La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores confirmó la prisión preventiva de las cuatro personas que están entre rejas por la megainvestigación de venta de autopartes de origen ilegal en San Vicente.
Los camaristas José Alberto López y Marisa Ruth Dilaccio (con el voto en disidencia del doctor José Mass) confirmaron la decisión del juez de Instrucción Tres sanvicentino, Gerardo Casco, de mantener presos a Juan Carlos Losarcos, Alejandro Darío Wesner, Alejandro Sebastián Damián y Tatiana Inés Lapinski.
En la misma resolución se rechazó la pretensión de los acusados de que se declarara nulo el proceso instructorio de la causa.
Ahora, el expediente volverá al juzgado de San Vicente, donde se completarán las actuaciones para que luego sea girado a la Fiscalía para el requerimiento de elevación a juicio.
Para el juez Casco, hay elementos para pensar que el cuarteto puede entorpecer la investigación o fugarse si es excarcelado. Por eso decidió mantenerlo tras las rejas. Esto no quita que más adelante opte por liberarlos.
Hubo tres talleres allanados. Pero el de Losarcos, ubicado en el kilómetro 973 de la ruta nacional 14, derivó en la causa más compleja, ya que para la Justicia sus responsables y sus colaboradores conformaban una asociación ilícita, con roles y jerarquías perfectamente definidos.
Lo que creen los investigadores es que la red fue montada para desarmar vehículos robados en Paraguay, Brasil o Buenos Aires: algunos de los imputados hacían los contactos con los clientes, otros supervisaban el trabajo de desarme y el resto estaba abocado a las transacciones, por ejemplo.
En el taller Losarcos, dotado de tres galpones, operaba además una cooperativa “multirubro”, que es la que, se sospecha, llevaba adelante el negocio.
Los investigadores secuestraron registros contables y papeles vinculados a las transacciones. Una perito contable se encuentra abocada de manera exclusiva al análisis de los documentos importantes para la causa.
La cooperativa dataría de 2011, pero recién en los últimos tiempos habría comenzado a funcionar a pleno.
Desde los desarmaderos de San Vicente se proveía de autopartes y repuestos a toda la provincia. Hasta Puerto Iguazú habrían llegado piezas provenientes de la Capital de la Madera.
Estos puntos de desguace cortaban entre cuatro y cinco vehículos por semana. Y había una predilección por las camionetas y los camiones.
Los sospechosos varones están en la Unidad Penal de Puerto Rico. La mujer, a la UP V de Miguel Lanús, en Posadas.
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