El Superior Tribunal de Justicia recién decidirá sobre el destino de los autos secuestrados después de las ferias

Todavía no se sabe si habrá sanción para los jueces y funcionarios que no mandaron a remate los bienes secuestrados. Incumplieron leyes y acordadas del STJ. Márquez Palacios indicó que toda la información se dará a la prensa La polémica suscitada por los vehículos secuestrados por la Justicia que quedaron en manos de funcionarios de los tres poderes del Estado sin ir a remate, recién podrá dilucidarse en febrero del año que viene, ya que el Superior Tribunal de Justicia decidió tomarse su tiempo para emitir un fallo. El magistrado Julio Máximo Silveira Márquez tiene en sus manos el primer voto de los nueve que deben darse y recién comenzó a analizarlo, postergando su firma para después de las ferias judiciales. Según la información con la que cuenta el máximo tribunal, serían al menos 100 autos los que no fueron a remate después de ser secuestrados por la Justicia y quedaron en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El STJ intimó en reiteradas ocasiones a los jueces y magistrados que se «hicieron los distraídos» y no brindaron información sobre el destino de los vehículos, pero muchos fueron reacios a entregar la documentación requerida. Recién la semana pasada, el STJ contó con la información suficiente, y según su presidente Manuel Augusto Márquez Palacios, «se tomó la decisión de dar a conocer todo a la prensa» en cuanto se emitan todos los votos. Las primeras informaciones que manejaba el Superior Tribunal de Justicia sobre autos secuestrados y entregados en depósito judicial revelaron que los jueces no cumplieron con la ley, al menos cien vehículos. Los jueces están obligados a mandar a remate los vehículos secuestrados a los seis meses si no hubo reclamos. Esos autos estaban a cargo de los jueces después de los secuestros, pero fueron dados en guarda a distintos funcionarios del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. A pesar de las constantes dilaciones, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Augusto Márquez Palacios, afirmó «que en todos los casos fueron dadas en depósitos a instituciones y dependencias, como lo indica la ley». Desde mediados de año, la Corte provincial está reclamando información sobre los autos y hasta ahora se tiene información sobre 100 autos secuestrados. Según la ley 2795, todos los bienes muebles que se encuentren a disposición de la Justicia y no se reclamen, transcurridos seis meses deben ser vendidos en subasta pública. Las primeras acordadas emitidas por el Superior Tribunal en relación a los autos secuestrados datan de 1988, pero a la luz de los resultados, nunca se cumplió con la ley, ya que hubo pocos remates como marca la legislación sancionada en el gobierno de Julio César Humada. Las acordadas expresan que (quedarse con un auto secuestrado o entregarlo a algún funcionario) «es improcedente e incompatible con la función pública» y aseguran que «no ha demostrado ser una solución contra el deterioro», ya que se llegó hasta la destrucción total de un vehículos. Otra de las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia, señala que retener vehículos u otros bienes que deben ser rematados «contribuye a formar una opinión pública desfavorable y que va en contra de la ejemplaridad» que deben demostrar los jueces y funcionarios del Poder Judicial. Aún no se conoce qué determinación tomará el STJ con relación a los autos secuestrados y si les cabrá alguna sanción a los jueces que incumplieron abiertamente con la ley al no mandar a remate el producto de sus secuestros. En primera instancia, se pediría la devolución de los autos que no estén en dependencias judiciales o de bien público, y el segundo paso sería una gran subasta pública. A raíz de la polémica que se generó por la falta de información sobre los vehículos secuestrados, el oficialismo presentó un proyecto de ley que permita que los autos en depósito judicial sean entregados a las reparticiones públicas en vez de ser rematados. La iniciativa de los legisladores César Humada y Orlando Gil Navarro generó un duro debate con el Superior Tribunal de Justicia, que reclama que los vehículos sean vendidos en subasta pública y que el dinero vaya a parar al fondo de Justicia. Pero los diputados defendieron su proyecto-que no fue tratado en la Cámara de Diputados- ya que de esta manera, la provincia contaría con vehículos para áreas prioritarias como la salud y la asistencia social. Para garantizar que los vehículos no sean utilizados por funcionarios o particulares, se creará un registro único de autos en depósito judicial.