Los municipios podrán tomar deuda hasta el 20 por ciento de su coparticipación y sólo si no violan la Solvencia Fiscal

Se podría tratar este jueves con modificaciones hechas por los legisladores. El ministro de Gobierno reconoció que el proyecto original era «un cheque en blanco» para los municipios. Se pondrían topes y requisitos infranqueables La idea del gobierno provincial de apoyar un nuevo endeudamiento de los municipios comenzó a hacerse carne en la Cámara de Diputados, donde el jueves podría aprobarse la ley que avale el endeudamiento de las comunas, aunque con un tope de hasta el 20 por ciento de la coparticipación o un máximo de 15 millones, que «no figuraba en el original» que envió el Poder Ejecutivo. Las modificaciones surgieron hoy en una reunión entre diputados y el ministro de Gobierno, Juan Carlos López, quien admitió que «se estaba entregando un cheque en blanco» a los municipios con el texto original de la ley. El aval es para un plan de Reformas y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo que destina el 60 por ciento de las nuevas deudas a inversión y un 40 por ciento a reformas administrativas. La intención del Poder Ejecutivo fue anticipada por esta agencia hace dos semanas y se detallaba que la ley pretende garantizar con recursos de la coparticipación provincial «nuevos créditos» que tomen las comunas con el Banco Interamericano de Desarrollo para un Programa de Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos. El proyecto, con la firma de Rovira ingresó a la Cámara el 23 de noviembre y está siendo analizado por la comisión de Presupuesto y Hacienda, que hoy recibió a López. El crédito que se le otorga a los municipios está destinado en un 60 por ciento a inversión y un 40 por ciento a la reforma administrativa, con lo que el Banco se garantiza el repago de la deuda a través de la disminución de los costos municipales. Sin embargo, quedan gruesas dudas en el proyecto del Ejecutivo en cuanto a qué porcentaje de la coparticipación puede ser afectado de la provincia y cómo recuperará el empréstito, con las economías ahogadas de los municipios. La coparticipación misionera ya está afectada en más de 40 por ciento. Fuentes de Casa de Gobierno señalaron que el programa se aplicará a la «modernización de los Estados municipales, a la informatización de catastro y a inversiones locales». El financiamiento del BID es el mismo -aunque en segunda versión- que hoy no pueden pagar los municipios y por el que solicitan una refinanciación. Con este crédito, las municipalidades compraron maquinaria vial e hicieron obras en sus localidades. Los funcionarios provinciales no pudieron asegurar que con este aval a la toma de nueva deuda no se viole la ley de Solvencia Fiscal -que apunta a achicar el endeudamiento- y el mismo Pacto Federal que firmó la provincia con la Nación, que pretende el congelamiento de gastos por cinco años ya que, si los municipios no devuelven el dinero, el endeudamiento provincial crecería. El proyecto otorgaba el crédito de manera discrecional, es decir, sin fijar un tope al endeudamiento de los municipios, que según los funcionarios, está dado por la capacidad de tomar deuda que será evaluada por la Nación. Ese fue el punto en el que hicieron hincapié los legisladores, tanto de la Alianza como del oficialismo, que apuntaron que con este aval del gobierno, corría peligro el cumplimiento de la ley de Solvencia y la misma Constitución Provincial, que permite un endeudamiento sólo de un 25 por ciento de la coparticipación que reciben. Sólo si se fija un tope al endeudamiento que podría variar entre los parámetros de población (un millón para los más chicos y hasta 5 para los más grandes), el 20 por ciento de los presupuestos o un techo de 15 millones. Como es una ley de endeudamiento, se necesitan los dos tercios y la Alianza acompañará solo si no se viola ley de Solvencia y la Constitución. Los legisladores de la oposición quieren completar la información, por lo que es posible que la ley no salga tampoco este jueves, si Hacienda no entrega todos los números. Paradójicamente, en sus argumentos el gobernador plantea que «resulta prioritario a la gestión de gobierno que impulsa este Poder Ejecutivo, lograr mecanismos y procedimientos que tiendan a racionalizar y optimizar los recursos con que cuenta el Estado provincial y las administraciones municipales». El programa de Reformas tiene como objetivo principal crear condiciones institucionales que permitan el desarrollo autosostenido de los municipios de la provincia, promover el equilibrio fiscal sostenible mediante el aumento de sus ingresos y mejor control de gastos. Por otra parte, propicia aumentar la eficiencia de la prestación de servicios, mejorar la programación de inversiones y financiar proyectos, modernizar los sistemas internos de administración y -principalmente- apoyar la creación de mecanismos financieros que permitan a los municipios tener acceso a los recursos del mercado de capitales para el financiamiento de sus inversiones. La provincia, que por un lado impulsa «un ahorro» de los municipios, por el otro, se compromete a acompañar y «respaldar» a las intendencias en un nuevo endeudamiento, que «servirá para mejorar la calidad de las gestiones municipales». Este nuevo endeudamiento, que podrá ser con el BID, con el Nación o con cualquier banco extranjero o local, y contará con la garantía de la coparticipación provincial hasta la «cancelación» de los préstamos. Sólo se necesitará el aval del Ministerio de Gobierno y del jefe de Gabinete, que actuarán como autoridad de aplicación y la garantía incluye intereses, amortizaciones, eventuales gastos y todos aquellos cargos que pudieran adeudar las municipalidades. La deuda será debitada directamente de la coparticipación, de manera que ante una caída de la recaudación municipal o el prolongamiento de la recesión, los municipios podrán verse aún más afectados por la escasez de recursos.