Un comisario recusó al juez Ramón Grinhauz y el caso será investigado por Eduardo D’Orsaneo

Un comisario mayor debía prestar declaración ayer, pero se presentó con un escrito pidiendo el alejamiento del juez. La Justicia podría volver a citarlos antes de fin de año. La situación de uno de ellos es muy comprometida. El comisario general Ramón Fraga recusó ayer al juez de Instrucción Ramón Grinhauz y la causa iniciada por un intento de estafa contra una aseguradora pasó a manos de su par Eduardo D’Orsaneo. Fraga y el comisario mayor Roberto Franco están siendo investigados desde mediados de este año y es la segunda vez que logran apartar a un magistrado del caso. Los dos oficiales continúan en disponibilidad y actualmente están separados de sus cargos. El comisario mayor Roberto Franco estaba al frente de la Secretaría privada del Jefe de Policía, comisario general Rubén Oscar Gabriel; mientras que el comisario general Ramón Fraga ocupaba la Secretaría General de la Jefatura y a fines del año pasado pasaría a retiro. Según trascendió, la situación más comprometida es la de Franco, quien habría agilizado en forma personal los trámites para cobrar el seguro de vida de la hija de un suboficial de Policía que presta servicios en el interior. Fraga quedó comprometido al certificar con su firma como auténtica la fotocopia de un documento presentado por el comisario mayor ante la Dirección de Servicios Sociales de la Policía. De acuerdo con la investigación, el comisario Franco sería quien habría realizado todos los trámites para cobrar un seguro de vida de una men que supuestamente había fallecido en Puerto Esperanza. Al conocerse el intento de estafa, Franco y Fraga fueron obligados por el jefe de Policía, comisario general Rubén Oscar Gabriel a tomarse la licencia especial de tres meses que tienen todos los oficiales con una antigüedad mayor de 20 años y actualmente siguen separados de sus cargos. Además de la causa judicial, el director de Seguridad, el comisario general Luis Eduardo Rosa, trabaja en el sumario administrativo que podría dejar en la calle a los dos altos oficiales. El sumario administrativo iniciado por la Jefatura también le fue remitido a la Justicia, que encuadró el caso como «defraudación en grado de tentativa y falsificación de documento público agravado» por la condición de funcionarios públicos de los imputados. De acuerdo con lo que se pudo establecer hasta el momento, Franco inició los trámites para cobrar un seguro de vida de una menor hija de un suboficial de Policía de apellido Chávez que actualmente presta servicios en Apóstoles. La suma reclamada por Franco en nombre de Chávez rondaba los 6.000 pesos. Al iniciar los trámites presentó la fotocopia de un certificado de defunción de la menor. Dicha fotocopia estaba firmada por Fraga, quien certificaba que era copia fiel de un original que aparentemente nunca tuvo frente a sus ojos pero estampó su firma por la confianza que le tenía a su colega. Ante la Dirección de Servicios Sociales Franco habría señalado que él realizaría todos los trámites por Chávez, quien supuestamente sería un familiar cercano. El caso quedó al descubierto cuando los funcionarios de Servicios Sociales se comunicaron con Chávez para obtener mayores precisiones sobre el monto que percibía en concepto de sueldo. El suboficial le dijo que nunca inició los trámites ni le otorgó mandato a Franco para que lo hiciera, ya que su hija estaba viva. El delito que se le imputa a ambos es excarcelable, pero en el caso de ser encontrado responsables, serían inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.rera dentro de la fuerza está terminada, más allá de lo que se resuelva en la Justicia o en el sumario administrativo.