Los argentinos tenemos leyes severas, pero el cumplimiento por parte del ciudadano es flexible. A veces la cumple, y a veces no.
La flexibilidad es subjetiva, mientras que la severidad es normativa.
A menudo pretendemos acatar solo aquellas leyes que representan el bienestar propio, jamás el ajeno.
Ese concepto curioso de obligatoriedad legal nos lleva al más siniestro individualismo, y nos aleja de los más sanos principios republicanos.
Muchos argentinos se ven envueltos en dificultades legales. A veces esas vicisitudes son sencillas y fáciles de resolver.
Por ejemplo, cuando al ciudadano le llega la notificación de una multa por haber pasado un semáforo con luz roja. La solución es simple; pagar la multa. Salvo que se considere inocente.
Otras veces, la imputación es más grave. Como cuando se trata de una acusación en el marco de una denuncia penal por la comisión de un delito.
Lo lógico, ante esto último, sería darle al caso el escenario de seriedad que requiera. Se debería consultar y contratar a un abogado penalista para ejercer correctamente el derecho de defensa en el proceso judicial, sea el individuo culpable o inocente.
¿Qué tienen en común los dos ciudadanos argentinos, uno que recibe la multa de tránsito; y el otro que es
denunciado ante la Justicia penal?
Los dos ponen a trabajar sus capacidades chicaneras. Los dos comienzan a pensar a quién conocen para zafar del caso.
(*) Abogado Penalista
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza
Buenos Aires
Interrogantes para el proceso de juicios por jurados
