Mientras en territorio argentino se continúan con los controles para establecer las posibles consecuencias del desastre ecológico, en Brasil se está discutiendo la posibilidad de perdonar una segunda multa impuesta a Petrobras y si las tareas de recolección del petróleo derramado afectaron la salud de nueve operarios. A los pocos días del hecho, el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Paraná (IAP) estableció una multa de 40 millones de Reales (poco más de 20 millones de dólares) a la empresa petrolera, mientras que al tiempo, el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno federal (IBAMA) impuso una nueva multa a Petrobras por 168 millones de la moneda carioca (unos 85 millones de dólares). Petrobras, recurrió a la justicia para evitar pagar este segundo castigo, ya que toma como válido lo abonado al estado de Paraná, mientras que el organismo ecológico estatal indica que la multa interpuesta por Paraná es por el derrame en el río Barigüí, mientras que las del IBAMA toma como elemento el petróleo que llegó al Iguazú. En tanto, la empresa petrolera estatal, recuperó su status de calidad ISO 14001 sobre calidad en gestión ambiental, que le fuera suspendido cuando ocurrió el derrame. Por otra parte, Petrobras está en discusión ante la justicia con 9 obreros que resultaron con problemas en su salud luego de trabajar en las tareas de recolección del petróleo derramado. Según los médicos de los afectados, estos estuvieron expuestos sin protección adecuada a niveles superiores a los aconsejados de benceno, que les provocó problemas cutáneos y respiratorios. Petrobras, deslindó responsabilidades en las empresas subcontratistas que trabajaron en el lugar de los hechos. En esas tareas, trabajaron 32 empresas privadas, que ocuparon 2900 operarios, cuyas tareas fueron supervisadas por 4 ingenieros y 42 técnicos de seguridad de Petrobras y distintos observadores de Estados Unidos, Argentina y Brasil.







