Profesionales agrónomos proponen debatir una ley que permita trazabilidad, fiscalización y capacitación en el uso eficiente de agroquímicos

Carlos Brambilla, Santiago Lacorte y Mario Alsina, integrantes de la comisión directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones (CIAM) expresaron la visión técnica del CIAM. “Pedimos un debate con la sociedad más amplio, para poder avanzar en una actualización de la Ley de Agrotóxicos vigente, moderna y eficiente”, señalaron. Hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados que piden la prohibición e incluso derogación de la ley vigente, mientras que un tercero plantea regular sobre productos fitosanitarios (agroquímicos) y domisanitarios (de uso doméstico).

 

El modelo productivo misionero se encuentra en debate frente a las diferentes posiciones que generaron las tres propuestas legislativas que plantean desde prohibir el uso del glifosato, derogar la ley vigente de Agrotóxicos o plantear una normativa más amplia sobre productos fitosanitarios y domisanitarios.

Cuando se habla de productos fitosanitarios, se habla de agroquímicos y fertilizantes. Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones (CIAM) proponen un debate técnico de fondo que permita, a través de la normativa, regular toda la actividad, desde la inscripción de los productos, pasando por la venta de los productos en las agropecuarias,  hasta disposición final de envases vacíos de agroquímicos.

Los productos fitosanitarios o agroquímicos presentan diferentes niveles de riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente, plantean que deben mejorarse los controles sobre la habilitación de las ventas y uso adecuado en terreno, y fundamentalmente lograr que se otorgue un presupuesto a la autoridad de aplicación que les permita reforzar la presencia en terreno para un control eficiente y así atender la problemática de venta y uso permitido de los denominados productos fitosanitarios y domisanitarios.

La ley vigente de Agrotóxicos es la XVI-Nº31 (antes 2980) y la autoridad de aplicación y fiscalización es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, pero la temática de los agroquímicos tiene una implicancia transversal relacionada a Salud Pública, Agro y Producción, entre otros organismos locales y también organismos nacionales como INTA y SENASA.

Así lo expresaron en una entrevista con ArgentinaForestal.com miembros de la comisión directiva del CIAM, que en representación de los profesionales expresaron la posición que desde la institución consideran aportaría al debate legislativo.

El Colegio nuclea a más de 500 profesionales matriculados en Misiones, y aseguran que habrá un universo de un 50% más que no lo está, pero “todos los profesionales” tienen de alguna manera un contacto cotidiano en su actividad con esta problemática en campo, por lo que son los primeros responsables técnicos y los más calificados para marcar posición sobre el debate actual que se abrió en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Misiones respecto al uso de los agroquímicos.

Los ingenieros agrónomos fueron convocados semanas atrás a dar su opinión en la comisión de la Cámara de Diputados que analiza los tres proyectos, de los cuales dos iniciativas apuntan a la prohibición del uso del glifosato y otros plaguicidas, pidiendo incluso la “derogación” de la ley vigente de agrotóxicos que tiene 25 años de aplicación en la provincia, mientras que un tercero promueve una modernización de la misma.

Los proyectos mencionados son: Expte. D-43.198/15 que propone Prohibir la Comercialización y el Uso del Glifosato y otros agrotóxicos en todo el territorio Provincial de la diputada con mandato cumplido Marta Ferreyra y otros; Expte. D-49.157/17 que propone Regular el Uso y Control de Productos Fitosanitarios y Domisanitarios de Saneamiento Ambiental del diputado de mandato cumplido, ingeniero agrónomo Aníbal Vogel y otros); y el Expte. 49.888/18 que propone prohibir en los ejidos urbanos del territorio provincial, comunidades de pueblos originarios, establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango de cualquier en todo el territorio de la Provincia la Comercialización de Glifosato y otros agrotóxicos, del diputado Martín Sereno.

 

Voces técnicas

 Desde el CIAM explicaron que el año pasado trabajaron durante más de 8 meses en la construcción de una propuesta de modernización de la actual Ley de Agrotóxicos en Misiones, de forma participativa y multidisciplinaria con Colegios profesionales e instituciones públicas tanto provinciales como nacionales.

