Quieren una nueva ley para controlar al IPS

La Alianza presentó un proyecto de ley para modificar artículos de la ley 568, que rige al organismo. Critica el desmanejo institucional actual
El diputado de la Alianza, Carlos Esperanza presentó un proyecto de ley para conseguir un nuevo marco regulatorio de la administración del Instituto de Previsión Social (IPS). El proyecto argumenta que la desactualización de la ley 568, que rige al organismo, su inconstitucionalidad parcial, la mala administración y sus prestaciones, «lo intrínseco y extrínseco de la causalidad» y la falta de remedios son situaciones suficientes para «lograr el consenso con afiliados y un nuevo marco regulatorio». El frepasista Esperanza desde que asumió como legislador en diciembre del año pasado se ha dedicado a investigar y a realizar diversas denuncias sobre el «desmanejo» del organismo. Este es el primer proyecto de reforma que presentó después de una cadena de denuncias en contra del presidente del IPS, Jorge Brignole. El proyecto de ley de reforma del manejo del organismo plantea modificar los capítulos I, II, III, IV, V, VI, XII, XIII y XIV e incorporar los capítulos XV y XVI de la ley 568. EL PROYECTO El proyecto de ley de reforma del manejo institucional del IPS plantea el reemplazo y la continuidad jurídica cambiando la denominación por IPOS (Instituto de Previsión y Obra Social de la provincia). Según el proyecto, el IPOS tendrá autonomía autárquica y financiera y administración de los interesados -que gobernarán con a través de sus representantes- con «la participación fiscalizadora del Estado». El IPOS daría más libertad a los afiliados para elegir a sus prestadores y la coexistencia de regímenes previsionales. En cuanto a la economía, el proyecto establece un control más rígido de los gastos y las inversiones fijando límites de gastos de administración y gestión, con la prohibición de capitalizar la reserva de fondos prestacionales. Se otorgarán más funciones al Tribunal de Cuentas para el control y la inembargabilidad de los recursos destinados a las prestaciones sociales. De esta manera «se controlaría mejor» la eficiencia del organismo con la participación del afiliado y asociaciones intermedias «no sólo desde el Estado, que actualmente está constituido en juez y parte».