La ley fue sancionada anoche por la Legislatura. Era uno de los reclamos de los docentes que paralizaron las clases en julio. UDPM mostró su satisfacción. No significa más gasto para el Estado, ya que no aumentan salarios ni se crean cargos. Fue el paso previo a la discusión de una ley provincial de Educación [su_note note_color=»#cdcdcd»]"No se si vamos a conformar a todos, pero con esta ley por lo menos conformamos a la mayoría", se sinceró la diputada del oficialismo, Celia Isla de Saraceni, una de las principales impulsoras de la ley.[/su_note]La Cámara de Diputados aprobó anoche por unanimidad la titularización masiva para docentes y personal jerárquico como medida de «excepción» y como paso previo al debate de una ley provincial de Educación, que será prioridad en lo primeros meses del 2001. La ley alcanza a 3250 docentes interinos y a 58 mil horas cátedra y no genera gasto alguno para el Estado, ya que se mantienen salarios y no se crean nuevos cargos. Después de un largo y trabajoso debate, los 40 legisladores levantaron la mano para sancionar la ley, e inmediatamente se desató el festejo de la veintena de docentes y funcionarios de Educación que asistieron a la Cámara de Diputados. «Esto nos permite pasar un buen fin de año», afirmó Alberto Galarza, gremialista de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. La titularización docente era un reclamo de los docentes que mantuvieron una huelga de un mes entre julio y agosto y figuraba en el punto sexto del acuerdo con el ministro de Educación, Pablo Tschirsch, que permitió levantar la medida de fuerza. Aunque se trató de una ley de excepción, es la novena titularización que se aprueba en los últimos años, aunque esta vez fue consensuada con los gremios y la oposición. Esta vez, la autorización al Consejo General de Educación incluye a docentes de los niveles de Enseñanza Inicial, Educación General Básica, Regímenes Especiales y Enseñanza Polimodal, además de los Institutos de Formación Docentes. Los docentes interinos podrán adherirse voluntariamente a la titularización y el personal jerárquico deberá pasar por una serie de concursos previos. El personal de base, deberá tener dos años de antigüedad y el de mayor jerarquía, cuatro. La ley, de 167 páginas, incluye al personal «activo» y no sólo al que está frente al aula, por lo que los docentes con uso de licencia gremial, por mayor jerarquía o enfermedad, también podrán acceder al beneficio. «No se si vamos a conformar a todos, pero con esta ley por lo menos conformamos a la mayoría», se sinceró la diputada del oficialismo, Celia Isla de Saraceni, una de las principales impulsoras del debate. Del otro lado, la legisladora Gloria Llamosas también destacó los alcances de la ley al dar su apoyo «crítico». Pero Llamosas reclamó «no más medidas de excepción, porque esto significa que los funcionarios del Consejo de Educación no hicieron bien los deberes. Como somos una provincia pobre, no podemos darnos el lujo de no invertir en educación y esta ley viene a poner un poco de orden a la anarquía legislativa en un educación, pero no se puede improvisar más». La intervención de Llamosas generó un duro cruce de acusaciones entre oficialismo y oposición, donde se sacaron a relucir viejas cuestiones de campaña y de años anteriores, como la aprobación de la EGB3. El ex presidente del bloque aliancista, Edmundo Soria Vieta opinó que esta ley «permitirá terminar con el apriete hacia los docentes que hacía el peronismo en época de campaña». Cuando las cosas se estaban yendo del punto central, que era la aprobación de la ley, la cordura se impuso y cerca de las 22, los 40 diputados dieron su acuerdo para la sanción. Las acusaciones cedieron paso a los festejos.
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