Los peronistas avalarán el decreto de necesidad y urgencia para el Plan de Infraestructura. Comienza la negociación para eliminar los gastos políticos y de las Legislaturas provinciales. Analizarán el blindaje económico El presidente Fernando de la Rúa le pedirá a los gobernadores justicialistas y aliancistas la eliminación de impuestos distorsivos como sellos e ingresos brutos y comenzará una larga negociación para ponerle un tope a los gastos provinciales, especialmente en las Legislaturas y en la Justicia. De la Rúa y los mandatarios se reúnen a las 16 en la residencia de Olivos, con lo que el presidente pretende cerrar el año con una imagen de diálogo con los mandatarios de todas las provincias, pero especialmente las justicialistas. En el encuentro buscará el aval de los mandatarios del PJ para sacar por decreto el Plan de Infraestructura y los jefes provinciales están dispuestos a apoyar, ya que el programa contiene obras esenciales para la reactivación económica de las provincias. El misionero Carlos Rovira ya anunció ayer que apoyaría el decreto porque son obras que servirán a la reactivación de la economía. Además, se analizará el blindaje económico que recibió el país y la reforma previsional. Los mandatarios peronistas, que previamente se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones, pedirán que el blindaje también se traduzca en beneficios sociales para las provincias. Estos son los temas que se tratarán en la reunión: Gasto primario (gasto corriente sin pago de la deuda): Cumplimiento estricto del compromiso alcanzado con las provincias de no aumentarlo. La idea es que el pacto que firmaron los gobernadores el 21 de noviembre se cumpla a rajatabla. Economía busca estandarizar un sistema de información para que de manera clara y rápida se pueda saber en qué situación está cada provincia. · Impuestos: Buscarán armonizar políticas tributarias. Economía quiere que se eliminen los denominados impuestos «distorsivos» (sellos e ingresos brutos) y encontrar la forma de reemplazarlos. Esto será difícil, porque son justamente estos impuestos los que le arriman recaudación propia (no girada por el Estado nacional) a varias provincias. Además, se buscará la simplificación tributaria, como forma de comprometer a las provincias en la lucha contra la evasión fiscal. · Coparticipación: El Gobierno quiere que se cumpla con un compromiso firmado a principios de año. Y es que el proyecto de una nueva Ley de Coparticipación Federal tenga al menos «estado parlamentario» en algún momento de 2001. · Gasto social: Se buscará llegar a algunos puntos de consenso, como la conformación del Padrón Unico de Beneficiarios, y redactar la agenda del gasto social, una idea arrimada tiempo atrás por el ex vicepresidente Carlos Alvarez. · Reforma de los estados provinciales: Es parte del compromiso firmado por una decena de estados provinciales a principios de este año. El gobierno central les garantizaba la refinanciación de sus deudas a cambio, entre otras cosas, de una reforma de sus estructuras burocráticas. En este punto no están incluidas, por ahora, todas las provincias. Porque hay distintas reformas en marcha. Por ejemplo, Buenos Aires, con asistencia del Banco Mundial, y Córdoba, con su plan de privatizaciones. · Gasto «político»: Se buscará igualar los salarios de los funcionarios y empleados públicos de todas las jurisdicciones. Y, quizá lo más importante, lograr que los poderes Legislativo y Judicial de las provincias se avengan a hacer lo mismo. Esto es parte del denominado «compromiso federal para la transparencia en el ejercicio de la función pública». Otro de los objetivos de este punto es eliminar cualquier cláusula de reajuste salarial automático.