“Realizamos un profundo análisis técnico, práctico, razonable, sostenible, y el resultado de este trabajo que quedó plasmado en el proyecto del ex diputado Vogel, con el cual estamos más en línea, y es totalmente posible y es la idea  mejorarlo y enriquecerlo. En lo que no coincidimos como solución al problema que se enfrenta -respecto a la salud humana y medioambiental- es con la prohibición, ya que eso no soluciona en nada la cuestión real y de fondo del problema”, indicó el presidente del CIAM, Carlos Brambilla, quien además visitó los estudios de Radio Libertad junto con el ingeniero Alsina, vicepresidente de la institución.

 

AF: ¿Qué dicen los profesionales del debate actual de plantear en Diputados proyectos que prohíban el uso de glifosato y otros agroquímicos? 

CB: La utilización de productos sanitarios, de cualquier naturaleza y origen no es una cuestión tan lineal y sencilla de tratar, realmente es complejo el tema. Pero la prohibición en sí misma creemos que no resuelve la cuestión de fondo, porque frente al producto que uno quiera utilizar, ya pasó por todo un proceso de control, tiene una historia científica, pasó por un protocolo nacional e internacional, que lo coloca en el mercado aprobado para que pueda ser utilizado por el profesional. Los agroquímicos o insumos  fitosanitarios no dejan de ser una herramienta de trabajo. El tema está en su correcto uso y manipulación, en los controles, en la capacitación, en la investigación e innovación tecnológica, etcétera.

Si un insumo está en el mercado es porque fue evaluado científicamente y medido en cuanto a su nivel de uso para su eficiencia para el que fue creado y para evitar posible toxicidad o riesgo para la salud humana y el medioambiente. 

MA: Son años de inversión de millones de dólares de estudio, investigación, pruebas, hasta lograr colocar un nuevo agroquímico en el mercado. SENASA tiene una serie de requisitos a cumplir, exigencias específicas para que un insumo químico pueda salir al mercado.

Hay exigencias, hay tecnologías, hubo una evolución en los últimos 25 años que fueron superando etapas las 4 bandas toxicológicas (Verde, Amarilla, Azul y Roja). Lo menos peligrosos, verde y azul; amarillo y rojo más peligrosos.

Misiones fue la primera provincia que eliminó el bromuro de metilo, y ese cambio fue de un impacto impresionante. Hoy ya no se usa en la actividad agrícola, pero para tratamiento cuarentenario de pallets para exportación a EE. UU. está habilitado, pero al tener un tratamiento térmico también como alternativa se usa esa alternativa, por ejemplo. Es decir, la venta está vigente para determinados sectores en el país, pero en la actualidad también hay otras alternativas en el mercado.

En la provincia,  por ejemplo, en la actividad tabacalera se logró erradicar su uso. Era muy peligroso (Banda Roja), y fue reemplazado por el sistema de bandejas flotantes en la etapa de almácigos. Lo que se busca en definitiva es avanzar en las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), que son un conjunto de principios y hábitos que debe seguir la producción para obtener productos inocuos, protegiendo la salud de los trabajadores y cuidando el medio ambiente. La tendencia hoy día es propender a la utilización de productos banda verde o azul.

La tan mencionada “sustentabilidad”, es decir, que el productor entienda que ese recurso suelo lo puedan usar varias generaciones. Por eso, en la dosis que tienen que ser y la manipulación adecuada, se puede seguir usando los agroquímicos. El que no lo quiera usar, o promueva la agricultura orgánica o agroecológica, también es una elección y hay nicho para todos los mercados.

Para el uso de agroquímicos hay que estar formado e instruido, ahí está la clave. En forma constante están saliendo productos nuevos en el mercado, por ello, el rol del profesional en su actualización permanente, en informarse, en la responsabilidad que tiene como nexo de respuesta al productor o la gente es muy importante. 

CB: Ejemplos que suceden, casos puntuales que conocemos, nos demuestran que la prohibición no es la solución. El SENASA realiza un muestro para análisis sobre la producción lograda para su comercialización, cuando el resultado es positivo por un mal uso de los fitosanitarios en las hortalizas, los técnicos van al Mercado Central, hacen el seguimiento de origen, identifican al, de qué zona es la producción, pero cuando tienen toda esta información, no puede hacer nada con ella. Pero se notifica al productor de la infracción.

