Paso de los Libres: la Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento de 11 imputados en una causa por trata de personas

La Cámara Federal de Corrientes, integrada por los jueces Mirtha Sotelo de Andreau y los subrogantes José Aguilar y Ana Lía Cáceres de Mengoni, confirmó el procesamiento de 11 personas, acusadas de integrar tres bandas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, entre los que se encuentra el ex fiscal federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Benito Pont.
De acuerdo a la investigación que llevan adelante el fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, los imputados habrían explotado al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres había procesado a 18 personas en septiembre de 2017, en línea con lo solicitado por los fiscales Carlos Schaefer, Fabián Aníbal Martínez y Mirian Benítez, junto a la PROTEX. Sin embargo, la Cámara solo se expidió respecto de 14 imputados, que fueron quienes apelaron el decisorio, mientras que se tuvo por desistido el recurso de otros 2 imputados y se revocó el procesamiento de uno de ellos, al tiempo que los cuatro restantes no apelaron.
Catorce de los imputados habían sido procesados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaño; mientras que otros cuatro, entre los que se encuentra el ex fiscal federal correntino, fueron calificados como partícipes primarios. Además, quince de ellos están procesados por el delito de asociación ilícita, circunstancia que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, en relación a todos los imputados a excepción de uno de ellos.
Como parte de la organización investigada, se destaca la participación del ex representante del Ministerio Público Fiscal en Paso de los Libres, quien renunció en el año 2016 al tomar conocimiento de esta causa. Mediante su rol de fiscal, el imputado garantizaba protección a la banda. En tal sentido, se lo acusa de haber cometido “actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad, e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
De esta forma, la banda, “a modo de facilitar y garantizar la continuidad y funcionamiento del prostíbulo, utilizaron sus contactos con diferentes fuerzas de seguridad, especialmente Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de la Provincia de Corrientes, cuyos agentes no han sido identificados hasta el momento”.
Los magistrados también se manifestaron respecto al embargo que se les había decretado a los imputados y que fue cuestionado por las defensas. En ese sentido, aseguraron que el monto equivalente a 500 mil pesos “no se muestra irrazonable si se tiene presente dos cuestiones, que la medida precautoria prevista en el art. 518 del CPPN, se adopta a los fines de garantizar el pago de las costas del proceso, la posible reparación de perjuicios y los montos de dinero que constan de los documentales obrante en la presente”.