Se reduciría a cinco años el plazo para los ocupantes de terrenos privados que busquen regularizar su situación

La Pastoral Social de Iguazú encabeza los reclamos. Existen alrededor de 8500 familias involucradas, que ocupan alrededor de 150 mil hectáreas. El tema sería tratado en la últimas sesiones legislativas de este año. Los representantes de lo que podría denominarse como el movimiento de los «sin tierra» de Misiones se reunieron hoy con diputados provinciales y reclamaron una reducción del plazo que les permite regularizar su situación. El pedido consiste en la modificación de los artículos 3º y 8º de la Ley Provincial 3141, que regula la participación del Estado en el proceso de regularización de la tenencia y dominio de la tierra, en aquellos casos en que los particulares cedan propiedades para la cancelación de impuestos o gravámenes. Por medio de esta norma, la Provincia puede cancelar deudas impositivas a cambio de tierra, la que luego es vendida a precios accesibles a los colonos. Según la ley vigente, estos productores «intrusos» deben contar con una antigüedad no menor a los 10 años, por lo cual solicitan que esta condición se corrija. En principio, el Ministerio del Agro y de la Producción envió dos semanas atrás un proyecto para bajar a ocho años el requisito. Sin embargo, la Pastoral Social de la Diócesis de Iguazú que encabeza los reclamos sostiene que no todas las 8500 familias que se encuentran en situación irregular pueden cumplir con ese requisito. «Primero pedimos que sean tres años, pero acordamos que quedara en cinco. Hay acuerdo de los legisladores para aprobar la modificación, pero esperamos el compromiso del Gobernador para que luego no haya un veto», señaló este mediodía Carlos Di Marco, uno de los máximo referentes de entidad Católica mencionada. Desde la Legislatura, el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el justicialista Julio César Dutra, aseguró que existe acuerdo entre sus pares para aprobar las modificaciones propuestas. «Esperamos tener un dictamen rápido y tratar el temas en las últimas sesiones de este año», apuntó. HERRAMIENTA SOCIAL En el documento presentado a la Comisión, también piden que la ley rija para todos los ocupantes de tierras privadas «sin discriminación ni privilegios». Reclaman, además, que se garanticen unidades de explotación productiva mínima de 25 hectáreas por familia y la mensura gratuita de las tierras que ocupan «más de 8500 productores familiares en la provincia de Misiones». Este concepto de «herramienta social» de la tierra que sostienen los ocupantes es compartida con los funcionarios del Ministerio del Agro y la Producción. «El hecho de que las tierras pasen al fisco nos otorga una importante herramienta social , ya que los colonos pueden acceder a la propiedad a un precio que nunca supera los 50 pesos por hectárea», había dicho el director de Tierras Fiscales, Raúl Bonelli, en consultas anteriores de Misiones On Line. En todos los casos, luego de la cesión se produce la mensura que -según el funcionario- se ubica entre las 20 a 30 hectárea por cada ocupante. «Se trata de colonos que trabajan la tierra en cultivos de subsistencia, por eso consideramos que nuestra mediación implica una ayuda social», insistió. El organismo se traslada hasta las zonas involucradas y realizan «operativos» que consiste en la mensura y en la entrega sin cargo de toda la documentación pertinente. Como dato comparativo desde el Ministerio del Agro destacan que la mensura de 20 hectáreas, siempre y cuando la demarcación sea ‘cuadrada’, tiene un costo cercano a los 1500 pesos si es realizada por un agrimensor particular. UN LUGAR PARA VIVIR La mayor parte de los predios involucrados se encuentran en la zona norte de la provincia. En San Pedro, entre 600 y 1500 familias; San Vicente, 950; El Soberbio, 1.500; Bernardo de Irigoyen, 750 y Wanda – Esperanza, 400. En total suman unas 5.000 familias. «A esto habría que sumarle por lo menos un 40% que se distribuye en el resto de los municipios», aclaró Di Marco. Los números que consigna Di Marco son compartidos por el subsecretario de Tierras Gustavo Weirich, quien añadió que las propiedades privadas «usurpadas» son alrededor de 150.000 mil hectáreas. En estos casos, resulta fundamental la intervención del Estado, que si bien no puede obligar a que los dueños vendan la tierra, cuenta con la Ley 3141 para «mediar entre ambas partes». Por lo general, las tierras ocupadas pertenecen a grandes empresas forestales que han quebrado o que funcionan , pero que no pueden controlar todos los puntos de las grandes extensiones. Algunas no tienen el alambrado que delimite la propiedad, lo que algún modo incentiva a los ocupantes. Para los propietarios, el «canje» que le propone el Gobierno en muchos casos les saca un peso de encima. En Misiones, los colonos practican el rozado por medio de quemas, un procedimiento que debe estar avalado por el Ministerio de Ecología, porque de lo contrario se imponen costosas multas a los dueños del predio. El próximo año el Ministerio del Agro concluirá con un relevamiento satelital que actualizará sus registros y determinará con precisión cuántas familias rurales se encuentran en calidad de «intrusos». Las predicciones indican que crecerá el número, pero solamente las tomas fotográficas podrán decir en qué cantidad. «Los hijos de estos colonos van creciendo, cada uno forma su familia y busca un lugar donde instalarse «, relató el Director de Tierras Fiscales, Raúl Bonelli. «Podemos suponer que aumentará la cantidad de ocupaciones -añadió-, pero no es posible establecer cuáles serán los porcentajes».