En nuestra provincia existen comercios agropecuarios no registrados y sin control, se detectan productos prohibidos (desvío de uso de productos) en hortalizas en el mercado de la ciudad de Posadas y al intentar hacer las verificaciones de rigor no se cuentan con datos ciertos del productor, del profesional que indicó el tratamiento, del comercio que lo vendió, etcétera. Transformando el hecho en una mera anécdota, naturalizando la situación, con el agregado que la sociedad no se entera ya que los medios no cuentan con información fidedigna y el tema no trasciende, y es de una gravedad mucho más ampliar que el impacto del producto que motiva los proyectos de ley. Por eso también proponemos discutir la trazabilidad del producto que se comercializa, desde la semilla a la góndola.

La humanidad toda propende hoy día a una producción sustentable de alimentos. Y es en eso que desde el CIAM venimos haciendo hincapié. Por eso, la utilización de productos sanitarios es de tal complejidad que requiere de un mesurado y consciente análisis, fijando un orden de prioridades en su evaluación y una periódica revisión, en consonancia con la evolución y progreso de la ciencia.

Pero legislar sin fundamento técnico-científico serio carece de sentido, porque se tornara una ley inaplicable. O que a su vez no se aplique o resulte de dudosa aplicación por causas de falta de recursos, como medios insuficientes, favoreciendo arbitrariedades individuales de efectos impredecibles.

El disparador de la discusión hoy es el proyecto que pretende prohibir el uso de un producto en las actividades agroforestal de la provincia, el glifosato. Pero esto es ver solamente el árbol, no el bosque.

Un concepto actual, y con plena y justificada vigencia, es que la población mundial desde todos los ámbitos viene manifestando preocupación y trabajando sobre lo que no admite ninguna discusión que es proteger “la salud humana y el cuidado ambiental”.

Pero decir u opinar sin profesionalismo, idoneidad e incumbencia sobre que cual o tal producto determinado es tóxico, que daña la salud, que se debe prohibir, que contamina el agua y el suelo y genera otras consecuencias no deseadas, sin fundamentos científicos, es temerario. Esto lleva a falsas interpretaciones de la sociedad.

 

AF: ¿Y que está fallando entonces? ¿Hay que mejorar los controles? ¿Falta educación? ¿Qué pasó en estos 25 años de aplicación y fiscalización de la ley actual vigente?

CB: Este tipo de debate que hoy se da, lo agradecemos, porque la aparición de estos dos proyectos que prohíben el uso de glifosato puso en agenda pública un tema que  para nosotros es de todos los días, por el desconocimiento de los productores e incluso de los mismos profesionales.

La fiscalización no funciona. Por eso surgió la iniciativa de convocar el año pasado a profesionales del INTA, SENASA; Agro y Producción, Ecología, COIFORM, entre otros, y fueron más de 8 meses de debate técnico que se llevaron a cabo en la sede del CIAM. Se proponía un texto moderno e innovador para una ley actual de fitosanitarios, y que fue la que presentó finalmente el diputado de mandato cumplido e ingeniero agrónomo, Aníbal Vogel.

Nadie dice que la ley vigente (sancionada en el año 1992) sea mala, pero en este tema, en 25 años hubieron muchos avances científicos y necesita modernizarse (año 2018), necesita incorporar cambios y eso nos hacen pensar que lo mejor es redactar una nueva ley

Se trabajo con varias instituciones, y se puede seguir corrigiendo, pero es la línea que consideramos se debe debatir la normativa. No la prohibición.

El objetivo es lograr mejores prácticas a favor de la salud humana y ambiental, pero sostenible desde lo productivo también. Por eso pedimos un debate más amplio.

 

AF: El proyecto del diputado  Sereno apunta a restringir el uso de glifosatoen zonas urbanas y el de Marta Ferreira además propone derogar la ley vigente. Y hay antecedentes, como en Entre Ríos o Rosario que se prohibió su uso. ¿Qué cuestionan de estas iniciativas?

CB: Que quedaríamos sin Ley de fitosanitarios. Es un retroceso. Dejaríamos a la provincia sin resguardo absoluto.

