La Alianza quiere que los gremios acepten debatir el aumento en los aportes a la obra social del IPS

El radicalismo reconoce que con lo que se aporta actualmente, no alcanza para financiar la caja de la obra social. El cambio de rumbo tiene que ver con la desregulación de las obras sociales. Plantean el debate por la desregulación del organismo estatal En una vuelta de 180 grados, la Alianza propondrá a los gremios estatales debatir el aumento de los aportes a la obra social del Instituto de Previsión Social y el blanqueo de todos los adicionales no remunerativos que perciben los empleados públicos. El presidente del bloque de la oposición, Edmundo Soria Vieta, convocó a los gremios de ATE, UDPM y Judiciales a una reunión que se hará mañana al mediodía para discutir el incremento, justo cuando los sindicalistas protestaron en la Cámara de Diputados anticipándose al tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Asimismo, el oficialismo se comprometió a escuchar a los dirigentes cuando se debata el proyecto, que sería en unos quince días. Los argumentos de Soria Vieta para aceptar el incremento en los aportes es que con diez pesos no se puede financiar la obra social ni pagar las coberturas. La línea del legislador tiene que ver con el monto puesto por la Nación en la desregulación de las obras sociales: 20 pesos per cápita para una buena cobertura (Programa Médico Obligatorio para las obras sociales). El gobierno provincial quiere elevar a 22 el monto por grupo familiar y a eso se resisten los sindicalistas y la pata frepasista de la coalición. La bancada oficialista, en tanto, acepta elevar el monto por grupo familiar, pero hasta 17 ó 18 pesos. Los sindicalistas argumentan que con el aumento de los aportes no se garantiza una buena cobertura por parte del IPS, pero los máximos dirigentes de la oposición consideran que esa es otra discusión que debe darse en otro ámbito. Concretamente, el presidente del bloque de la oposición recomendó al IPS a adherirse a la desregulación de las obras sociales nacionales, aunque «no en el corto plazo» porque no está en condiciones de competir por carecer de infraestructura. La Alianza apunta a la desregulación de la obra social del organismo estatal, pero primero asegura que se debe «preparar para competir» -en Misiones hay unas 80 obras sociales- y «mejorar sus servicios para no perder afiliados». Para el radicalismo, la desregulación de las obras sociales que se pondrá en práctica el 1 de enero del año que viene, es una medida que asegurará cobertura para todos y un debate que se debe dar en la provincia. La decisión de desregular las obras sociales tomada por la Nación, exige un aporte mínimo per capita de 20 pesos, pero para el aportante no cambian las condiciones, ya que seguirá aportando el 3 por ciento como hasta ahora -cinco por ciento la patronal- y si el porcentaje no alcanza, el Fondo Solidario se hará cargo de la diferencia. Actualmente se paga 40 pesos por grupo familiar y un diez por ciento de los aportes va al Fondo Solidario para subsidiar a las obras sociales que no pueden cumplir con las coberturas. Según los técnicos que proyectaron la desregulación, esos 40 pesos no alcanzan para una cobertura mínima y con el nuevo sistema se recaudará más, con lo que el Fondo financiará a los trabajadores que no puedan pagar lo mínimo. Por otra parte, los gremios de ATE, UDPM y Judiciales exigen que el Estado provincial vuelva a pagar el cinco por ciento, ya que se redujo a tres por ciento en septiembre de 1998 y no que se aumente el porcentual sobre los trabajadores. CAMBIO DE RUMBO Hasta ahora, los únicos que habían aceptado el aumento pedido por el Poder Ejecutivo fueron algunos diputados radicales, ya que los frepasistas se oponían aduciendo que el incremento no mejoraría la atención de la obra social del IPS. Pero atendiendo a la decisión del gobierno nacional, ahora se pasará la discusión a los sindicatos. A la vez, la oposición también quiere debatir con los gremialistas el blanqueo de los adicionales no remunerativos -en negro- que perciben los estatales. En los sindicatos hay serias diferencias, ya que por ejemplo, a los docentes se le quitaron varios adicionales, pero los judiciales, que son los que más ganan, defienden a capa y espada esos adicionales que engrosan sus sueldos. La posición del radicalismo es que es necesario blanquear las diferencias porque a la hora de jubilarse no se computan como aportes. El sector docente y algunos representantes de ATE reconocieron esa realidad, por lo que se abre un nuevo marco de debate.