Este año buscarán debatir en el Congreso Nacional dos proyectos de promoción para impulsar el desarrollo de la actividad foresto-industrial del país

 

En el Ministerio de Agricultura de la Nación cerraron el viernes 11 de mayo la etapa de reuniones de Comisión Asesora de la ley 25.080 para el debate y discusión de la principal herramienta jurídica que promueve la inversión en bosques cultivados en el país, y que tras 20 años y metas aún a cumplir para sostener la industria forestal argentina, tiene fecha de vencimiento el próximo enero de 2019, fundamento por el cual necesita su prórroga por 10 años más.

La etapa de reuniones de comisión se desarrollaron entre enero a mayo en la sede del organismo en Buenos Aires, y se espera contar en estas semanas con la aprobación del borrador del Ejecutivo para presentar en junio el nuevo proyecto de prórroga de la ley de promoción forestal ante el Congreso Nacional.

De esta manera, cerró el proceso con el primer consenso público-privado del sector coordinado bajo la gestión del director nacional de Foresto-industria, Nicolás Laharrague, con un proyecto de Ley que se estima se presentará en junio para el debate legislativo en el Congreso Nacional para solicitar “la prórroga de la 25.080 sin modificaciones de fondo”, explicaron en contacto con ArgentinaForestal.com distintas fuentes consultadas.

Se trata del régimen de promoción de inversiones para bosques cultivados (pino, eucaliptos, salicáceas principalmente) que establece Aportes Económicos No Reintegrables a los productores por superficie plantada lograda en forma anual y beneficios a las empresas foresto-industriales, que incluyen exenciones en los tributos provinciales  y la emisión del Certificado de Estabilidad Fiscal.

Si bien en el marco de la operatoria se arrastra una histórica deuda millonaria con los productores, que en la actualidad supera los 400 millones de pesos, hay un compromiso asumido por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, de saldar esta deuda con el sector este año. El anuncio lo realizó en abril a los representantes del sector privado que integran la Mesa Nacional de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial, en el último encuentro que se realizó en Puerto Esperanza, Misiones, donde comunicó su decisión de incrementar el presupuesto anual aprobado de 100 millones de pesos a 400 millones de pesos, de manera de lograr reducir la deuda y como señal para que puedan retomar la confianza en el sistema y volver a una actividad que viene en caída en cuanto al ritmo de plantación en los últimos 5 años, y donde los pequeños y medianos productores se vieron obligados a malvender sus plantaciones.

La meta del gobierno nacional a futuro es lograr, de obtener la aprobación de la prórroga de la operatoria de la 25.080 en el Congreso Nacional, incrementar la base forestal de la Argentina, de más de un millón de hectáreas en la actualidad a dos millones de superficie plantada, y fortalecer así la base de abastecimiento para la industrialización forestal, apuntando a desarrollar de forma sostenible toda la cadena de valor al 2030, en el marco de los compromisos globales asumidos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde el sector cumplirá un rol estratégico para alcanzar los mismos.

Esta meta implicaría contar con el apoyo del Ejecutivo Nacional de destinar los fondos correspondientes a la promoción forestal para recuperar y sostener un ritmo anual de plantación de 120.000 hectáreas en promedio a nivel nacional.

Consenso para una ley de promoción industrial

En el proceso de discusión en Agricultura, desde la coordinación nacional se acordó circunscribir el debate exclusivamente a incorporar mejoras operativas en el régimen de la Ley 25.080 que ya cumple 20 años de vigencia en 2019, por lo que se trabajó en  el tratamiento de cada uno de los artículos.

Pero ante la amplia participación nacional, también en este espacio de discusión se plantearon otras necesidades de urgencia como también de importancia.

Una de las propuestas que fue rechazada, por ejemplo, fue la de instrumentar el pago con bonos fiscales a los productores, para disminuir la deuda forestal generada en el marco de la operatoria.

