Diputados convirtió en ley el Presupuesto 2001

La ley mantiene una pauta global de gastos de 51.896 millones de pesos, pero dispuso un aumento del déficit de 4.800 a 7.000 millones de pesos, y una tasa de crecimiento del 2,5 por ciento del PBI, en lugar del 3,7 por ciento que se había previsto en setiembre La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Presupuesto para el 2001 y así otorgó la última herramienta legislativa que faltaba sancionar, para que el gobierno concluya las negociaciones con el FMI a fin de obtener el blindaje financiero de más de 25.000 millones de pesos. De esta manera, el Poder Ejecutivo contará con las leyes de Presupuesto y el Pacto fiscal-que congela el gasto público por cinco años- exigidas por los organismos internacionales para aprobar esa ayuda económica, que funcionará como garantía de que la Argentina cumplirá sus obligaciones con los acreedores. La sanción del primer presupuesto del gobierno aliancista fue extremadamente compleja, y requirió una laboriosa negociación entre el oficialismo y la oposición, en el marco de una severa crisis económica que obligó a la Argentina a pedir un blindaje financiero. Estas tratativas derivaron en un nuevo dictamen que mantuvo una pauta global de gastos de 51.896 millones de pesos, pero dispuso un aumento del déficit de 4.800 a 7.000 millones de pesos, y una tasa de crecimiento del 2,5 por ciento del PBI, en lugar del 3,7 por ciento que se había previsto en setiembre. En este contexto de dificultades, la Alianza consiguió dar sanción definitiva al Presupuesto, pero no pudo imponer su criterio de revertir la votación del Senado en los artículos referidos a los fondos provinciales del Tabaco y del subsidio al gas y las naftas patagónicas. En cambio, el oficialismo aceptó respaldar el artículo 18 votado por el Senado que permite restituir gradualmente la rebaja salarial que sufrieron los empleados públicos, como consencuencia de un ahorro que deberán producir los organismos dependientes del Poder Ejecutivo. No obstante, esa medida no se aplicará y continuará rigiendo la rebaja salarial del 12 por ciento sobre los sueldos superiores a los 1.000 pesos, ya que se prevé que el Poder Ejecutivo vete este artículo incluído en el Presupuesto, según anunció esta tarde el ministro de Economía, José Luis Machinea. Quedó pendiente para la discusión de la reforma política el financiamiento de los partidos políticos, que hoy quedaron sin recursos estatales, por la decisión de aliancistas y peronistas de rechazar el artículo que destinaba dos pesos por voto a ese fondo especial. El debate para dar sanción definitiva al Presupuesto se extendió más de seis horas, en cuyo transcurso los diputados repitieron las posturas expuestas en las tres sesiones que demandó la sanción original de esta iniciativa entre el 28 y el 30 de noviembre. Como sucedió en aquella ocasión las posturas oficialistas fueron expuestas por el presidente de la bancada Darío Alessandro, el vicepresidente Horacio Pernasetti, el titular de la comisión Raúl Baglini, y el bonaerense radical Gabriel Dumón, en tanto que la voz opositora estuvo cargo del jefe de la bancada peronista, Humberto Roggero. La discusión se abrió con el tratamiento del artículo 18, que ahora será vetado por el Poder Ejecutivo, en cuyo transcurso el presidente de la Alianza, Darío Alessandro, explicó los motivos por los cuales se había decidio no votar en contra de la reforma introducida por el Senado. Si bien se esperaba un debate más arduo en torno a la reducción a los salarios públicos, los temas más polémicos que demandaron una particular atención fueron los fondos provinciales de tabaco y del subsidio al Gas y a las naftas patagonicas, en especial el referido a los controles para impedir la evasión. En el caso del subsidio del gas, la Alianza perdió la votación al no alcanzar los dos tercios, con lo cual las tarifas serán dispuestas por cada gobierno provincial, en lugar de Energas, como proponía el gobierno en su proyecto. La modificación del artículo sobre las naftas para eliminar el sistema de cupos diseñado por la Alianza a fin de evitar la evasión tributaria, generó una ardua polémica, en la cual el diputado aliancista Rafael Flores, denunció que estas medidas «hubieran impedido el desvío fiscal de 75 millones de pesos». «Desgraciadamente los diputados del justicialismo respaldaron la eliminación de un régimen especial de control para luchar contra los delincuentes que aprovechan este beneficio patagónico perjudicando al fisco en 75 millones de pesos», agregó. Baglini dijo que la decisión eliminar el artículo 42 «suprime la posibilidad de tener control efectivo sobre las naftas patagónicas» y dijo que se insistirá «para tener una herramienta que nos permita combatir con mayor éxito la evasión tributaria». Por su parte, Roggero dijo que «vamos a apoyar la desaparición del artículo 42» aunque reconoció que el tema de los combustibles y su comercializacion «es un debate que no debemos dar». En la discusión intervino Domingo Cavallo, que ayer participó en la sesión del Presupuesto -lo que no sucedió hace quince días- y dijo que «se está exagerando con el supuesto control de ese subsidio» y se pronunció a favor de eliminar este gravamen porque «es un absurdo» mantener esta alícuota. También hubo un largo debate sobre las modificaciones introducidas por el Senado al artículo sobre el Fondo del Tabaco, que dispuso que los fondos excedentes a los 186 millones se repartan entre las seis provincias productoras. La votación no fue favorable a la Alianza. En ese sentido, el diputado tucumano de la Alianza, José Vitar, se quejó de esta medida del Senado y advirtió que «si hay un veto no quedará la posibilidad de utilizar el remanente entre las provincias, como hubiera sucedido si se respetaba la sanción original de diputados». Los diputados habían votado un tope de 186 millones y que el excedente quedase para el 2002, y el Senado modificó este artículo para que se distribuyan todos los recursos entre las provincias productoras. Otro tema que abrió un debate fueron los fondos para los partidos políticos, y ahi se unieron con distintos argumentos el justicialismo, la Alianza y los provinciales para rechazar el artículo del Senado, que estableció que los recursos estatales serán de dos pesos por voto. La votación fue de 135 contra 39 votos en contra, que recibió el artículo incorporado por los senadores. Ahora, la discusión quedará saldada cuando se apruebe la ley de reforma política, y se dispongan los montos que recibirá cada partido político como aporte estatal, que podrían oscilar entre un peso a tres pesos por voto, como se aplica en la actulidad. Además, la Alianza no pudo conseguir los dos tercios en el artículo referido a la creación de un régimen optativo para anticipar la cancelación de diferimientos fiscales, que obliga al gobierno a derivar un 10 por ciento de esos recuperos a las provincias. En tanto, tuvo más suerte la Alianza para imponer su criterio en los artículos para que la AFIP pueda cobrar un porcentaje del 0,5 por ciento a las obras sociales, en concepto de honorarios por efectuar las tareas de recaudación, y sobre el PAMI, para que se reasignen partidas para asumir la deuda de la obra social de los jubilados. Además, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones del Senado para que continéen las pensiones graciables que todos los años otorga el Congreso, por el lapso de diez años, en lugar del sistema de habilitar nuevas pensiones a medida que se hayan concluido las que están actualmente vigentes.