La Corte Suprema le dio la razón a Misiones por las tierras de Puerto Península

El máximo tribunal desestimó la presentación de inconstitucionalidad de la Ley de donación de 6900 hectáreas en Puerto Península porque el Ejército demandó a la provincia en vez de hacerlo contra el estado Nacional. La Ley quedaría firme de no existir nuevas presentaciones y Misiones podría tomar posesión. Faltan realizar los estudios de mensura. Se destinarían al desarrollo turístico y a explotaciones sustentables Luego de varios meses de trámites judiciales, la provincia de Misiones podría tomar posesión de las 6900 hectáreas de Puerto Península que fueran transferidas al patrimonio provincial a través de una Ley sancionada en el Congreso Nacional, a raíz de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió no hacer lugar a la demanda interpuesta por el Ejército Argentino. La máxima instancia jurídica del país, consideró que la presentación del Ejército contra la provincia por la cual solicitaba la inconstitucionalidad de la Ley, no era correcta ya que la misma debería haberse hecho contra el estado Nacional y no contra un estado provincial, por tratarse de un instrumento público sancionado por el Congreso de la Nación. Además, la Corte, desestimó la demanda de la fuerza de seguridad porque la orden para iniciar la causa no la había firmado el Jefe del Estado Mayor, en ese entonces el general Martín Balza, sino su segundo en el mando, cuando el reglamento de la fuerza no lo autoriza. De esta manera, la cuestionada Ley de donación queda en vigencia al no existir una de las partes demandadas (Misiones) y por quedar promulgada automáticamente por el tiempo que lleva de sancionada. Las tierras en cuestión, ocupan una parte importante que rodea a la ciudad de Puerto Iguazú, el Parque Nacional Iguazú y las dependencias que en la zona posee el Ejército Argentino. La extensión de las mismas es de aproximadamente 14.000 hectáreas, de las cuales fueron trasferidas a la provincia unas 6900. Además, distintos estudios de tasación determinaron que tendrían un valor aproximado de 300 dólares la hectárea, por lo que representaría para la provincia unos 2.100.000 pesos. En este momento, existen diferencias en cuanto a los límites de la porción de terreno que le corresponde a Misiones, por lo que habría que realizar tareas de mensura, con las dificultades que las características del terreno presenta. Esas tierras, fueron donadas por el Congreso de la Nación a instancias de un proyecto de Ley presentado por el senador Nacional Julio Humada, que luego de aprobado fue vetado por el entonces presidente Carlos Menem. El Parlamento insistió en su legitimidad y la devolvió al Poder Ejecutivo, quien nunca la publicó en el Boletín Oficial por lo que la misma, al no contar con ninguna declaración de inconstitucionalidad en su contra, quedó promulgada por el tiempo pasado desde su sanción. Paralelamente a todo esto, el Ejército interpuso un recurso de nulidad de la norma en contra de la provincia de Misiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la que la provincia contestó con una «excepción de falta de personería», que tiene que ver con la autorización para iniciar la demanda mencionada anteriormente, a lo que el máximo tribunal nacional respondió favorablemente a Misiones. Luego del recambio institucional, el general Brinzoni como nuevo jefe del Ejército otorga un nuevo poder para reiniciar la causa, a lo que la provincia responde con una presentación por «falta de legitimación pasiva», ya que una provincia no puede ser demandada por inconstitucionalidad de una Ley sancionada en el Congreso Nacional, por lo que la causa tendría que haber sido iniciada contra la Procuraduría Nacional del Tesoro. Una vez llegado a este punto, la Corte Suprema falló a favor de la presentación de la Fiscalía de Estado de Misiones, por lo que el recurso presentado por el Ejército quedó sin efecto y la Ley en cuestión en plena vigencia. Toda esta cuestión, podría ingresar nuevamente a los fueros judiciales si el Ejército Argentino interpone una nueva demanda para frenar la donación, esta vez contra el propio Estado Nacional. De suceder esto, la provincia de Misiones solicitaría a la Corte Suprema que autorice la intervención del Estado provincial bajo la figura de «terceros interesados».