Otros de los áreas en que insistió en calificar como positiva fue la Dirección de Tierras y Colonización, donde el gobierno trabaja para que los colonos puedan acceder a los títulos de propiedad, tanto en terrenos fiscales como privados. «Es positivo porque pasan de ser ciudadanos de segunda a ser de primera. Pueden plantar árboles, o lo que quieran pero es de ellos. Además, esto evita el éxodo y permite la supervivencia de las familias. En cinco años esperamos solucionar el tema de la propiedad de la tierra de la mayor parte de los colonos intrusos», estimó Luis Rey. Para el funcionario «se terminó la época en que grandes terratenientes podían abandonar grandes extensiones de tierra por años, sin dejar la posibilidad de asentarse a los productores que desean trabajar el suelo». En ese sentio, Rey destacó la modificación de los artículos 3º y 8º de la Ley Provincial 3141, que regula la participación del Estado en el proceso de regularización de la tenencia y dominio de la tierra, en aquellos casos en que los particulares cedan propiedades para la cancelación de impuestos o gravámenes. Por medio de esta norma, la Provincia puede cancelar deudas impositivas a cambio de tierra, la que luego es vendida a precios accesibles a los colonos. Según la modificación sancionada el jueves pasado , estos productores «intrusos» deben contar con una antigüedad no menor a los 5 años. En principio, el Ministerio del Agro y de la Producción envió dos semanas atrás un proyecto para bajar a ocho años el requisito. Sin embargo, la Pastoral Social de la Diócesis de Iguazú que encabeza los reclamos había sostenido que no todas las 8500 familias que se encuentran en situación irregular pueden cumplir con ese requisito. Habían pedido que se baje a 3 años, pero quedaron conformes la disminución a 5 años.







