La gobernadora María Eugenia Vidal anunció hoy que le pidió de manera «preventiva» la renuncia a la Contadora General provincial, María Fernanda Inza, ante sospechas de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos en 2017.
«Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora general, María Fernanda Inza, al cargo de contaduría general de la provincia. Formó parte del equipo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento objetivo que demuestre» su involucramiento en los hechos que se denuncian, señaló Vidal, en referencia a la funcionaria, quien además es la Tesorera del PRO bonaerense.
La gobernadora indicó que la funcionaria renuncia «preventivamente» para que se aclare la situación denunciada.
«Frente a esto doy la cara como lo he hecho siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada toda mi vida en la honestidad», señaló la mandataria, al ser consultada sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña del oficialismo en 2017, por las que la Justicia realiza investigaciones.
Vidal indicó que adoptó «tres decisiones muy concretas» y luego de ratificar que ordenó una auditoría interna sobre la rendición de cuentas del oficialismo presentada a la Justicia, se refirió al desplazamiento «preventivo» de Inza. El pliego de Inza fue aprobado la semana pasada por el Senado bonaerense.
Además, la gobernadora destacó que el Gobierno nacional promoverá una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, la que respaldará.
Y anunció que si participa de la próxima campaña en la provincia de Buenos Aires, dispondrá que el oficialismo tenga todos sus aportes «bancarizados», aunque la norma no lo obligue.
Vidal dijo que espera que todas las fuerzas políticas imiten esa actitud, bancarizando la totalidad de sus aportes de campaña.
El caso de los “aportantes truchos”
La Justicia avanza con una serie de medidas para saber cómo se financió la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en 2017 luego de que se denunció que en la nómina de aportantes figuraban personas que aseguraron no haber donado el dinero y que, además, serían beneficiarios de planes sociales. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que se trató de una «denuncia del kirchnerismo que igual hay que investigarla» y, a su vez, el intendente Carlos Arroyo apuntó que él mismo figuraba en la lista aunque no había donado fondos.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Jorge Di Lello espera respuesta del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES, organismos a los que envió requerimientos de información, para conocer si quienes conforman el listado cobran planes sociales y, en tal caso, si tenían la capacidad financiera de entregar sumas que oscilaron entre los $300 y los $1.500.
Las medidas instruidas por Di Lello se suman a las impulsadas por el juez Sebastián Casanello, quien citó como testigos a 50 personas que figuran en la nómina de aportantes.
Se trata de dos investigaciones que avanzan en paralelo y que buscan determinar si, tal como figura en la documentación presentada por Cambiemos, las personas donaron fondos para la campaña o si, en realidad, sus nombres fueron utilizados sin su consentimiento como una presunta maniobra de lavado de dinero.
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