Se regularizarían 3.903 cargos y 58.944 horas cátedra. Los beneficiados serían entre 5.500 y 6.000 docentes. Los diputados del bloque PJ y el Ministro de Educación se reunieron este mañana. Ratificaron la voluntad política de sancionar la ley. Diputados del bloque justicialista de la legislatura misionera se reunieron esta mañana con el Ministro de Educación Pablo Tschirsch y con el presidente del Consejo General de Educación, Miguel Molina para ratificar de manera conjunta que el oficialismo tiene la «voluntad política» de aprobar la titularización masiva de docentes antes de fin de año. La titularización fue incluida como el punto seis en el compromiso suscripto entre el Gobierno y los gremios docentes como condición para dar por finalizado el conflicto que mantuvo a maestros, profesores, directores y hasta supervisores en calles y plazas de la provincia todo el mes de julio y parte de agosto. Si se concreta su aprobación legislativa en la sesión del jueves 21 Se regularizarían 3903 cargos y 58.944 horas cátedra. Los beneficiados serían entre 5.500 y 6.000 entre maestros y profesores que se desempeñan en los distintos establecimientos de la provincia. «La reunión fue, sobre todo, para ratificar nuestro compromiso y el del Ministerio de Educación de aprobar la titularización, tal cual se había acordado», señaló la diputada Stella Pesso de Hobecker, integrante de la comisión de Asuntos Sociales, Salud Pública y Educación que preside su copartidaria Celia Isla de Saraceni. Aunque la diputada sostuvo que la intención de la comisión es «sacar lo mejor de los cuatro proyectos presentados», lo más probable es que se sancione la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo el jueves 30 de noviembre pasado. OBJECIONES SINDICALES Aunque coinciden en líneas generales con la necesidad de efectivizar en sus cargos a los docentes interinos, el gremio teme que el proyecto firmado por Carlos Rovira «partidice» las designaciones. En ese sentido, cuestionaron una serie de artículos que- aseguran- no fueron acordados en la Comisión Multisectorial que integran representantes del Gobierno, del Ministerio y Consejo de Educación, y de los sindicatos. Entre los puntos mencionados se encuentra el artículo 1º que señala que la titularización alcanzará «a los docentes de Establecimientos de Enseñanza Oficial de gestión estatal (..) que revisten como interinos al frente de alumnos en los niveles Inicial, EGB, Régimen Especial, Enseñanza Media y/o Polimodal». Para UDPM, el espíritu de impulsar una titularización masiva se vería contrariado con el requisito de la permanencia al frente del aula. Los gremialistas conjeturan que se trata de un punto diseñado para atacarlos directamente. «Si ya se eliminaron las comisiones de servicios, no tiene sentido poner como condición la permanencia frente al aula. Lo que se quiere es excluir a los sectores de representación sindical», había dicho el secretario adjunto Alberto Galarza. TEMOR A «FAVORITISMOS» Los representantes del gremio se reunieron la semana pasado con los diputados de la Comisión de Educación. En ese encuentro, la UDPM expresó su preocupación respecto al inciso segundo del articulo 2º, donde se consigna que el docente deberá contar con un certificado expedido por el Consejo de Educación donde constarán los resultados de la evaluación de eficiencia docente, capacidad física y presentismo. «Tememos que este proceso haya favoritismos y se beneficie a docentes afines al oficialismo», advirtió el secretario general Rubén Pinto Da Silva, quien en aquella oportunidad se mostró preocupado en que no se repita lo que -afirma- ocurrió en la elecciones para vocalías en el Consejo de Educación y en la Junta de Clasificación y Disciplina, en Rama Primaria y Media. «Admitimos la derrota, pero no se puede ocultar que el oficialismo utilizó todo sus recursos para ganar en la Rama Primaria, donde votaron interinos y suplentes que sufragaron pensando en su fuente de trabajo», remarcó Pinto Da Silva. «Además -añadió- sufrieron la intimidación de los supervisores que estaban en las escuelas y en las mesas donde se votaban». Bajo el mismo argumento, la Unión de Docentes también hizo hincapié en el inciso tercero del mismo artículo. Allí se establece que «la titularización de Directores y Supervisores solo será procedente si además de cumplimentar las condiciones generales y particulares aprueban previamente el curso de capacitación que al efectos instrumente el Consejo General de Educación». Desconfiados, los gremialistas dudan de la efectividad de estos exámenes. «No vemos cual es el objetivo de estos cursos. Estas certificaciones nunca se trataron en la mesa de negociaciones», insistió Alberto Galarza.
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