La reforma laboral

Las cuestiones del derecho de fondo en la Argentina no constituyen a mi juicio un impedimento para el progreso del trabajo y el empleo, ya que no existe una legislación tan dura como para que ello sea un óbice de crecimiento económico (sin perjuicio que en muchos casos los jueces se empeñan en desnaturalizar los criterios legales).

Sin embargo, el proyecto nos sorprende ya que ingresa en algunas cuestiones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sobre las cuales se nos hizo pensar que no se iba a operar. En éste esquema parece novedoso el criterio que se intenta imponer en relación a las dos primeras cuestiones mencionadas, íntimamente ligadas y necesarias ambas para arribar a una reforma exitosa: nadie va a pasar gente del “negro” al “blanco” si no se le ofrece un costo laboral distinto al que hoy se impone en el país.

En éste sentido, la primera parte del proyecto incentiva a los empleadores a blanquear cualquier situación laboral oscura condonando toda deuda de capital, intereses y multas.

Luego, en la segunda parte de la propuesta, establece una reducción ingeniosa de contribuciones patronales, que beneficia mucho más a las empresas con salarios bajos, dado que propone una reducción gradual de las contribuciones a partir de 2.300 pesos, hasta llegar a los 11.500 pesos en el año 2.023.

Si tenemos en cuenta el salario promedio en la Argentina, podemos afirmar que la reducción de la base de las contribuciones en su inicio (primer semestre año 2018) será casi el 15 % en promedio, siendo en los salarios más bajos incluso superior.

La pregunta es si este incentivo alcanza para que los empresarios que no tienen inscriptas correctamente a su gente la blanqueen. Y la respuesta está dada en espejo con el tema del blanqueo de capitales: los capitales se blanquearon porque hubo una ley muy beneficiosa, pero porque había una conciencia generalizada que a partir de las nuevas tecnologías y pactos internacionales, el gobierno accedería fácilmente a cuentas o propiedades en el exterior.

De igual modo, en la medida que se formalice la conciencia que el que no blanquea será perseguido judicialmente, esta propuesta parecerá mucho más interesante, y el objetivo más fácil de cumplir.

Acompañado a esto, podemos observar un capítulo dedicado a las reformas del derecho de fondo, en la cual destacamos la reducción del plazo de prescripción de los reclamos laborales, la limpieza que se realiza en relación al tema solidaridad, la instalación de los bancos de hora con intervención de los gremios (algo que los propios trabajadores vienen reclamando pero que a mi criterio ya es posible implementar con la legislación actual), la creación de un sistema de prácticas formativas junto a una serie de incentivos para formar y contratar personal, desalienta la aplicación de multas a favor del trabajador que con la nueva norma van al estado, se reformula el seguro de desempleo, y la reducción de la base imponible de la indemnización por despido (con una defectuosa redacción cuando refiere a los fuera de convenio).

En lo demás y en general, lo que hace el proyecto en relación a las reformas de la LCT es volver las cosas a su lugar, luego del dislate de las reformas “Recalde” impuestas por una ideología que cuidaba más el bolsillo de los pleiteros que de los trabajadores.

Muchas de éstas medidas, sin duda alguna, no sólo abaratan esos costos invisibles del trabajo, sino que desalientan a la industria del juicio laboral en una medida hoy difícil de proporcionar. Lo que parece ausente – y no es casual- en ésta reforma, es un cambio y una definición en las estructuras sindicales y sus facultades para ejercer esas atribuciones. Es evidente que el gobierno no quiso poner en juego la reforma y evita esta discusión.

La esperamos a futuro. Por ahora, para empezar a discutir y a cambiar, alcanza.