El mandatario adelantó el apoyo de los gobernadores peronistas a la decisión del presidente si el Senado no vota la ley. A cambio, exigirán que no se veten artículos del Presupuesto, especialmente los referidos al FET y a los combustibles patagónicos [su_note note_color=»#cdcdcd»]El gobernador se mostró satisfecho por el ingreso de Misiones al Fondo Fiduciario y aseguró que "alcanza" para cubrir las obligaciones de la provincia en el 2001[/su_note]El gobernador Carlos Rovira aseguró anoche que «apoyará» junto a los demás gobernadores justicialistas el decreto de necesidad y urgencia que piensa firmar el Presidente Fernando de la Rúa si el Senado mantiene su posición de no sancionar la ley de Infraestructura que está cajoneada desde inicios de este año. Rovira se reunirá hoy con el Presidente para analizar la reforma impositiva y «cuestiones socioeconómicas», además de la puesta en marcha del Pacto Fiscal firmado en noviembre. Además, se formalizará el ingreso de Misiones al Fondo Fiduciario, al que entró el viernes con el acceso a 216 millones de pesos para refinanciar intereses y capital de la deuda pública para el 2001 y hasta el 2005. El gobernador se mostró satisfecho por el ingreso de Misiones al Fondo Fiduciario y aseguró que «alcanza» para cubrir las obligaciones de la provincia en el 2001. Con respecto al Plan de Infraestructura, indicó que «vamos a apoyar (el decreto) junto al resto de los gobernadores porque necesitamos en forma urgente la reactivación en un esquema federal». Rovira aseguró que «Misiones va a recuperar el financiamiento con la firma del Pacto Fiscal y el ingreso al Fondo Fiduciario» y que contará con la «construcción como herramienta de reactivación». Los gobernadores justicialistas le llevarían hoy un aval tácito al presidente Fernando de la Rúa para que promulgue por decreto la Ley de Infraestructura, una iniciativa que interesa a los mandatarios, si se vence el período de sesiones extraordinarias sin la sanción del Senado. El jefe de Estado recibirá a los gobernadores de todas las provincias en la residencia de Olivos a las 16, aunque las miradas estarán puestas especialmente en los justicialistas, que constituyen el principal polo de poder opositor, ya que administran 14 provincias. Dos justicialistas faltarán a la cita: el cordobés José Manuel De la Sota, quien por culpa de un percance deportivo se perderá la cumbre con la que el gobierno piensa despedir el año, y el santacruceño Néstor Kirchner, habitual ausente de este tipo de encuentros. De la Sota debió ser enyesado ayer al sufrir la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho luego de saltar de un metro y medio de altura, según informó su oficina de prensa. En su reemplazo, el gobierno cordobés enviará al titular del Senado provincial, el justicialista Carlos Presas, y al ministro de Economía, José Las Heras. Kirchner, por su parte, mantendrá su posición de enfrentamiento con el gobierno nacional y de distanciamiento de algunos de sus pares peronistas, pegando el faltazo a la reunión de mañana. Los gobernadores peronistas se encontrarán, previamente, a las 12 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en San Martín al 700 de la Capital Federal. Cada mandatario llegará con una propuesta, aunque los acercan diversos puntos de la agenda fijada para el encuentro con el Presidente. Entre ellos, se destaca la posibilidad de que De la Rúa formalice el Plan de Infraestructura mediante un decreto, una rebaja impositiva y la creación de una unidad ejecutora para los planes sociales hasta ahora a cargo de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. En el caso de Infraestructura, aunque varios gobernadores peronistas no le guardan ningún aprecio a los senadores del PJ -que retienen la ley para que se promulgue sin vetos el Prespuesto 2001-, en el CFI se acordaría pedirle al presidente «una decisión salomónica», según explicó un gobernador norteño. Esta solución consistiría en que, una vez vencido el período de sesiones extraordinarias sin que el Senado apruebe la ley de Infraestructura, el presidente firme el decreto que ponga en marcha ese programa de obras e inversiones. Uno de los gobernadores algo reacio a que el PJ le dé su aval a Fernando de la Rúa para que emita el decreto explicó que, «si bien existe un interés concreto nuestro para que las obras se hagan, es evidente que el decreto no es la forma para que se ponga en marcha la ley». «En esta cuestión está involucrado otro poder (el Senado), que representa a las provincias y es justo que se agote esa instancia antes del decreto», agregó un mandatario patagónico que tuvo un paso por la Cámara alta. Este aval del PJ depende de que tanto De la Rúa, como el jefe de Gabinete, Chrystián Colombo, y el ministro de Economía, José Luis Machinea, les confirmen que se mantendrán el Fondo Nacional del Tabaco y los subsidios a los combustibles en la Patagonia. Si el Ejecutivo decide vetar ambos puntos, los gobernadores saldrán de Olivos en pie de guerra y la ruptura del diálogo con el gobierno será inevitable, según explicó un gobernador alineado con Carlos Menem. Respecto de la propuesta del ex vicepresidente Carlos Alvarez de crear una unidad ejecutora que concentre los planes sociales, los gobernadores llevarán ideas para ampliarla. Algunas de ellas contienen un claro tinte político, como la intención de eliminar los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social. Respecto del manejo de los fondos sociales, la idea de los gobernadores, según explicó un integrante del Frente Federal Solidario (FFS), es que la gestión de los mismos esté a cargo las provincias y que el Ejecutivo nacional se limite a controlar que se cumplimenten los planes. Según pudo averiguar, en la Jefatura de Gabinete estarían elaborando una propuesta alternativa a la del ex vicepresidente, que unificaría los planes sociales y obligaría a las provincias a participar de la creación de un padrón único de beneficiarios. Con respecto a la posibilidad de que el gobierno nacional les imponga una drástica rebaja impositiva, los gobernadores están de acuerdo, aunque varios de ellos, como el representante de De la Sota y el salteño Juan Carlos Romero, le recordarán a De la Rúa que esos distritos «eliminaron los impuestos distorsivos hace varios años».







