El interés superior del niño corre serio peligro por la decisión del juez Skanata de revocar las guardas dadas en Oberá

El juez obereño citó a ocho padres que tenían guarda provisoria. Se presentaron dos y uno de ellos perdió al niño. Los abogados presentaron un recurso de apelación priorizando la salud psicológica de los chicos, que ya crearon un vínculo afectivo. Hay más de 50 casos de guardas provisorias. El caso es seguido de cerca por el Gobierno, que señala que se está violando la seguridad jurídica El interés superior del niño, tan mencionado en el juicio que destituyó a la jueza Aída Rosa Vázquez de Moreira, corre serio peligro por la decisión del juez Julio José Skanata de revocar la entrega en guarda a padres preadoptivos, provocando un serio riesgo de afectación psicológica de los niños, que en muchos casos ya llevan hasta ocho meses con sus nuevas familias. Skanata, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Oberá comenzó a volver sobre sus pasos ante la sombra de un posible Jury sobre su cabeza y citó ayer a padres que tenían guardas provisorias para que devuelvan los niños a sus madres biológicas. El juez, que en los trámites de adopciones siguió el mismo criterio que la magistrada destituida -es decir, la decisión de la madre por sobre el interés de los niños- ya revocó una guarda y restituyó una criatura a su madre biológica, ante lo que los abogados presentaron un recurso de amparo. Uno de los abogados que defienden a los padres «provisorios» es Claudio Moreira, esposo de la ex jueza Aída Rosa Vázquez de Moreira, quien señaló que «ella (su mujer) actuó bien» y que «pagó los costos políticos de haber enfrentado al ex gobernador Ramón Puerta por la aplicación del Impuesto Extraordinario Transitorio y de Emergencia (IETE) y su oposición a un Consejo de la Magistratura manejado por el oficialismo». La mañana comenzó agitada en los pasillos judiciales de Oberá, cuando corrió la noticia de que Skanata citó a ocho familias que tenían a chicos en guarda provisoria y estaba dispuesto a devolver a los niños a sus madres biológicas. Al final de la mañana, se presentaron dos guardadores con sus hijos y uno de ellos lo perdió en los papeles, aunque muchos no vinieron por temor a que le quiten a los niños. La decisión -y el temor- del juez pone en riesgo la salud psicológica de los niños, que en los casos de guarda provisoria, llevan hasta ocho meses con sus padres preadoptivos. Serían más de 50 los chicos que están actualmente en guarda provisoria, la mayoría a matrimonios bonaerenses. Ante esta situación, varios de los padres adoptivos presentaron un recurso de apelación sobre el que deberá decidir hoy Skanata. El magistrado guió los procedimientos de acuerdo con el mismo principio aplicado por su par, ahora destituida, Vázquez de Moreira, de «respetar la voluntad de la madre que manifiesta su deseo de dar en adopción a su hijo», para lo cual no habría respetado la lista que exige la ley para el caso de adopciones. Uno de los fiscales de Oberá explicó que la decisión del juez responde «a la acordada del Superior Tribunal de Justicia, que establece que las adopciones deben ser dadas respetando el Registro Único de Adoptantes instituido por el Superior Tribunal de Justicia en 1997» y «que la decisión de la madre de entregarlo a cualquier familia no es válida para la ley». Ninguno de los dos criterios fue respetado por Skanata en la mayoría de los casos, al igual que la ex jueza Moreira, hoy destituida por la misma causa, ya que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento consideraron que «favorecía el negocio» de las adopciones. El caso es seguido de cerca por altos funcionarios del Gobierno provincial que ven con preocupación la «falta de seguridad jurídica» (de los padres adoptivos) que viola la buena fe de los padres sustitutos y afecta la salud «psicológica» de los niños. Aunque reconocen que la decisión de Skanata se ajusta a la ley, «porque si los trámites están mal hechos, deben revocarse», aseguran que el juez generó «un estado de sospecha» sobre sus actuaciones. Según fuentes judiciales, será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá decidir sobre la revocación de las guardas. Los abogados -entre ellos Claudio Moreira- pidieron que «se respeten las guardas ya entregadas por el daño psicológico a los niños, ya que ya se creó un vínculo con sus nuevas familias». Pidieron que «el Registro comience a usarse de ahora en más» y se busquen formas de subsanar las falencias que se hubieran dado. El primero en pedir la cabeza de Skanata fue el diputado de la Alianza e integrante del Jury, Hernán Damiani, quien señaló que «es probable que hagamos una presentación (un pedido de Jury), porque hasta lo que pudimos ver, pasan las mismas cosas o peor -que en juzgado de Moreira-, porque se hacían las guardas directamente sin las medidas cautelares del caso». Varios de los expedientes tramitados por Skanata fueron ventilados en el juicio contra la ex jueza Vázquez de Moreira. PIÑERO A FAVOR DE LA REVOCACIÓN DE LAS GUARDAS El Procurador General de la Provincia, Miguel Ángel Piñero, afirmó que existe la posibilidad de revocar las guardas de menores si se comprobaran que el procedimiento de admisibilidad obvió algunos recaudos legales. «El principio general dice que si un juez otorgó la guarda, pero no cumplió con un requisito que no puede ser subsanado, debe revocar la guarda», dijo, al tiempo de considerar que por ello, el proceso «exige que se sea extremadamente riguroso para la admisibilidad porque si después hay que revocar esa guarda y sacarle la criatura a esa pareja, se está victimizando doblemente a la criatura que habrá sido víctima cuando se le entrega en guarda y luego, nuevamente, cuando se le quita», precisó. El paso siguiente, si la guarda fuera aprobada, es la solicitud de adopción. «Si partimos de la base que estos matrimonios vienen de 1500 kilómetros de distancia, indudablemente a requerir la guarda de ese menor, van a tramitar la adopción posterior; y entonces ahí es donde se plantea el problema», dijo Piñero, quien opinó que estos son aspectos con los cuales «siempre se debió ser exigente, no sólo a partir del mensaje que deja el Jury a la jueza Moreira» -por la jueza recientemente destituida, Aída Rosa Vázquez de Moreira-. En este sentido, para el Procurador, «hay que deslindar la responsabilidad que eventualmente pudiera tener el magistrado que interviene y ver cuál es el interés superior del menor pero no el interés superior considerando uno sólo de sus derechos, sino la protección integral de los derechos del niño, que es hacia donde apunta la Convención Internacional». Consideró que en ese sentido, en los casos que fueron tratados en el juzgado a cargo de Vázquez de Moreira, se priorizaron los derechos de la madre y no los del menor. En declaraciones a FM Express, Piñero finalmente afirmó que el enjuiciamiento a la magistrada de Oberá «deja un mensaje hacia delante, quienes procedían bien lo van a continuar haciendo y quienes no estaban actuando bien van a tener que enderezar su forma de proceder como corresponde, de ahora en más».