También habrían propuesto beneficiar con algún incentivo a las empresas industriales que cuenten con plantaciones certificadas bajo sellos internacionales como PEFC o FSC de Manejo Forestal Sostenible; o incorporar diferentes promociones que impulsen a las Pymes industriales del sector. En la actualidad existen otros instrumentos legales para focalizar el tratamiento de las inversiones en la industria, como las leyes 27.264 del Programa de Recuperación Productiva y la 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, sin embargo se llegó a un consenso de avanzar en el debate de nuevas herramientas  jurídicas de apoyo para el desarrollo de las industrias forestales, en forma paralela a la ley de promoción de plantaciones forestales.

De esta manera, entre las críticas, reclamos, debate y el diálogo, se acordó trabajar en forma paralela a la prórroga de la 25.080 e impulsar sectorialmente una ley específica de promoción a la industria forestal, propuesta que se elevará para su discusión en la próxima reunión con Macri en la Mesa Nacional de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial con un borrador de proyecto de ley, según adelantaron empresarios de la Federación Argentina de la Industria Maderera (FAIMA).

El debate pendiente, un Plan Forestal Nacional

Los encuentros en la Comisión Asesora y en la Mesa Nacional de Competitividad expusieron durante estos cinco meses, la necesidad de definir la política forestal de la Argentina y abrir el debate en una próxima etapa sobre cuál es el Plan Nacional para desarrollar una actividad forestal, que tiene características de negocios de largo plazo y donde sus proyectos se sostienen en la seguridad jurídica y previsibilidad económica, algo difícil de lograr, según la propia historia del país.

La Mesa de Competitividad sectorial que encabeza el propio Presidente Mauricio Macri trata en cada reunión una agenda de prioridades sectoriales o atiende temas de urgencias, y en la Mesa Forestal de la Ley 25.080 en Agricultura se buscó el consenso para la prórroga y revisión de modificaciones de la Ley, que es una herramienta jurídica.

No se tiene aún una definición de política forestal país ni cuál es el plan nacional, más allá de la adhesión de la Argentina a la Agenda 2030. En diversas entrevistas con ArgentinaForestal.com, tanto profesionales como productores, cuestionan este escenario, marcando la necesidad de que aún no se está debatiendo sobre cuál es la Política Forestal Nacional. (Ver noticias relacionadas)

A respecto, el propio director nacional de Foresto-industria, Nicolás Laharrague, admitió que “se sabe que como estrategia tenemos pendiente aún trazar un Plan Nacional Foresto-industrial en el país. Hay que armarlo. Es una deuda pendiente que tenemos todos a nivel país, y es el desafío a mediano plazo que esperamos resulte del diálogo de la Mesa de Competitividad y de la prórroga de la Ley 25.080”, señaló tras la reunión realizada en abril en Misiones.

“El gobierno nacional tiene metas asumidas a nivel internacional con la Agenda 2030, es decir que hay algo armado, ya que se estima alcanzar los 2 millones de hectáreas a nivel país. Habrá que definir qué tipo de industrias queremos, hacia donde vamos con el desarrollo forestal del país, que proyectos de industrialización generamos, desde aserraderos, plantas de MDF, bioenergía, nuevas plantas de celulosa y papel, etcétera”, explicó el funcionario.

Por otra parte, consideró necesario realizar un estudio por regiones del país, dado que son realidades y oportunidades territoriales muy diversas para una y otra región. “El NEA tiene una situación de base de bosques implantados consolidada, pero si nos vamos al NOA no tenemos mucho, todo está para desarrollarse. Otro escenario es para la producción sostenible en Bosques Nativos. Si vamos a la Patagonia el escenario cambia, por lo tanto se debe analizar las distintas cuencas forestales a desarrollar”, graficó Laharrague.

De esta forma, el director nacional expresó que “se comenzó el diálogo con la Mesa de Competitividad, la lógica ordenada (que no fue el caso) sería que empecemos por el Plan Estratégico, pero no fue lo que nos tocó como sector. Con la Mesa se nos presentó una oportunidad, la de salir a destrabar aspectos que tenían que ver con la toma de decisiones y gestión eficiente a partir de esta Mesa para recuperarnos de la crisis en la que la actividad esta inmersa, atacando temas complejos y de conyuntura. Pero en el medio, sabemos y somos conscientes que nuestro “Norte” es trabajar en un Plan Estratégico Nacional  (Provincia, Nación y Sector Privado)”, concluyó.

 

 

 

Por Patricia Escobar

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