La presidenta del Tribunal, Demetria González de Canteros continúa con licencia. Este fin de semana comienza la feria judicial y todo se paralizará hasta los primeros días de febrero. Sin muchas expectativas de lograr que el Tribunal Penal 1 se expida antes del inicio de la feria judicial sobre el pedido de nulidad del fallo que liberó al médico Hugo Fernando Salazar del Risco, la fiscal Liliana Mabel Picazo presentó ayer un escrito solicitando «pronto despacho» del recurso porque los plazos establecidos por el Código Penal «están totalmente vencidos». La jueza que presidió el debate, Demetria González de Canteros continúa con licencia y es poco probable que se reintegre a sus funciones antes del inicio del período de vacaciones, que se extiende hasta fin de enero. La magistrada habría tomado licencia para tener más tiempo para poder fundamentar claramente los motivos por los cuales rechazaría el planteo de nulidad de la polémica sentencia. La fiscal Picazo sabe que tiene muy pocas chances de que su recurso de Casación se aceptado por los dos jueces que decidieron liberar por el beneficio de la duda al médico acusado de armar la bomba que el 15 de octubre de 1998 mató en El Alcázar a Jorge «Pelado » Brítez y lesionó en ambas piernas a Maximiliano Piris. En caso de que los jueces le bajen el pulgar a su pedido, la fiscal recurrirá en queja al Superior Tribunal de Justicia en un intento por volver a sentar en el banquillo de los acusados al médico. LA SENTENCIA El pasado 22 de noviembre, en un fallo dividido, los miembros del Tribunal Penal 1 absolvieron por el beneficio de la duda a Salazar del Risco. La jueza Demetria González de Canteros sostuvo que varios de los testimonios que incriminaban al médico no eran válidos porque había enemistad por parte de los declarantes. Además, indicó que la Policía dejó muchas líneas sin investigar y se ensañó con el imputado. Su colega Angel Dejesús Cardozo sólo adhirió a la fundamentación de González de Canteros, lo cual le valió una dura crítica por parte de la fiscal Picazo. Por su parte, el camarista Roque Martín González votó en disidencia y solicitó que el imputado fuera condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado y lesiones leves calificadas en concurso real. Para el magistrado, en el debate quedó claro que la persona que armó y activó la bomba fue Salazar del Risco y fundamentó su voto en lo señalado por al menos media docena de testigos que aportaron fuertes y concordantes indicios sobre el imputado. En su pedido de nulidad del fallo, la fiscal indicó que «un pensamiento con dos firmas que absuelve por la duda y otro pensamiento que condena a prisión perpetua crea inseguridad jurídica». Finalmente agregó que el polémico fallo coloca a todos «ante un caso de gravedad institucional. La eficacia y objetividad de nuestra administración de Justicia debe protegerse y para mantener incólume la confianza en el Poder Judicial, la sentencia debe ser revisada».







