Desde el INYM buscan bajar los costos de financiamiento de la cosecha y desestiman posible reapertura de la sesión de precios

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) Alberto Re, estimó que en tres meses estaría terminado el registro de productores y yerbales, aunque advirtió que muchos quedarán afuera porque se resisten a ser incluidos. Consideró que el Centro de Transacciones no se concreta porque “el sector no quiere”. Afirmó que una de las mayores preocupaciones del sector en la actualidad pasa por el alto costo de financiamiento de la cosecha y anticipó que el instituto volverá a destinar recursos propios para subsidiar tasas de interés.

Invitado por la comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativas de la Legislatura provincial, Alberto Re brindó precisiones respecto al avance del demorado registro de productores y de yerbales, la posibilidad de cambiar el mecanismo de elección de los directores por la producción, la truncada instrumentación del Centro de Transacciones de la Yerba Mate y la posibilidad de volver a discutir precios teniendo en cuenta la corrida del dólar y su correlato en la inflación.

En coincidencia con planteos formulados por los diputados, Re señaló que uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la actividad yerbatera en la actualidad tiene que ver con los altos costos financieros derivados de la política del Banco Central de sostener las tasas de interés a niveles muy elevados.

Como ocurriera en años anteriores, el instituto está negociando con distintos bancos para ofrecer financiamiento destinado a molinos y secaderos con tasas de interés subsidiadas con fondos propios del INYM. Re explicó que a diferencia de años anteriores cuando el INYM cubría 7 u 8 puntos de las tasas de interés, este año se procurará subsidiar unos 20 puntos, teniendo en cuenta que en la actualidad ninguna línea de crédito baja de los 40 puntos de interés.

Mediante este mecanismo, se exigirá a los beneficiarios de estos créditos pagar a plazos cortos a sus proveedores de materia prima, para evitar que productores y secaderos caigan en la necesidad de financiarse con descuento de cheques, operatoria que con las tasas de interés actuales resulta muy onerosa.

“Estamos pensando este año reconocer 20 puntos, porque las tasas están altísimas, para que continúe la cosecha  en términos más o menos normales”, dijo.

Ante la consulta de la comisión, el presidente del instituto yerbatero desestimó la posibilidad de que se reabriera la sesión de precios. Esa alternativa había sido barajada por representantes de la producción ante el cambio de contexto que significó el aumento del dólar. Explicó que la ley del INYM prevé que se reabra una concertación de precios ante “circunstancias extraordinarias”, pero no determina exactamente bajo cuáles circunstancias se justificaría hacerlo.

“Hay un antecedente de hace 4 años, cuando en circunstancias similares se hizo una presentación para volver a discutir precios. Estuvo el secretario de Agricultura de aquel momento, se planteó la cuestión a Buenos Aires y nos contestaron con un dictamen en el que nos decían que el INYM no tiene atribuciones para un ajuste de precios ese tipo, que el instituto fija los precios dos veces al año”, recordó.

Se refirió también a la frustrada puesta en funcionamiento de un centro de transacciones que registre de manera electrónica y en tiempo real todas las operaciones de compra/venta de hoja verde y yerba canchada.

La idea había sido planteada por primera vez en 2007 por el entonces ministro del Agro de Misiones Alex Ziegler, tuvo un principio de instrumentación en 2008 que luego se abandonó. El proyecto resurgió en 2016 de la mano del actual titular de la cartera del Agro, José Luis Garay, como respuesta a la última crisis que atravesó el sector.

Pese al interés planteado desde el Gobierno provincial, dio sistema nunca fue instrumentado de manera efectiva y el presidente del INYM lo atribuyó que “el sector no quiso”.

“Del tema se viene hablando desde 2007. Hay una ley provincial de creación del centro de transacciones, hay una resolución del INYM que lo faculta a implementar dicho sistema. Hubo por parte de la Provincia un principio de implementación, pero después se dejó. Si en tanto tiempo no se implementó nos tendríamos que preguntar por qué. Si yo tengo que ser honesto, creo que el sector no quiso y cuando hablo del sector, hablo de todos”, sentenció.

Para Re, la puesta en marcha del centro de transacciones enfrenta por un lado dificultades de orden legal, porque se apoya en una ley provincial de Misiones pero involucra a dos provincias, ya que Corrientes forma parte de la zona productora y por otro lado, dificultades de orden técnico, ya que demandaría un inversión considerable que no está claro quién las costearía.

“Hay un tema de implementación física. Hace falta una cantidad importante de mejoras y nadie se quiere hacer cargo de ellas. Por ejemplo, el sistema implica montar balanzas electrónicas en los secaderos. Iniciamos un relevamiento para ver si podíamos empezar por mejorar las balanzas de los secaderos. Tenemos 180 secaderos y el relevamiento que hizo el INTI arrojó resultados lamentables: el 80 por ciento de las balanzas no sirven, no se pueden ajustar a las pautas técnicas que se necesitan para habilitarlas. Una balanza costaba como 800 mil pesos hace unos meses, la última vez que averiguamos”, explicó Re.

Señaló que la demora en la finalización del registro de productores y de yerbales que hace más de un año y medio viene desarrollando el INYM, responde a la complejidad de la tarea y a la reticencia de algunos productores a ser incluidos en el registro.

“Un gran desafío lo plantea la extensión de la superficie a relevar, son 500 kilómetros de norte a sur, de Andresito a Santo Tome y desde la costa del Paraná hasta la del Uruguay. El marcaba el último relevamiento aerofotogramétrico mostraba 165 mil hectáreas, estamos ahora en 169 mil hectáreas”, dijo.

“Es más complejo que un censo, tenemos que identificar y ubicar los yerbales, eso ya está hecho. Después relacionar a cada productor con cada yerbal y con la forma de tenencia de esa propiedad. Si bien es obligatorio, es muy difícil que la totalidad de los productores se censen, muchos prefieren no hacerlo, por cuestiones impositivas o por particularidades en las condiciones de tenencia del yerbal”, explicó.

Indicó que ya se avanzó en el registro de un 75 por ciento de los yerbales y estimó que en un plazo de tres meses se llegaría a 85 por ciento, punto a partir del cual ya sería mucho más difícil avanzar porque el restante 15 por ciento estaría conformado por los productores que no quieren ser registrados.

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