Se señalizará el ex puerto de Santa Ana como sitio de memoria

Allí funcionó un centro clandestino de detención y exterminio al cual fueron llevados detenidos políticos para ser sometidos a torturas y a condiciones infrahumanas de vida.

El próximo jueves 17 de mayo se concretará la señalización del Destacamento de Prefectura de Santa Ana como ex centro clandestino de detención, en cumplimiento de la Ley Nacional 26.691 de preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado. De esta forma, se llevará a cabo la séptima señalización de los 36 lugares denunciados en la provincia, reconocidos en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE).

Será en el marco del convenio firmado entre el Archivo Nacional de la Memoria y el Gobierno de la Provincia de Misiones a través del Ministerio de Derechos Humanos, donde se rubricó el compromiso de oficializar las señalizaciones de la «Casita del Rowing», la «Ex Cárcel» (actual CEP 4), el Destacamento de Inteligencia 124 y el Destacamento de Prefectura de Santa Ana.

Destacamento de Prefectura de Santa Ana durante la última dictadura cívico militar:

Durante los años 1976-1977, el Destacamento de Prefectura Naval Argentina (ubicado sobre la costa del río Paraná en inmediaciones del viejo puerto de la localidad de Santa Ana) funcionó como centro clandestino de detención y exterminio (CCDyE), al cual fueron llevados detenidos políticos para ser sometidos a torturas y a condiciones infrahumanas de vida.

Según testimonios brindados ante la Justicia Federal de Posadas, en dicho lugar fue visto -junto a otras víctimas- Pedro Orestes Peczak, colono y militante político integrante del movimiento agrario de Misiones, quien fue asesinado en diciembre de 1976.

Con el propósito de implementar un plan económico neoliberal y desarticular «el fuerte tejido social y político de naturaleza popular y nacional» que se venía formando y consolidando, la última dictadura cívico militar implementó un plan de persecución y exterminio y terrorismo de Estado en contra de la población civil que dejó el saldo de 30.000 desaparecidos, miles de militantes encarcelados y torturados, cientos de ejecuciones sumarias y familias enteras exiliadas.

Desde el año 2003, con el objetivo de saber la verdad sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas, juzgar y condenar a los responsables, se viene llevando cabo políticas de memoria, verdad y justicia, con el compromiso de los tres poderes del Estado, a fin de llevar justicia a las víctimas, familiares y a la sociedad argentina toda.