SL: Es partir de una falta de profesionalismo. Nosotros proponemos partir desde la protección de la salud humana, del ambiente, y para una actividad productiva viable. Necesitamos documentos científicos para prohibir. Desde el CIAM hablamos de mejorar la aplicación de una norma para uso de productos fitosanitarios y domi-sanitarios. Y avanzar en investigaciones, en capacitaciones, y en la trazabilidad comercial. 

El glifosato, por ejemplo, es solo una de las herramientas con las que se cuenta y sobre el que hay una enorme bibliografía científica. Ejemplo: informe requerido por la Comisión Nacional de investigación sobre Agroquímicos Año 2009/2010, quien convoca un Consejo Científico Interdisciplinario , bajo la coordinación de la presidencia del CONICET a fin de producir un informe de evaluación sobre los trabajos científicos publicados con referato , tanto nacionales como internacionales, referidos a los efectos del glifosato sobre la salud humana y el ambiente. Tuvo una amplia cobertura, detallando los efectos sobre la salud, el agua subterránea como superficial, demás animales, suelo, etc.

CB: Es necesario establecer una legislación precisa que permita desarrollar el hábitat del ser humano y la actividad agrícola forestal contemplando el menor impacto posible sobre la sociedad toda, es a lo que apuntamos debatir desde el ámbito profesional.

No queremos enfocar a un producto, ni a derogar una ley. Por eso apoyamos un proyecto más amplio, moderno, actual. En todo caso, que se creen comisiones específicas para estudiar cada caso. La trazabilidad es lo más importante, y esto es lo que proponemos debatir.

De cada producto que se comercializa, saber cómo fue utilizado, cómo fue aplicado, programar la capacitación permanente de todos los actores que integran esta cadena de uso del producto recetado (qué aplicar y cómo aplicar), controlar la comercialización, etc.

El proyecto también pretende un presupuesto autónomo para el organismo de aplicación y fiscalización.

En caso de detectarse infracciones o falta de cumplimiento en lo que respecta al desempeño de profesional en el marco de la ley de fitosanitarios o agroquímicos, la Autoridad de aplicación puede girar actuaciones al Colegio o Consejo profesional que correspondiera a los fines de que los mismos a través de sus respectivos Tribunales de Disciplina actúen en consecuencia. Todo ello en paralelo a las actuaciones sumariales que llevará adelante el organismo de aplicación por la infracción detectada.

Los profesionales afirman categóricamente que es en los consejos de profesionales relacionados con la actividad agrícola-forestal donde se encuentran colegiados que en forma directa o indirecta con entes especializados poseen los conocimientos sobre la materia y una gran predisposición para gestionar todo aquello que se relacione con el uso correcto de fitosanitarios y domisanitarios.

 

Principales puntos del proyecto Vogel

El proyecto del ex diputado Vogel es considerado por los profesionales el más moderno en relación al uso de productos fitosanitarios y domisanitarios, contemplaría a todos los actores de la cadena y propone trazabilidad total sobre el uso de los mismos,  lo que «permitiría dar un gran paso de Seguridad y Calidad», aseguran desde el CIAM.

• Establecería los recursos humanos y el plantel profesional debidamente acreditado y actualizado, con idoneidad e incumbencia para su aplicación, con responsabilidad identificable de forma transparente, que podrán actual en forma expeditiva para evitar caer en la maraña burocrática.
• Fijaría los fondos con los que debería contar la autoridad de aplicación , facultándola a fiscalizar y controlar tanto la actividad comercial como uso y aplicación del productos fitosanitarios y domisanitarios.
• Identificaría, registraría y verificaría a todos y cada uno de los participantes de la cadena como a cada producto utilizado en la provincia (trazabilidad)
• Contaría con mecanismos de interacción con instituciones intermedias relacionadas con la actividad (Consejo de Profesionales, Cámaras, etcétera)
• Generaría mayor interacción entre municipios y la autoridad de aplicación para una correcta aplicación de la normativa.
• Permitiría que cada miembro de la cadena reciba capacitaciones que eleven la calidad de nuestra salud continuamente.

 

 

 

Por Patricia Escobar