Se trata del exdiputado Horacio Spallanzani, quien emitió un documento titulado: “Los nuevos comisarios ideológicos”. En el mismo respaldó al escritor Marcelo Moreyra, cuestionado al recibir un premio otorgado por la Legislatura de la provincia, con el aval de la SADEM, Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones.
“No me puedo referir a los hechos que involucran personalmente a Moreyra por desconocimiento, por lo tanto no ejerzo defensa”, argumenta Spallanzani en una nota publicada en la red social Facebook, y luego continúa afirmando que “la cuestión de fondo trata de la condena moral, social, llevada a cabo mediáticamente con participación de instituciones y funcionarios, que acusan a una persona de delitos gravísimos, de lesa humanidad, sobre la cual se deben aplicar sanciones, sin que esta persona haya tenido la oportunidad de aclarar su situación, sin que haya podido defenderse, sin que alguien haya investigado para determinar los hechos y la responsabilidad del ya condenado”.
Para Spallanzani “es una actitud fascista, pretender censurar a un escritor por su ideología, y precisamente más cuando la iniciativa parte de otros escritores y la sociedad que los nuclea”.
En el archivo de la relación de Spallanzani con el tema de los Derechos Humanos, cabe recordar que alguna vez expresó públicamente su opinión sobre que los desaparecidos de la dictadura no fueron 30 mil, en coincidencia con los dichos del ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido
Y también carga contra la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilia “Tiki” Marchesini, al afirmar: “Párrafo aparte para una Ministra que está para defender los Derechos Humanos y condena a alguien porque figura en una “lista oficial” publicada por el Poder Ejecutivo, sin permitir el derecho de defensa en juicio. La condena social, para transformar en paria a una persona, propiciada desde el Estado es propia de las dictaduras y no de la democracia”, sostiene el director de Radio Nacional.
Los nuevos comisarios ideológicos
Por Horacio Spallanzani
1.- LOS HECHOS
El 22 de junio, la SADEM (Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones) y la Cámara de Representantes de la Provincia, otorgaron un reconocimiento a la trayectoria de 10 escritores misioneros, entre ellos a Marcelo Moreyra, escritor y artista plástico de Iguazú.
Un socio de la Sadem, el escritor e historiador Pablo Camogli, renunció a la institución públicamente en repudio al galardón otorgado a Moreyra, argumentando razones éticas ya que, según él, no puede ser integrante de la SADEM a un colaborador y espía de la represión ilegal.
Camogli escribe luego un artículo titulado “Crónica de un cinismo literario” que tiene amplia difusión pública, donde argumentó su posición. Allí consta que Moreyra figura en una lista del Fondo Documental del Archivo Nacional de la Memoria conteniendo nombre y documento de unas 5.000 personas que se habrían desempeñado como personal civil de organismos militares en actividades de inteligencia, según informe elaborado por el Sistema Argentino de Información Jurídica y “publicado” por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Noviembre de 2015.
El mismo Camogli expresa que integrar la nómina no es un delito en sí mismo y que no le consta que Moreyra haya cometido algún delito, pero sí que hay varios delincuentes que integran la lista, cuyos casos fueron llevados a juicio.
Otro integrante de la Sadem, Roberto Parodi acompaña la actitud renunciando también y la Ministra de Derechos Humanos de la Provincia, Lidia Marchesini “abraza” la decisión, los recibe y dice que “hay que consultar” con el Centro de Documentación de Derechos Humanos antes de realizar estos actos, declara posteriormente a un medio, que el hecho de que Moreyra que no figure en una causa no lo exime de su condición de “buchón”.
Todo lo expuesto toma gran difusión en medios gráficos y audiovisuales, además de redes sociales.
El escritor involucrado mantiene silencio sin defenderse, solo sostiene privadamente que tuvo dependencia bajo la órbita del Ministerio de Defensa de 1983 a 1987 durante el gobierno democrático y que actuará judicialmente ante el agravio.
El Presidente de la Sadem informa que convocará a una Asamblea de Afiliados para que tomen posición sobre el tema, “democráticamente”.
2.- EL ANTECEDENTE
En 2011 el reciente ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa fue invitado especial de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Un grupo de socios de la Sade expresaron su disconformidad por esta presencia y plantearon a la entidad emitir una nota de repudio institucional debido a la posición ideológica del escritor, ya que para ellos, es un representante de la derecha neoliberal y critica duramente al gobierno nacional y popular de ese momento. Entonces el Presidente de la Sadem era el mismo que ahora, Anibal Silvero y se le ocurrió, también “democráticamente” realizar un plebiscito para que los afiliados decidan sobre un acto de censura a un escritor por su forma de pensar. Tal locura fracasó por falta de participación y este grave hecho se diluyó en el intento.
3.- LA CONCLUSION
No me puedo referir a los hechos que involucran personalmente a Moreyra por desconocimiento, por lo tanto no ejerzo defensa. La cuestión de fondo trata de la condena moral, social, llevada a cabo mediáticamente con participación de instituciones y funcionarios, que acusan a una persona de delitos gravísimos, de lesa humanidad, sobre la cual se deben aplicar sanciones, sin que esta persona haya tenido la oportunidad de aclarar su situación, sin que haya podido defenderse, sin que alguien haya investigado para determinar los hechos y la responsabilidad del ya condenado.
La participación de cualquier manera en delitos aberrantes durante la dictadura es y debe ser judiciable sin excepción, si hay elementos para ello.
Moreyra figura en una lista bajo el orden número 3092, es decir hay allí unos 5000 nombres, algunos, muy pocos, fueron juzgados, pero parece que todos son culpables aunque nadie los acuso, no fueron procesados y no pudieron defenderse.
Esta es una actitud fascista, al igual que pretender censurar a un escritor por su ideología, y precisamente más cuando la iniciativa parte de otros escritores y la sociedad que los nuclea.
Párrafo aparte para una Ministra que esta para defender los Derechos Humanos y condena a alguien porque figura en una “lista oficial” publicada por el Poder Ejecutivo, sin permitir el derecho de defensa en juicio. La condena social, para transformar en paria a una persona, propiciada desde el Estado es propia de las dictaduras y no de la democracia.
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