Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos

Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos

En línea con lo requerido por el fiscal general Carlos Schaefer, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento de once personas acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de delitos vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas y cambio marginal. Se trata de una causa derivada de la investigación por la cual fue procesado el ex fiscal federal de Paso de los Libres Benito Pont quien, junto a otros funcionarios, se encuentra sospechado de haber brindado protección a una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Al rechazar una serie de agravios elevados por las defensas, el tribunal ratificó los términos de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Paso de los Libros en noviembre del año mediante la cual dispuso el procesamiento –sin prisión preventiva- de Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre, María Cleila Ramona Espada, Jorge Antonio Castro Gentil, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, Leonel Elías Zappa, Fernando Daniel Marticorena y José Acebal, sobre quienes además decretó embargos millonarios.
“La discrepancia de los recurrentes acerca de la valoración a los elementos probatorios incorporados no logra conmover la validez del temperamento adoptado por el instructor, sino que sólo procura revelar una arista diversa sobre cómo sucedieron los hechos y el modo en que corresponde ser valoradas las pruebas reunidas, lo que por mandato corresponde al magistrado. (…) a criterio de los suscriptos, existen indicios suficientes con el grado de provisoriedad que esta instancia exige, para sustentar la tesitura de acciones dirigidas a poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito”, consigna el fallo firmado por los jueces Selva Spessot, Mirta Sotelo de Andreau y José Luis Aguilar.
La causa se inició a través de una presentación efectuada el 6 de abril de 2016 por la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde la fuerza de seguridad puso en conocimiento la existencia de un grupo de personas que se habría asociado para, entre otros fines, poner en circulación activos de origen ilícito en el mercado, utilizando para ello diversas estructuras jurídicas.
Posteriormente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) –que colabora con la Fiscalía Federal de Paso de los Libres a cargo de Fabián Martínez- realizó una presentación en la que solicitó una serie de medidas de prueba, en su mayor parte enfocadas en la situación patrimonial de los imputados. Una vez llevadas a cabo, el fiscal Martínez requirió la instrucción de la investigación respecto a los imputados y, en ese contexto, se practicaron allanamientos que arrojaron como resultado el secuestro de una gran cantidad de documentos públicos relacionados con vehículos, dinero, valores y documentos privados de interés, los cuales constituyeron “pruebas categóricas del delito endilgado a cada uno de los imputados”, de acuerdo a la valoración otorgada por la jueza federal de Paso de los Libres.
La investigación puso de relieve que una de las formas de capitalización empleada por la organización consistiría en la formación de diversas sociedades “fantasmas” o ficticias, a través de las cuales se adquirían vehículos de alta gama, encontrándose autorizados a conducir los propios socios e investigados. Además, algunos de dichos vehículos serían utilizados para cruzar a países limítrofes para obtener divisas.



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