Misiones adhirió a la Emergencia Económica nacional y el gobierno podrá hacer más ajuste y no pagar juicios en contra

La ley autoriza al gobierno misionero a «congelar» el pago de los juicios en su contra y avala la rescisión de contratos de obras y servicios que «generen compromisos contra el Estado». Se prorrogó por un año la emergencia previsional con el voto «involuntario» de dos legisladores de la Alianza. Duro cruce de acusaciones por la crisis económica del país [su_note note_color=»#cdcdcd»]Los diputados aliancistas Clarisa Igoa y Ramón Closs votaron junto al oficialismo la prórroga de la emergencia previsional. La Alianza siempre se opuso.[/su_note]La Cámara de Diputados adhirió anoche a la ley de Emergencia Nacional que autoriza al gobierno misionero a «congelar» el pago de los juicios en su contra y avala la rescisión de contratos de obras y servicios que «generen compromisos contra el Estado». La ley, votada por unanimidad, permite la cesación de contratos del Estado con empleados y con proveedores, lo que traducido significa que se podrá hacer un fuerte ajuste en el 2001. En una maratónica sesión, la Legislatura ratificó el Pacto Fiscal firmado con la Nación el 19 de noviembre -el mismo día en que Diputados de la Nación lo convertía en ley- y prorrogó por un año la emergencia previsional del Instituto de Previsión Social con el «aval» de dos diputados de la Alianza que votaron por error. Horas de debate técnico marcaron la anteúltima sesión del 2000, con el predominio de los temas económicos. El primer punto tratado fue la ratificación del Pacto Fiscal y surgieron las diferencias con un párrafo de la adhesión: el oficialismo ratificaba el acuerdo en todas sus partes y modificó el artículo segundo. El problema se suscitó en el déficit fiscal. Para el PJ, el déficit, entendido como la diferencia de los gastos corrientes y de capital devengados menos los recursos corrientes y de capital del sector público provincial, no deberá superar en el 2000 la suma neta del pago de servicios de la deuda pública directa del tesoro provincial consolidada. Este déficit determinará el déficit base de los años siguientes hasta alcanzar el equilibrio en el 2005. A partir de ese año, «deberá tenderse» a un resultado financiero equilibrado. Para la Alianza, las palabras «deberá tenderse» no garantizan el equilibrio financiero necesario para sanear las cuentas públicas y «puede hacer caer el acuerdo con la Nación». Ese artículo llevó más de dos horas de debate, que terminó con la mayoría del oficialismo votando el dictamen propio. Con este acuerdo, la provincia garantiza recibir entre siete y nueve millones de pesos en el 2001 que deberán ser destinados en un 80 por ciento a planes de empleo y un 20 por ciento a planes sociales. La sesión estuvo cargada de chicanas de uno y otro lado. La Alianza trajo a colación «la fiesta menemista» que causó el déficit fiscal y la crisis económica del país y el Justicialismo -algunos reconocieron algo de verdad en las voces aliancistas- dijeron que en la década de gobierno de Carlos Menem se pudo «haber equivocado», pero «por lo menos se hizo» y «el problema principal de este gobierno es la inacción». En segundo lugar se trató la adhesión a la ley de Emergencia Económica y Financiera sancionada el 19 de octubre por la Nación, que permite, entre otras cosas consolidar y pagar deudas con bonos, suspender contratos y reubicar personal. Además cancela juicios contra el Estado. La adhesión faculta al Poder Ejecutivo a disponer «por razones de emergencia» la rescisión de los contratos de obra, de servicios, de suministros, de consultoría o de cualquier otro tipo celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 1999. Para hacerlo, el gobierno tendrá un plazo de 30 días donde deberá definir qué contratos quedan bajo observación y otros 180 días para decidir la rescisión o continuación. Quedan afuera de esta facultad los contratos de concesión firmados con las empresas de servicios públicos privatizadas. En este punto «no hubo debate» y todos los diputados presentes levantaron sus manos para dar el okay que quería el oficialismo para no sancionar la nueva emisión de bonos Cemis por 70 millones de pesos que quería el Poder Ejecutivo. Con esta ley, al congelarse los juicios contra el Estado, más de la mitad de los papeles de deuda dejan de ser necesarios. El papelón de la noche lo dieron los legisladores de la Alianza, Clarisa Igoa y Ramón Closs, quienes votaron afirmativamente la prórroga de la emergencia previsional por un año más. La iniciativa del Poder Ejecutivo fue defendida por el oficialismo para «terminar con el desequilibrio de las cajas del Instituto de Previsión Social, que persiste en parte». Cuando el hasta ayer presidente de bloque, Edmundo Soria Vieta se disponía a dejar sentada la negativa de la Alianza, Igoa y Closs votaron junto al oficialismo. La prórroga de la emergencia -incorporada al Presupuesto desde hace diez años- pone topes a los salarios más altos y posterga las jubilaciones. La Alianza siempre se opuso.