance del primer año de gestión, en Misiones su par provincial Graciela Depetris asegura que no se cumplió con las cuatro entregas previstas del programa Unidos. En ese sentido, en el transcurso del 2000 la relación entre ambas funcionarias tuvo picos de tensión que se alternaron con episodios de un diplomático consenso. Tal vez el punto más álgido se dio cuando desde Capital Federal pusieron en duda el manejo que hacían las autoridades provinciales de los programas sociales. A la amenaza de enviar a un veedor, sumaron la advertencia de canalizar la entrega por medio de Cáritas. Desde aquí, tanto la vicegobernadora Mercedes Oviedo y la ministra de Depetris desmentían las acusaciones y cargaban contra «la lentitud» que mostraba Desarrollo Social en el suministro de los envíos. En el medio, miles de misioneros soportaban temporales e inundaciones que se sumaban a la falta de comida con que llenar sus estómagos. Después del enfrentamiento sobrevino un periodo de consenso que fue sellado con la llegada de Fernández Meijide a la provincia. Se firmó el convenio para reemplazar a los programas PraNI y ASOMA por el Unidos y la relación se volvió más cordial. Para el análisis del nuevo año queda pendiente cómo se resolverá la situación de las 80.000 familias con Necesidades Básicas Insatisfechas reconocida por la propia Depetris y también de qué manera se agilizará la entrega de las cajas. El blindaje financiero de más de 40.000 millones es un hecho, el Presupuesto Nacional determina que habrá 225.000.000 de pesos para distribuir entre las provincias. Es mucho dinero y alguna parte debería servir para mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables del país y la provincia. Todo dependerá cuál es la prioridad que se impongan los gobernantes para el próximo año. Alguien deberá asumir la responsabilidad cuando la olla se encuentre vacía.







